Narcolawfare: un viejo método que atenta contra la campaña presidencial en Colombia

El chivo expiatorio que puso de moda Estados Unidos para sus intervenciones militares, hace ya varias décadas, ahora retoma protagonismo en contra del presidente colombiano Gustavo Petro. El viejo método tiene raíces en la década de los 80’s donde se impuso bajo el rótulo de “narco-guerrillas” para deslegitimar
cualquier programa político de la izquierda radical, pero hace menos de una década tuvo un eficaz resultado en la desarticulación de la implementación del Acuerdo de Paz. El “narcolawfare”, más que una etiqueta peligrosa, es una estrategia que busca hacer mella en la campaña presidencial que lidera actualmente el oficialismo en Colombia, así como lo hizo en las elecciones de Ecuador de 2021, en 2024 en el marco de las elecciones en México y más recientemente contra Nicolás Maduro y el “Cártel de los Soles”, reconocido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como inexistente.

Del escrutinio público al acoso judicial y la presión geopolític

a

Como se ha documentado desde el Observatorio Lawfare, Gustavo Petro ha experimentado la actuación sistemática de un conjunto de instituciones en su contra para deslegitimar el origen de su gobierno, desacreditar su gestión y hasta tratar de llevarlo a juicio político. Los actores principales han sido el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y los principales medios de información masiva, a los que se sumaron el presidente de Estados Unidos, el Secretario del Tesoro y varios representantes del partido Republicano.

Mediante un coro de denuncias han señalado al presidente y su fuerza política de superar los topes de financiamiento

de la campaña de 2022,
con fondos ilícitos y relacionarlo con diversos actos de corrupción, varios de los cuáles han tenido como conexión el testimonio de acusados acogidos a la figura de “principio de oportunidad” que permite conmutar penas a cambio de una “colaboración eficaz” en la investigación judicial, lo que también se conoce como delación premiada”.

Lejos de un saludable ejercicio de fiscalización pública y transparencia institucional para fortalecer la democracia, se ha tratado de un acoso judicial para desgastar al oficialismo desde el inicio de su gestión, que a pesar de su persistencia, no ha logrado aún su cometido.

No obstante, la preocupación revivió en marzo de 2026 con la
reciente actuación
de dos fiscales federales de Nueva York –
uno del distrito sur ubicado en Manhattan y otro del distrito este en Brooklyn–
     
que abrieron investigaciones contra Petro por posibles vínculos con narcotraficantes. La peculiaridad de estas fiscalías es que pueden investigar y procesar conductas delictivas extraterritoriales relacionadas con terrorismo, crimen organizado y tráfico internacional de estupefacientes. Especialmente, la fiscalía del distrito sur a cargo de Jay Clayton tuvo las investigaciones del militar retirado Hugo Armando Carvajal, acusado en calidad de líder y administrador del “Cártel de los Soles, de participar de una conspiración narco-terrorista violenta y corrupta con las FARC” para traficar cocaína hacia Estados Unidos, y contra Nicolás Maduro por narco-terrorismo, juicio que enfrenta tras su secuestro el pasado 3 de enero. La fiscalía del distrito este se encuentra a cargo de Joseph Nocella y alberga investigaciones contra el Clan del Golfo, declarada un cártel de la droga colombiano y organización terrorista.

En el caso de Petro, las indagaciones están siendo apoyadas por agentes de la DEA y la oficina de Investigaciones de Seguridad Interior para establecer si Petro recibió dinero de narcotraficantes para su campaña a cambio de no aplicarles extradición, particularmente a integrantes del Clan del Golfo.

La extradición es una prerrogativa presidencial en Colombia que Petro ha ejercido en más de 800 casos vinculados al narcotráfico, lo que paradójicamente representa un récord frente a sus predecesores, así como el volumen de incautaciones de cocaína que en 2025 alcanzó las 984 toneladas. Este fue uno de los indicadores que el presidente colombiano presentó en su reunión con Donald Trump el 3 de febrero en Washington para descomprimir las tensiones que amenazaban con una intervención, luego del secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro un mes antes.
Petro llegó al encuentro luego de ser
señalado por Trump como “líder del narcotráfico” meses atrás, motivo por el cual Scott Bessent, secretario del Tesoro, lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) junto a su familia y de la que no ha sido retirado.

De este modo, al acoso judicial en Colombia se suman las presiones políticas extranjeras que han motivado al presidente a afirmar que la lista OFAC (mejor conocida en Colombia como “lista Clinton”) se ha transformado “de instrumento contra la mafia en instrumento político y electoral”.

El timing político y los desencadenantes hemisféricos

Las nuevas investigaciones aparecen en medio de una campaña presidencial donde el candidato oficialista Iván Cepeda lidera en las encuestas y tras la consolidación de su partido, Pacto Histórico, como principal fuerza política en las elecciones legislativas del 8 de marzo. En febrero, y repitiendo el guión practicado en marzo de 2025 por otros opositores, el ex-candidato Daniel Palacios viajó a Washington para presentar una denuncia formal ante el Departamento de Justicia con “pruebas” de los vínculos de Cepeda y las extintas FARC-EP, basadas en supuestas menciones en los computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes. Vale aclarar, que la Corte Suprema de Justicia concluyó en 2011 que la integridad de los archivos carece de validez como prueba judicial.

