Lawfare en Perú y violencia política de género: el caso de Betssy Chávez

La violencia contra las mujeres y la violencia política de género contra Betssy Chávez

• Betssy Chávez, quien obtuvo la libertad el día 4 de septiembre de 2025, estuvo en prisión preventiva desde el 20 de junio de 2023, 2 años y 2 meses y medio detenida arbitrariamente (acusada de rebelión y conspiración, al igual que el presidente Pedro Castillo, que sigue preso). Actualmente, sigue adelante el juicio en su contra.

• Vale destacar que existen numerosos casos de lawfare y violencia de género contra mujeres en política. Sin dudas, el caso más cercano al de Betssy es el la Prefecta de Pichincha (Ecuador) Paola Pabón, que fue acusada de Rebelión en 2019 y enviada a cárcel común.

• Betssy, la premier más joven de la historia peruana, y además mujer, fue blanco de agresiones y estigmatización en la prensa y en redes sociales.

• Entre otros ejemplos: en su censura de la cartera de Trabajo la insultaron en el pleno del Congreso, por ser “gorda, robusta”.

• Durante su gestión se cuestionaron sus vínculos sentimentales y estando presa se publicaron noticias sobre su sexualidad con intenciones difamatorias.

• Estando presa confirmó que existe un machismo judicial. Lo comprobó al revisar las prisiones preventivas de cada una de sus compañeras, corroborando que la dureza contra las mujeres es penosa, a pesar de ser víctimas, el sistema las pone como victimarias, como coautoras y las penas son más duras que la de los varones.

• “Padecí el acoso a nivel político, muy agotador. Es parte de mi historia de vida, me queda decirles a todas, que vean al cielo, porque solo ese es el límite”.

Breve biografía Betssy Chávez

• Abogada y política peruana.

• Integrante de la iglesia evangélica.

• Siempre estuvo involucrada en el activismo político y llegó al gobierno integrando el Partido Perú Libre (PPL). Entró con un escaño en el Congreso de la República, luego fue ministra de Trabajo y presidenta del Consejo de Ministros: la Primer Ministra más joven de la historia.

Es abogada por la Universidad Nacional Jorge Basadre y tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad José Carlos Mariátegui.

• La tesis para recibirse como abogada fue sobre la cuestión penitenciaria. Estando presa, corroboró la inutilidad del punitivismo penal. Advierte sobre la necesidad urgente de disminuir el hacinamiento en cárceles, considerando que son más del 40% los procesados en el Perú, las prisiones preventivas son una sinrazón, una regla excepcional que se han convertido en una generalidad de manera totalmente inconstitucional.

Cronología del lawfare contra Betssy Chávez

• Caso evidente de la utilización del Poder Judicial con fines políticos.

• Betssy Chávez fue Ministra de trabajo y cultura; luego Primera Ministra del gobierno de Pedro Castillo.

• El 20 de junio de 2023 fue sometida a prisión preventiva arbitraria, fijada inicialmente para 18 meses, acusada de rebelión y conspiración, en el marco de los eventos acontecidos el 7 de diciembre de 2022, que concluyeron en un golpe de Estado contra Pedro Castillo (aunque ante la opinión pública local e internacional se impuso el relato de un “autogolpe”).

• Fue encerrada arbitrariamente en prisión de máxima seguridad. Por largos períodos durmió en el suelo, en una celda de 2m x 2.5 metros, junto a dos internas.

• No existe evidencia que acredite su supuesta participación en los hechos imputados, los cuales han sido construidos sobre una narrativa distorsionada para justificar el mantenimiento de un régimen de persecución.

• En diciembre de 2024, la prisión preventiva fue ampliada, nuevamente, sin fundamento.

• El equipo legal de Betssy Chávez presentó denuncias penales contra varias autoridades fiscales por prevaricato y abuso de autoridad. Denuncian detención arbitraria y secuestro de la ex funcionaria.

