El 8 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, con 7 votos a favor y 2 en contra, decidió dar curso a la investigación y presentar cargos contra el Presidente de la República por el financiamiento de la campaña de 2022, “Petro Presidente”. La polémica que inició a fines de abril del presente año con la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortíz (Partido Liberal), fue tratada por la plenaria y ahora pasa a una investigación formal que derivaría en una sanción contra Gustavo Petro y su gerente de campaña Ricardo Roa, pasando por alto los fueros competentes al cargo que ostenta actualmente el Presidente. Se observan dos estrategias en curso, una directamente destituyente a través de un golpe blando, y otra, de desgaste consistente en evitar la continuidad de su proyecto.
Instrumentalización institucional de la oposición
El CNE es un ente administrativo compuesto por nueve magistrados postulados por los partidos o coaliciones con personería jurídica y elegidos a través del Congreso para un período de cuatro años (artículo 264 de la Constitución). Actuando en este caso como organismo político, un segmento de magistrados de partidos de oposición impulsó la decisión de investigar al Presidente de la República, acción que no le faculta la Constitución, intentando influenciar en la sociedad sobre la legitimidad de origen del gobierno, poniendo en duda la validez de la elección y revertir en una maniobra política la voluntad popular.
Las competencias del CNE le facultan para investigar las campañas y presentar acusaciones o aplicar sanciones hasta tres años después de celebrada la elección, sin embargo, no le permiten investigar ni acusar directamente al presidente. A pesar de las restricciones legales, el organismo señala en su comunicado del 8 de octubre la decisión de “abrir investigación y formular cargos” por “presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales” incluyendo a Gustavo Petro, así como a Ricardo Roa, la tesorera, los auditores, al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica.
Entre los detalles de la acusación se resalta que la campaña “Petro Presidente” no reportó algunos aportes y gastos, entre los cuales estarían contribuciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y de la Unión Sindical Obrera (USO), el pago de testigos electorales, los traslados aéreos y el evento de celebración del 19 de junio de 2022. El presidente en una alocución oficial presentó los principales argumentos para controvertir las acusaciones, indicando:
Que los sindicatos hicieron aportes a Colombia Humana y no a la campaña;
Los gastos por testigos electorales no entran en la campaña, dado que ésta culmina antes del inicio de la elección donde actúan los testigos;
Los gastos de propaganda fueron presentados y oportunamente auditados por el mismo CNE;
Los magistrados confunden permisos de vuelo con vuelos efectuados, los cuales están debidamente facturados por la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI); y
El evento posterior al triunfo electoral tampoco corresponde al marco legal ni temporal de la campaña.
Esto es lo que ha prendido las alarmas en el gobierno, denunciado que no sólo hay una transgresión de las funciones de los magistrados del CNE, sino que se enmarca en un plan destituyente coordinado desde la oposición bajo la modalidad de Golpe Blando.
En ese sentido, es importante destacar que uno de los magistrados ponentes es Álvaro Hernán Prada, quien hasta 2021 fue representante en la Cámara por el partido Centro Democrático, firme opositor al oficialismo. Prada renunció a su banca en el Congreso para evadir a la Corte Suprema de Justicia donde era investigado como partícipe en la causa que involucra al ex presidente Álvaro Uribe en fraude procesal y soborno a testigos, especialmente por manipular a Juan Guillermo Monsalve para que cambie su testimonio con respecto a la participación de Uribe en las reuniones de conformación del Bloque Metro, una organización paramilitar en Antioquia.
La articulación interinstitucional ha sido clave para avanzar hasta este punto, dado que el CNE, al carecer de competencia para investigar al presidente por los fueros que la Constitución le otorga a éste, fue respaldado por el Consejo de Estado para proceder en la investigación, mas no para aplicar sanciones graves como la destitución; facultad que sólo corresponde al Congreso (artículo 178, inciso 3) y que se lleva a cabo mediante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien de hallar causa suficiente, acusaría al presidente ante el Senado donde se desarrollaría finalmente el juicio político. Hay que añadir que el Consejo de Estado ha destituido a tres senadores del Pacto Histórico bajo el señalamiento de “doble militancia” y, con el aval otorgado al CNE para formular cargos al presidente, ha creado una circunstancia inédita.
