Artículos académicos

El momento más álgido del imperialismo estadounidense se registra al inicio de la Guerra Fría. Entendemos el “imperialismo soft” como una continuidad de esas estrategias que se materializan
en procesos de desestabilización, como el lawfare. Esta guerra por la vía judicial contra gobiernos y sectores que cuestionan el orden neoliberal, se concreta especialmente en la asistencia destinada para aparatos judiciales, proyectándose también en sectores estratégicos a través de sanciones, o incluyendo operativos encubiertos en embajadas, en continuidad con la guerra psicológica. El artículo propone identificar las instituciones, dinámicas y procesos que dan cuenta de la presencia de agencias del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) y su sector privado en casos concretos de lawfare, focalizando en la asistencia para la reforma judicial iniciada en la década de los 1980. Este proceso apunta también a una estandarización de los aparatos judiciales complementaria con la estandarización de las Fuerzas Armadas, según los intereses y necesidades de la seguridad nacional de EE.UU..

Los planes antinarcóticos, la redefinición de las amenazas a EE. UU. y la presencia de China y Rusia en América Latina y el Caribe, han reanimado el debate sobre la asistencia en seguridad, que implica componentes tanto económicos como militares. Diversos actores y el Gobierno estadounidense alegan resultados “fallidos” de la guerra contra el narcotráfico y sugieren aumentar el rubro de dicha asistencia. Este artículo revisa la definición y el modo en que el Gobierno, la academia y laboratorios de pensamiento distinguen el apoyo militar del económico. Los datos oficiales de 2010-2022 arrojan que un 90 % de la asistencia exterior correspondería a la asistencia económica y solo un 10 % a la militar. Para contrastar esta información, se propone la reclasificación de los rubros de la asistencia mediante un análisis crítico que arroja resultados diferentes en el que en el mismo período la asistencia en seguridad asciende al 35 % del total. Esto es un indicio del modo sistemático, a lo largo de diferentes administraciones es-tadounidenses, en que los bienes y servicios de seguridad tienden a ser ubicados en programas de seguridad no militares, como parte de la asistencia económica, cuando por origen y objetivos, se corresponden con el ámbito militar.

Los planes antinarcóticos, la redefinición de las amenazas a EE. UU. y la presencia de China y Rusia en América Latina y el Caribe, han reanimado el debate sobre la asistencia en seguridad, que implica componentes tanto económicos como militares. Diversos actores y el Gobierno estadounidense alegan resultados “fallidos” de la guerra contra el narcotráfico y sugieren aumentar el rubro de dicha asistencia. Este artículo revisa la definición y el modo en que el Gobierno, la academia y laboratorios de pensamiento distinguen el apoyo militar del económico. Los datos oficiales de 2010-2022 arrojan que un 90 % de la asistencia exterior correspondería a la asistencia económica y solo un 10 % a la militar. Para contrastar esta información, se propone la reclasificación de los rubros de la asistencia mediante un análisis crítico que arroja resultados diferentes en el que en el mismo período la asistencia en seguridad asciende al 35 % del total. Esto es un indicio del modo sistemático, a lo largo de diferentes administraciones es-tadounidenses, en que los bienes y servicios de seguridad tienden a ser ubicados en programas de seguridad no militares, como parte de la asistencia económica, cuando por origen y objetivos, se corresponden con el ámbito militar.

​El artículo presenta una radiografía de la “asistencia para el desarrollo” de EE.UU. a los países del ALBA-TCP en período 2017-2021, brindando una descripción detallada de las agencias y subagencias estadounidenses que financian e implementan la asistencia, las instituciones locales que canalizan la asistencia en los países de la Alianza y los sectores a los que es destinada. El análisis empírico se realiza a partir de las bases de datos oficiales del gobierno estadounidense, USAID Explorer y ForeingAssistance.gov, pero desde una perspectiva que critica la clasificación oficial de la asistencia. Los hallazgos ponen en evidencia que el modus operandi de la “asistencia” económica y para la seguridad está intrínsecamente articulado a una red institucional, extendida en el tiempo y en el territorio, que garantiza la reproducción de determinadas concepciones de desarrollo, democracia y seguridad, que trasciende a gobiernos demócratas y republicanos

El objetivo del artículo es, desde el concepto de lawfare, analizar la relación centro-periferia, especialmente en relación a la batalla anticorrupción que llevan a cabo los Estados centrales que asesoran y determinan parámetros de conducta para los Estados periféricos. También busca verificar el rol de extraterritorialidad que desempeña Estados Unidos, que considera la corrupción en otros países como una cuestión de seguridad nacional, así como el rol antipolítico del lawfare.

