Trump contra la amenaza “narco-migrante-terrorista”

La segunda administración de Donald Trump ha intensificado una narrativa de securitización que amalgama migración, narcotráfico y terrorismo bajo un mismo espectro de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. La militarización de fronteras, la expansión de centros de detención o la designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, imprimen mayor agresividad a estrategias anteriores de guerra contra el terrorismo y las drogas, generando polémica y profundizando las tensiones con países de América Latina.

Algunas de las medidas y acciones legislativas de endurecimiento de la política migratoria son: la declaración de emergencia del 20 de enero de 2025, que equipara la migración con una "invasión", autorizando el despliegue militar en fronteras y expulsiones aceleradas; la Ley Laken Riley (29 de enero) criminaliza a migrantes al permitir su detención federal por meras acusaciones (no condenas) de delitos menores; se reactivaron los Protocolos "Permanecer en México" mientras se cerraba la aplicación CBP One. Se suspendieron programas de asilo y parole humanitario, condenando a medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a deportación; se transformó Guantánamo en centro de detención migratorio con capacidad para 30,000 personas usando aviones militares para traslados; y se revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) para 350,000 venezolanos. 

Las deportaciones desde Estados Unidos en vuelos militares con los migrantes encadenados y esposados generó tensiones diplomáticas con algunos países receptores, como Colombia, generándose una disputa pública entre Gustavo Petro y Donald Trump, que amenazó con una crisis comercial. Las tensiones con México, a partir de la imposición de aranceles, fueron orientándose a la negociación con la presidenta Claudia Sheneibaum, con repatriaciones de mexicanos en condiciones de seguridad humanitaria y exceptuando la política de tercer país seguro establecida desde la anterior administración de Trump.

El 17 de febrero de 2025 el secretario de Estado Marco Rubio cerró acuerdos en Centroamérica para facilitar deportaciones: Panamá cedió la base Nicanor como punto de partida para vuelos financiados por EE.UU. (119 migrantes de Asia fueron enviados el 13 de febrero). El Salvador aceptó recibir, a cambio de una tarifa, solo “convictos” de cualquier nacionalidad, incluyendo estadounidenses. Guatemala se comprometió a aumentar en 40 % los vuelos de retorno y aceptar ciudadanos no guatemaltecos.

Migración y economía EE.UU.

La migración, sobre todo la ilegal, está relacionada con el ciclo de producción estadounidense. Así, a cada crisis, sobreviene una expulsión de migrantes. Sin embargo, los cambios demográficos en EE.UU. han llevado a una mayor demanda de fuerza de trabajo ilegal, que se paga por debajo de su valor y con ello, las empresas en EE.UU. pueden ser más competitivas a nivel internacional.

El endurecimiento de la política migratoria a inicios de la nueva administración Trump y su uso como propaganda a modo de “cumplimiento” de promesa electoral es un hecho. No obstante, el número y el ritmo de las deportaciones son similares a los que prevalecían antes de su regreso a la Casa Blanca. Durante su primer periodo presidencial deportó a menos personas que sus homólogos demócratas Joe Biden y Barack Obama. El número de deportaciones durante el gobierno demócrata Barack Obama ascendió a 3.1 millones, de las cuales 2.2 millones fueron de mexicanos y 686 mil136 fueron del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador). En la primera administración Trump las expulsiones de migrantes totalizaron 1.2 millones. Tan sólo de México fueron 776,976 entre enero de 2017 y enero de 2021.

El ritmo de deportaciones bajo la nueva administración no difiere significativamente del observado durante el período de Joe Biden en 2024. Con los datos disponibles de las primeras semanas de la administración actual de Trump podemos determinar que entre el 26 de enero y el 8 de marzo de 2025 el promedio de deportaciones diarias fue de 661. En el mismo lapso de tiempo, al inicio de su mandato en 2021, Joe Biden deportó 742 migrantes diarios. Es importante aclarar que en 2021 aún se mantuvieron varias disposiciones de salud para prohibir la migración, como el Titulo 42, mantenido hasta 2023.