• En marzo de 2025, familiares y el equipo legal denunciaron malos tratos y tortura sufridos en la cárcel y emitieron un comunicado solicitando a organismos de derechos humanos regionales, como la CIDH e internacionales, la ONU para que atendieran el caso.

• Betssy Chávez realizó varios períodos de huelga de hambre, por los malos tratos recibidos en la prisión y por la falta de aplicación del debido proceso judicial. A finales de agosto de 2025 inició huelga de hambre seca. Luego de varios días fue trasladada al hospital porque su vida estaba en peligro.

• A inicios de septiembre de 2025 el Tribunal Constitucional aprobó el Habeas Corpus para la inmediata excarcelación de Betssy Chávez. Por la frágil situación de salud, designaron 24 horas hasta que saliera del hospital. Sin embargo, el Ministerio Público pidió extender el pedido de prisión preventiva (nuevamente).

• Al día siguiente, el 6 de septiembre, finalmente, el Ministerio Público desistió de su solicitud y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema, confirmó que Betssy continuará afrontando en libertad el proceso que se le sigue por el delito de “rebelión”.

• Tras la decisión de la Segunda Sala, los principales periódicos nacionales continuaron la estrategia de desmoralización en su contra posicionándola como “golpista” y al Tribunal Constitucional como “traidores a la democracia”.

Violencia y represión del gobierno de facto de Dina Boluarte

• El 7 de diciembre de 2022, el Congreso tenía previsto debatir, por tercera vez, la posibilidad de destituir al presidente Castillo. El presidente fue detenido de forma arbitraria y preso, acusado del delito de rebelión. Dina Boluarte asumió el gobierno y a los pocos días declaró estado de excepción a nivel nacional por 30 días, imponiendo un férreo régimen policial para reprimir las protestas que tenían lugar en todo el país contra la destitución de Castillo.

• En enero de 2023 reanudaron las protestas, principalmente en el sur (Puno, Ayacucho, Apurímac y otras), en reclamo por la reincorporación de Castillo. En la ciudad capital, desde el 19 de enero por tres días se organizó la “TOMA DE LIMA”, hasta que las fuerzas militares irrumpieron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y detuvieron de manera ilegal a decenas de estudiantes, docentes y manifestantes, meses después se realizó la segunda “Toma de Lima”, con movilizaciones que se extendieron hasta el mes de julio. El resultado de la represión fue brutal: 49 personas murieron por armas de fuego, hubo más de mil heridos, detenidos sin proceso judicial y se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos.

• En la misma sintonía represora, en diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional del Perú, mediante resolución, ordenó la inmediata libertad del expresidente Alberto Fujimori, quién había sido condenado por decenas de delitos de corrupción, así como delitos calificados de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en sentencia que condenó al Estado Peruano por matanzas y desapariciones de peruanos y peruanas en el caso Barrios Altos y La Cantuta en el periodo de Conflicto Armado Interno en el Perú, acciones cometidas por orden de Gobierno de Fujimori según sentencia.

• En agosto de 2025, el gobierno de Boluarte promulgó una Ley de Amnistía a policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos, que fue cuestionada por la Corte IDH, advirtiendo que dicha norma es inaplicable por contravenir la Convención Americana de Derechos Humanos. El organismo subrayó que desde las sentencias en los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), emblemáticos en la historia del país por las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, quedó establecido que las leyes de amnistía y prescripción son incompatibles con el derecho internacional en situaciones de crímenes de lesa humanidad.

• El gobierno de Boluarte rechazó tajantemente y de inmediato la decisión de la Corte, subrayando la autonomía del Estado y planteando que revisarán la permanencia del país dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Subraya el “terrible embate del terrorismo” que vivió Perú durante las décadas de 1980 y 1990, cuando los derechos fundamentales de la población fueron vulnerados por los grupos subversivos. Bajo ese marco, la Presidencia sostiene que las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa (paramilitares) actuaron para “salvar la democracia y la sociedad peruana”.

• La ley de Amnistía fue duramente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes advierten que podría generar impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.