El lobby de la oposición colombiana para desacreditar a los dirigentes del partido de gobierno cuenta con aliados activos en el congreso estadounidense y con llegada al Departamento de Estado como
Mario Díaz Balart o el colombo-estadounidense Bernardo “Bernie” Moreno. Para ellos, impedir que se reelija el proyecto que en 2022 presentó una visión alternativa de la política, es un imperativo categórico que se alinea con la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense. Si se recupera el gobierno de Colombia, se restablece una pieza clave del control regional y se desarticula un vértice del hexágono
no alineado para robustecer el polígono de seguridad Asia-Pacífico, la retórica securitaria del “Escudo de las Américas” y expandir el comercio estadounidense, no tanto en el consumo masivo, sino en áreas estratégicas como hidrocarburos, minerales críticos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.

Dos antecedentes

En 1983, Lewis Tambs aterrizó en Bogotá para oficiar como embajador de Estados Unidos luego de su célebre participación en el Comité de Santa Fé que elaboró los documentos que orientaron la política de Ronald Reagan y George Bush (padre). Tambs, editor y coordinador de los Documentos de Santa Fe I elaborados en 1980, acuñó tempranamente el término “narco-guerrillas” para justificar la intervención estadounidense en políticas abiertas de contrainsurgencia en el exterior enmascaradas en la Guerra Contra las Drogas. Sus premisas condujeron a asociar a las organizaciones de izquierda radical con el narcotráfico para desprestigiarlas y paulatinamente diluir su carácter político, y así, acentuar la percepción en la sociedad de que se habían convertido en grupos criminales.

Durante la década de los 90’s los principales líderes de las guerrillas fueron acusados como “cabecillas” del narcotráfico hasta la apertura de los diálogos de paz en El Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Para aquel momento, la intervención estadounidense en la política colombiana había ascendido a un problema de seguridad nacional. Concomitantemente, se implementó el Plan Colombia bajo la ambigüedad de la GCD y el combate a las guerrillas, distorsión que se saldó con la Patriot Act promulgada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 que marcaron el inicio de la Guerra Global contra el Terrorismo, liderada por George W. Bush (hijo). De ahí en adelante, la etiqueta “narco-terrorismo” empezó a tener un uso indiscriminado hasta los diálogos de paz de La Habana (2012-2016), nuevamente con las FARC-EP en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

El 9 de abril de 2018, apenas nueve meses después de la entrega de armas de la guerrilla, tras haber creado un partido político legal y definido los representantes que tendría en el Congreso, uno de sus líderes conocido como Jesús Santrich fue detenido por la Fiscalía General ejecutando un pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Santrich había sido un hombre clave en la redacción del acuerdo de paz y sostenía un tono crítico a la implementación de lo acordado ante los incumplimientos del gobierno. Las pruebas que respaldaban la acusación consistían en un video que, según concluyeron los peritajes, fue manipulado.

La resonancia del caso llevó a que en 2020 el entonces senador Gustavo Petro, liderara un debate ante el Congreso por “el entrampamiento a la paz”, donde documentó cómo la DEA, en colaboración con el Fiscal General Néstor Humberto Martínez - un acérrimo detractor de los acuerdos de paz - habían fabricado las pruebas y empleado personas para incriminar a Santrich y al jefe del equipo negociador del Acuerdo de Paz y líder de la bancada del partido FARC, Iván
Márquez. El “entrampamiento” tuvo consecuencias políticas que lesionaron gravemente la implementación del acuerdo de paz: impidió a Jesús Santrich posesionarse como Representante a la Cámara, sembró la desconfianza entre ex-guerrilleros firmantes y el gobierno colombiano, condujo a que el propio Iván Márquez se abstuviera de asumir su escaño en el Senado por temor a ser apresado, optando en 2019 por conformar un reagrupamiento de la guerrilla conocido como Segunda Marquetalia. Hechos que impactaron drásticamente en la implementación de los Acuerdos de Paz. Además, los alcances del caso se articulan con las acusaciones que reposan en el distrito sur de Nueva York contra Nicolás Maduro donde Santrich y Márquez aparecen vinculados.

Construcción de consenso contra Petro

Como en el caso de Nicolás Maduro y el ahora inexistente Cártel de los Soles, los medios de comunicación hegemónicos intentan establecer desde hace tiempo la narrativa del vínculo con el narcotráfico. Lo intentaron en las elecciones de Ecuador de 2021, también en 2024 en el marco de las elecciones en México y lo hacen ahora en Colombia.

El New York Times destacó desde el 20 de marzo la supuesta investigación que tendría el Departamento de Justicia contra Petro y recupera información de medios de comunicación colombianos que vinculan al hijo de Petro con el financiamiento ilícito de la campaña elecotral. Algo que incluso se investigó y no se corroboró.

A raíz del nombramiento de la DEA contra Petro como objetivo prioritario, The Washington Post recuperó el supuesto vínculo con el cártel de Sinaloa, uno de los grupos del narcotráfico tipificados por la administración Trump como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

En definitiva, el “narcolawfare” no solo destruye judicial, mediática y políticamente a los proyectos que impulsan políticas de redistribución, reconocimiento y justicia social, sino, que instituye un régimen securitario que custodia los procesos de despojo en la periferia latinoamericana. Para ello, el relato del vínculo con el narcotráfico tras la designación de los cárteles como organizaciones terroristas en el extranjero, habilita, como en el caso de Venezuela, el probable escenario de incursión militar bajo cobertura de supuesta operación de “aplicación de la ley” en el marco de elecciones en donde América Latina parece retornar a gobiernos de derecha, cercanos a EE.UU.