Por ejemplo, el número de vuelos y sus destinos se parecen en gran medida a los de los últimos meses de Joe Biden. Según NYT desde que Trump asumió el cargo hasta el 19 de marzo se han realizado 258 vuelos de deportación, similar al nivel alcanzado en los últimos meses del gobierno de Biden, así como la cantidad y destino de los vuelos:

• Trump (20/01/25-19/03/25): Guatemala (60 vuelos), Honduras (55 vuelos), México (31 vuelos)

• Biden (18/11/24-19/01/25): Guatemala (65 vuelos), Honduras (47 vuelos), México (42 vuelos)

Guerra contra las drogas y el terrorismo: continuidades

A inicios de febrero Trump firmó un memorando para ampliar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar a más de 30.000 personas y el Pentágono desplegó ya más de 150 militares para dicha tarea. Entre los militares desplegados se encuentran Infantes de Marina y otros militares del Comando Sur.

La continuidad en el uso de herramientas propias de la lucha antiterrorista se refleja también en la movilización de aeronaves y fuerzas militares para operaciones migratorias con al menos 31 vuelos realizados en aviones militares, mucho más caros de operar que los vuelos fletados que utiliza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Trump logró materializar una de las amenazas más severas de su campaña, formalizando el 20 de febrero la designación de carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), alegando afectaciones del tráfico de drogas en la seguridad nacional estadounidense. La normativa contempla a: Tren de Aragua, Mara Salvatrucha y seis carteles mexicanos (Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, Cartel del Noroeste, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana).

La decisión, además de las restricciones legales y económicas, se enmarca en una narrativa que recuerda a los tiempos de la guerra contra el terror. La inclusión en la lista de FTO podría direccionar recursos de defensa e inteligencia para perseguir a estos grupos. Sin embargo, no permite llevar a cabo ataques militares dentro del territorio de otro Estado como México sin el consentimiento de ese gobierno. 

Es clave subrayar la posibilidad de activar disposiciones sobre “apoyo material” de la Ley Patriota y otros estatutos contra personas que hayan tenido relaciones financieras con organizaciones clasificadas como FTO o les hayan proporcionado otro tipo de apoyo, que se clasifica como “apoyo material al terrorismo”.

El 15 de marzo, Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a 261 detenidos sin audiencia migratoria, basándose en presuntos vínculos terroristas. Se amparó en la designación de Tren de Aragua (TdA) como FTO “con miles de miembros, muchos de los cuales se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo guerra irregular y acciones hostiles contra el país”. Infiere que TdA opera en conjunto con el Cártel de los Soles, “la organización narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro” y que “continúa participando en la migración ilegal masiva a Estados Unidos para promover sus objetivos de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de América, incluido Estados Unidos”.

Invocando esta legislación de manera selectiva contra ciudadanos venezolanos mayores de 14 años, indocumentados y, presuntamente, miembros del Tren de Aragua, estos resultan “susceptibles de ser aprehendidos, retenidos, sujetos y expulsados”.

Según la secretaría de prensa de la Casa Blanca, de los 238 venezolanos enviados a El Salvador el 15 de marzo, y transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), 137 personas habían sido deportadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, mientras que otros 101 habían sido expulsados en virtud del Título 8, de acuerdo con los procedimientos regulares de migración. Human Rights Wacth, denuncia desaparición forzada y detención arbitraria y que siguen incomunicados hasta la fecha.

Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) reconoció que muchos de los hombres deportados el 15 de marzo carecen de antecedentes penales. Las autoridades también afirmaron utilizar los tatuajes de los migrantes como uno de los factores que los identifican como pandilleros.

La Ley de Enemigos Extranjeros solo se había invocado anteriormente en tres ocasiones, cada una durante una guerra activa. Su última aplicación fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener a inmigrantes japoneses y alemanes en Estados Unidos.

No hay que obviar, sin embargo, que esta situación profundiza la estigmatización del flujo migratorio venezolano, que no es un proceso novedoso, sino que se enmarca en una escalada que se intensificó institucionalmente, con la declaración de Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos” el 9 de marzo de 2015, mediante la Orden Ejecutiva 13692 de Obama.

Otro ámbito clave de este proceso es la invocación de una “emergencia nacional” el 1 de febrero de 2025 para imponer aranceles a Canadá, México y China, señalando el flujo persistente de fentanilo —y la supuesta inacción de Pekín ante precursores químicos— y un intento de ingreso de 10 millones de extranjeros durante la era Biden, incluidos ciudadanos chinos y personas bajo vigilancia antiterrorista. No obstante, datos de la DEA y los CDC indican que, desde 2021, la potencia de las dosis de fentanilo ha disminuido y las muertes por sobredosis cayeron un 14,5 % entre 2023 y 2024. En materia migratoria, entre 2019 y 2024 se arrestaron 2,7 millones de personas, se deportó a más de medio millón y 6,3 millones permanecen en México. Estos contrastes sugieren que el recurso a la emergencia nacional responde más a una estrategia ideológica y de presión geopolítica —en un contexto de rivalidad con China— que a una crisis objetiva de salud pública o seguridad fronteriza.

