Sobre el Observatorio Lawfare

América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El lawfare, inicialmente asociado a una “guerra contra la corrupción”, se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que supera la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos.

 

El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (locales y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear). En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú y El Salvador, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal. 

 

Esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, contribuyendo a una pérdida de equilibrio entre poderes, permitiendo una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley.

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El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos judiciales, se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de centros de pensamiento de expertos de EE.UU.) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales de medios y redes sociales. Es llamativo el rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales.

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El proceso de lawfare no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo o a proyectos populares y nacionales, sino que avanza también contra la protesta social, exacerbando la criminalización de la militancia y la política, en una apuesta por salvar o fortalecer al neoliberalismo, la tecnificación de la política, la despolitización del Estado y el reforzamiento de sus aparatos represivos.

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Este escenario, viene siendo denunciado, analizado y combatido por diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil como la Asociación Americana de Juristas; la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia; el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla; el Movimiento Unificado contra el Lawfare; la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad; la Internacional Progresista,, con diversos comunicados, publicaciones, eventos y manifiestos sobre los múltiples procesos judiciales que se vienen desarrollando en los últimos años. Incluyen a juristas, abogados, cientistas sociales y militantes de América Latina y otros espacios, tendiendo redes a nivel internacional para darle proyección a esta problemática que afecta también a otras regiones.​

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