Aunque el CNE no defina la anulación de la elección presidencial, su conclusión tendrá un impacto innegable y según el timing político puede lesionar con mayor gravedad al gobierno y sus aspiraciones de continuidad en 2026. El hecho de que el Presidente se encuentre bajo escrutinio en pleno ejercicio ya configura una democracia condicionada que resta irremediablemente margen de maniobra a los propósitos del programa reformista del Pacto Histórico.
Así opera el lawfare
El lawfare, como el término lo indica, es una guerra por la vía judicial-mediática, no es simplemente una maniobra de acoso u hostigamiento mediático, es la actuación sistemática de un conjunto de instituciones e intereses en contra de una figura o una agrupación política con el objetivo de eliminarla del mapa de competidores. Su origen militar debe ser reiterado para evitar la tentación de esquivar las alarmas cuando se anuncia un “golpe blando”, puesto que es una estrategia para llevar a cabo los objetivos de la guerra por otros medios: anular la voluntad de lucha del adversario o neutralizarlo de la competencia política, judicializándolo y quitándole apoyo popular.
Durante más de un año se ha desarrollado una campaña incesante de acusaciones al presidente y su entorno, instalando a través de medios de comunicación relatos como la corrupción de Petro y su entorno, la ilegalidad de la campaña electoral o la incompetencia de sus funcionarios de gobierno. Como explica un informe reciente del Observatorio Lawfare, se buscó establecer dos matrices para desacreditar la gestión del gobierno. Por un lado, la “ilegitimidad de origen” basada en “causas abiertas en varias entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y recientemente, la Corte Suprema de Justicia”, y por otro, mediante el relato de la corrupción. En paralelo, la oposición ha intensificado su obstrucción a las iniciativas legislativas del oficialismo, así como a las acciones del ejecutivo.
Aunque Gustavo Petro viene denunciando el desarrollo de un golpe blando desde hace tiempo, los medios han optado por dar presencia y proyección a las opiniones que lo niegan o relativizan. La concentración de la propiedad de los medios información es un factor de poder inocultable, dado que se encuentra asociado a los mayores grupos económicos del país. Por ejemplo, las Organizaciones Ardila Lülle y Sarmiento Angulo, así como los Grupos Santo Domingo y Gilinski son dueños de más del 60% de los medios que abarcan televisión, radio, prensa escrita e internet. Esta estructura facilita la correspondencia entre los intereses corporativos de grupos financieros e industriales con las líneas editoriales, instituyendo un pilar fundamental en las guerras, y por tanto en el lawfare: la manufacturación del consenso.
La multiplicidad de canales hace parecer que hay una “pluralidad de voces”, pero en realidad, son las mismas voces que se proyectan a diversas audiencias, replicando los mensajes con una sincronía que apunta en el mismo sentido: instalar una interpretación de los hechos (nunca probados) y sus responsables. El Grupo Gilinski, por ejemplo, ha logrado convertirse en el operador más influyente de la oposición a través de la revista Semana y los periódicos El Heraldo y El País. De modo singular, Semana ha liderado una ofensiva contra el gobierno mediante la divulgación de “testimonios” y documentos que ocupan los titulares más destacados y un estilo agresivo impreso recientemente por su directora Vicky Dávila, una virulenta detractora de Petro y el progresismo.