El vínculo de las medidas actuales con la Guerra contra el Terror y la Ley Patriota de 2002 es evidente en el continuo secuestro de estudiantes extranjeros con visas o tarjetas de residencia permanente que han expresado su solidaridad con el pueblo palestino. Marco Rubio alardeó de haber revocado las visas de más de 300 estudiantes y afirmando que el gobierno "busca a diario a estos lunáticos".  

Cabe añadir que el primer punto abordado en el informe anual sobre las amenazas mundiales a la seguridad nacional de Estados Unidos, elaborado por Oficina del Director de Inteligencia Nacional, aborda los Foreign Illicit Drug Actors: “Las Organizaciones Criminales Trasnacionales (OTC) y los terroristas del hemisferio occidental implicados en la producción y el tráfico de drogas ilícitas con destino a Estados Unidos ponen en peligro la salud y la seguridad de millones de estadounidenses y contribuyen a la inestabilidad regional”.

Poder judicial

Ante este escenario es clave observar rol tiene el poder judicial estadounidense. La “violación del debido proceso” es uno de los pilares del lawfare y hay ejemplos concretos de tensiones con respecto a la aplicación de la ley en las deportaciones.

• En una audiencia en Manhattan el 22 de abril, el juez federal extendió temporalmente su orden del 9 de abril en la que bloqueó temporalmente que los inmigrantes detenidos en el Distrito Sur de Nueva York fueran deportados sin el debido proceso. El Juez Hellerstein afirmó que, si bien Trump desea acelerar las deportaciones, hay que garantizar el debido proceso. Apunto además que la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros puede entrar en conflicto con las protecciones de la Octava Enmienda de la Constitución contra castigos crueles e inusuales.

• El 21 de abril el juzgado federal de Denver, Colorado, concedió una orden de restricción temporal relativa a la expulsión de inmigrantes del distrito en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. El fallo indica que la administración de Trump debe notificar a los inmigrantes venezolanos con 21 días de anticipación antes de cualquier deportación las personas sujetas a deportación y debe informarles de su derecho a impugnar su expulsión.

• El 19 de abril, en una sentencia de emergencia la Corte Suprema suspendió la deportación de un grupo de inmigrantes venezolanos hasta que un tribunal inferior tuviera tiempo de decidir sobre el asunto.

• El 9 abril, en Texas, el juez federal de distrito Fernando Rodríguez bloqueó cualquier deportación de migrantes detenidos en el Centro de Detención El Valle en Raymondville, Texas, hasta el 23 de abril.

• El 7 de abril la Corte Suprema emitió dos fallos que, aunque brindan orientaciones para la garantía del debido proceso, confirman las acciones de deportación.

i.     El primero, relativo al caso de Kilmar Armando Ábrego García un migrante salvadoreño que vivía con estatus legal protegido en Maryland y fue deportado el 15 de marzo. La administración ha reconocido que Ábrego García fue deportado por error. El 4 de abril, la jueza federal de distrito Paula Xinis, de Maryland, ordenó que Ábrego García regresara a EE.UU. antes de la medianoche del 5 de abril, alegando que una orden judicial de 2019 lo protegía de la deportación. La administración Trump solicitó una suspensión de la orden de Xinis. El 7 de abril, el Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito de EE.UU. denegó la solicitud de suspensión. Horas después, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en representación de todo el tribunal, emitió una orden administrativa que suspendió indefinidamente el plazo establecido por la jueza Xinis, lo que le dio al gobierno de Trump más tiempo para cumplirla. El Departamento de Estado informó a un juez federal el 20 de abril que Ábrego García fue sacado de la CECOT y trasferido a una habitación privada con cama y muebles en el edificio administrativo de otro centro de detención en El Salvador. 

ii.      En un fallo separado, el mismo 7 de abril, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno podía continuar deportando a migrantes venezolanos al amparo de la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque añadió que los inmigrantes detenidos deben recibir notificación previa y tener la oportunidad de apelar la deportación.

El legado de Gobiernos anteriores

Las políticas migratorias de Trump 2.0 exacerban la violencia y criminalización de una política diseñada hace décadas para controlar el flujo de mano de obra ilegal y el incremento de esta población, que en algunos estados pronto se convertirá en mayoritaria.