Este artículo aborda la incidencia de Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y la defensa en Bolivia, entre 2000 y 2019, poniendo el foco en la asistencia militar y en seguridad durante los años en que gobernó el Movimiento al Socialismo (MAS): 2006-2019. Se realiza un análisis empírico a partir de metodología propia basada en la resistematización de la base de datos oficial de Estados Unidos sobre asistencia extranjera y su triangulación con otras fuentes primarias oficiales. Se concluye que, pese a los esfuerzos de Bolivia por postular una política más autónoma en el ámbito de la seguridad y la defensa, Estados Unidos logró adaptar sus políticas, por lo que se perciben importantes continuidades en la asistencia. El principal aporte de la investigación al campo del conocimiento abordado es que sienta un precedente sobre la necesidad de aplicar la triangulación de fuentes y discutir la construcción de indicadores.

​Beyond straightforward funding flows or direct intervention, networks of U.S. political and media power contribute to shaping consensus narratives that reinforce the status quo.

El objetivo del presente artículo es sintetizar los principales abordajes sobre lawfareen la academia internacional  y,  específicamente,  analizar  el  modo  en  que  se  ha  retomado  y  resignificado  esa trayectoria en América Latina. En primer lugar, esto supone asumir que el lawfare tiene una agenda en   construcción,   identificando   las   diferentes   perspectivas   sobre   la   cuestión   y   abriendo interrogantes  para  cada  línea  de  abordaje.  En  segundo  lugar,  hacemos  una  propuesta  de  posible definición  operativa  de  lawfare,  atendiendo  a  la  casuística  concreta  en  que  se  ha  utilizado  en  el último tiempo, y apuntando condiciones necesarias y suficientes para identificar procesos de este tipo a partir de la experiencia Latinoamericana. El texto se cierra retomando algunos interrogantes planteados en el primer apartado y adelantando algunas futuras líneas de análisis,necesarias para profundizar en el lawfare como campo en construcción.

En las transiciones a la democracia viable en América Latina (Marini, 1976), México formó parte de las olas regionales de reformas judiciales implementadas desde la década de 1980 que modernizarían el sistema político adaptando sus marcos regulatorios al neoliberalismo y el comercio internacional de fines del siglo XX. Estas reformas han incrementado el peso del poder judicial en la estructura estatal, habilitándolo como autoridad para dirimir conflictos del terreno de la política. Así, el poder judicial inició un proceso de politización mientras que la política se fue tornando objeto de judicialización, donde el derecho es usado como herramienta estratégica para alcanzar intereses particulares descuidando el bienestar social. De esta manera, se institucionalizó la vía judicial para continuar la guerra política en contextos democráticos, dando origen al lawfare como recurso en contra de los gobiernos no neoliberales que las mayorías latinoamericanas han elegido en el siglo XXI. Este artículo busca visibilizar los elementos que estarían perfilando procesos de lawfare contra el proyecto político presidido por Andrés Manuel López Obrador: en los sectores estratégicos de la energía eléctrica, los hidrocarburos, la infraestructura y las telecomunicaciones; en las demandas judiciales contra liderazgos políticos potenciales; y en la judicialización de las elecciones de 2021. 

O Lawfare é um dos temas mais polêmicos da agenda política e midiática na América Latina nos últimos cinco anos. É definido como guerra por meios judiciais. Embora possa estar associado a processos de desestabilização e golpes suaves, existem várias abordagens e alcances de seu significado. Propõe-se recorrer à perspectiva histórica, para distinguir continuidades e rupturas do lawfare com processos de desestabilização e derrubada de governos durante a Guerra Fria, em particular com operações de desestabilização centradas na guerra psicológica e política, como a Operação PBSUCCESS implementada pelos Estados Unidos contra o governo de Jacobo Arbenz (1951-1954) na Guatemala. A partir desse caso, serão apresentados exemplos da presença norte-americana na Lava Jato, como um caso paradigmático de lawfare na região. A análise será realizada a partir de fontes primárias com conteúdo substantivo sobre a interferência dos EUA (documentos desclassificados do Departamento de Estado dos EUA e documentos vazados por Wikileaks e The Intercept). Conclui apontando as principais diferenças e alguns aspectos que podem traçar uma continuidade entre os golpes durante a Guerra Fria e o papel da justiça como ferramenta desestabilizadora na conjuntura atual.

En el artículo se evidencia cómo la hegemonía de los Estados Unidosen América Latina y el  Caribe  es  disputada  por  Rusia  y  China  como  potencias  en  ascenso, lo  que  obliga  la redefinición  de  la  política  exterior  estadounidense,incluyendoel  retorno  a  laguerra política. Se trata de demostrar por qué el gobierno del Movimiento al Socialismo(MAS)en Bolivia  fue  definido,sistemáticamente,en términos negativos, descalificaciónconcebidapor parte de la comunidad internacional y la desestabilización interna. Esto  surge  como resultado  de la articulación entre la geopolítica blanda y la geopolítica dura. La  primera incluye los relatos y la construcción de sentidos opuestos al gobierno del MAS centrados en valores  liberales y difundidos  por thinktanksylaprensa  hegemónica,  que  operaron constantementepara  ocultar  o  dejar  al  margen la «geopolítica dura»implicada  en  la  toma de decisión. Además, se demuestra que  fueestaarticulación la que permitióno  solo  la desestabilización,  sino  el  posterior Golpe   de   Estado aceptado   porla   comunidad internacional.