Golpear hasta desgastar
El cauce de la estrategia de desgaste conduce a un impeachment o juicio político en el Congreso. La puerta de entrada para este proceso es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene las facultades para investigar al máximo mandatario y presentar la acusación ante el Senado para llevar a cabo el debate y la votación respecto a la destitución. Actualmente, la Comisión de Investigación está compuesta por 18 congresistas de los cuales solo 3 pertenecen a la Coalición Pacto Histórico (Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Jorge Alejandro Ocampo), sin embargo, otros 4 se han declarado oficialistas; aunque sólo 3 son abiertamente opuestos al gobierno, la incertidumbre circula entre los 6 representantes declarados independientes, entre quienes están el actual presidente de la comisión, Leonardo de Jesús Gallego (Partido Liberal) y la vicepresidenta Katherine Miranda (Partido Alianza Verde). En el Senado la correlación de fuerzas es más desfavorable, considerando que el oficialismo cuenta con un tercio de los 108 integrantes, de los cuales 23 son opositores pertenecientes a Cambio Radical y Centro Democrático, mientras el resto se declaran independientes liderados por el Partido Conservador (que preside esa corporación hasta el 20 de julio de 2025) y el Partido Liberal. Las chances de ampliar la base de apoyo de Petro están en el Acuerdo Nacional, una propuesta de acuerdo mínimo interpartidista al que se ha ido acercando el Partido de la U.
En el caso hipotético de que el juicio político prospere rápidamente y se concluya contra el actual presidente, el desenlace sería una catástrofe política, no solo sin precedentes, sino con desafíos institucionales para la “democracia más antigua de Sudamérica”, que quizás no tenga capacidad de procesar pacíficamente. La anulación de la elección presidencial produciría una remoción de todo el gobierno y la sucesión del mando pasaría al presidente del Senado, Efraín Cepeda del Partido Conservador. Por otra parte, dado que la investigación del CNE incluye la campaña al Senado, también derivaría en un proceso paralelo contra los 20 senadores del Pacto Histórico y dejaría en una terrible desventaja al bloque oficialista de la Cámara de Representantes. Un escenario como éste pondría a una valla de distancia el inicio de un nuevo “estallido social” como el de abril de 2021.
Entre las consecuencias políticas del proceso de destitución presidencial está que el gobierno pierde margen de negociación en el Congreso, puesto que, al no poseer mayorías propias para el trámite de sus iniciativas legislativas, deberá calcular cada paso para preservar una alineación favorable. Por otra parte, la pérdida de legitimidad puede ser un factor que fortalezca a la oposición y haga mella en parte del electorado no militante del “petrismo”, con lo cual, los anuncios futuros en el caso van a estar supeditados al timing político de la campaña para 2026.
La modalidad de golpe blando que se desarrolla en Colombia se basa en dar pequeños golpes incesantemente, subiendo gradualmente la hostilidad de modo que no parezca que hay una verdadera actitud destituyente. El desgaste ocasionado, como en una pelea de boxeo, es impedir las metas del gobierno ocupándolo en mantener la guardia y evitar el knockout.
La “destituyente 2026”
Está claro que lo que se experimenta es una estrategia destituyente, que por la compleja legislación del sistema político colombiano se desarrolla a un ritmo dilatado con altibajos que los partidos en la ofensiva intentan sortear a favor, para recomponer fuerzas hacia las próximas elecciones de 2026, más que para desalojar de inmediato a Gustavo Petro del Palacio de Nariño. En el proceso de reordenamiento de la oposición y la disputa por recomponer el liderazgo uribista, lo que aglutina sus esfuerzos es dirigir todas las acciones a invalidar la continuidad del progresismo.
El gobierno ha presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger los derechos políticos de Gustavo Petro, tal como lo hizo cuando éste fue destituido de la Alcaldía de Bogotá por una resolución de la Procuraduría General en diciembre de 2013. Está también en curso una tutela en el Tribunal Superior de Bogotá en la que se invoca el artículo 40 de la Constitución (Inciso 1: elegir y ser elegido) y se busca hacer respetar la voluntad de 11 millones de personas. Una tercera acción, consiste en la posible presentación de una denuncia por prevaricato en la Corte Suprema de Justicia, contra los magistrados del CNE que apoyaron la formulación de cargos. En un comunicado reciente a la ciudadanía, el Presidente Petro convocó a la movilización generalizada del pueblo, a las organizaciones sociales y políticas y a la comunidad internacional a que ayuden y se involucren urgente para defender la democracia colombiana.
violacion del articulo 109 por entrada de capitales ilicitos y blanqueo de dinero