Trump criminaliza a Petro y amenaza con una guerra en el Gran Caribe

El ejercicio de la política exterior estadounidense bajo el segundo gobierno de Donald Trump se caracteriza por el unilateralismo y la búsqueda de restaurar el orden mundial unipolar. En América Latina y el Caribe, esta visión se ha traducido en la reactivación de la retórica de la "Guerra Contra las Drogas", la presencia militarizada y la disputa geopolítica con China. Las posiciones desafiantes a dicho orden son confrontadas hostilmente, incluso a riesgo de acercar a la región a un escenario de guerra.

Narcotráfico: la excusa predilecta

Así como a fines de los 90’s la “Guerra Contra las Drogas” fue la justificación para implementar una estrategia de intervención mediante el Plan Colombia, en la actualidad la retórica antinarcóticos se ha convertido en la excusa para la militarización en el Caribe. El problema de las drogas ilícitas es, desde luego, un asunto de gran preocupación, pero ciertamente es magnificado según los intereses de la Casa Blanca. Aunque Estados Unidos ha renovado su “guerra” poniendo al fentanilo como eje principal en la agenda de disputa con China, la cocaína sigue teniendo prelación en Latinoamérica.

De acuerdo con los reportes de la evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2025 elaborada por la DEA y el informe mundial sobre las drogas de la Organización de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia produce al menos el 84% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, y estiman que el 87% transita por las aguas del Pacífico. No obstante, el Comando Sur ha desplegado una descomunal operación sobre el mar Caribe apuntando hacia Venezuela bajo la consigna de que el gobierno de Nicolás Maduro dirige el “cartel de los soles”, por lo cual le acusa de “narcoterrorista”; vale aclarar, que en los documentos citados no aparece una sola mención a dicha organización ni a Venezuela como un actor relevante en la cadena del narcotráfico.

A pesar de ello, desde el mes de agosto el Comando Sur ha ejecutado más de una decena de ataques letales a embarcaciones civiles sindicándolas de tráfico de drogas ilícitas asesinando a casi cincuenta personas. El presidente colombiano Gustavo Petro ha manifestado su desacuerdo con estas operaciones y ha denunciado que buscan un “cambio de régimen a la fuerza” en Venezuela y no combatir el narcotráfico. De hecho, en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, dijo que los narcotraficantes viven en Miami y Nueva York sin ser perseguidos por la justicia.

El efecto disciplinador de la asistencia extranjera

Las declaraciones desafiantes de Petro han sido contestadas con dureza por la administración de Washington. A mediados de septiembre, el Departamento de Estado descertificó a Colombia en la lucha antidrogas, señalándolo de incumplir con la reducción del narcotráfico. No obstante, el Ministerio de Justicia de Colombia registró un récord de incautaciones de cocaína en 2024 con 889,2 toneladas, y 771,2 hasta septiembre de 2025. El efecto de la descertificación implica la reducción de asistencia extranjera en seguridad empleada en tareas de interdicción, pero al ser un mecanismo de evaluación destinado a disciplinar a los “países problema”, impacta en la actitud de los inversores y en el encarecimiento del crédito internacional. Además, Petro en entrevista aclaró que esa asistencia militar no llega al erario público colombiano.

Aunque el gobierno de Estados Unidos sustentó la descertificación en las cifras provistas por el mecanismo de la UNODC en Colombia, el cual reconoció públicamente que corregirá las inconsistencias halladas en su metodología de medición, fue más lejos en la persecución al presidente colombiano. El domingo 19 de octubre, Donald Trump acusó desde sus redes digitales a Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”, calificación que se instaló de inmediato en el gobierno y sus representantes en el Congreso. El 24 de octubre, el secretario del Tesoro Scott Bessent, incluyó a Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior Armando Benedetti en la lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Especiales (OFAC) utilizando la etiqueta “Designaciones Antinarcóticos”.

La lista de la OFAC, conocida como la “lista Clinton”, es un registro de ciudadanos y empresas creado en 1995 por el entonces presidente Bill Clinton para congelar los bienes de narcotraficantes en Estados Unidos, sin embargo, con los años el listado se ha ido extendiendo al punto que actualmente contiene más de dieciocho mil registros que abarcan empresas y medios de comunicación cubanos, bancos iraníes, petroleras rusas, embarcaciones particulares y organizaciones insurgentes armadas, entre otros. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, George Bush emitió una orden ejecutiva para incluir personas y grupos señalados como terroristas.

Guerra híbrida: las “sanciones” como táctica lawfare

La administración Trump ha aplicado estas medidas coercitivas de manera unilateral sin investigación previa ni pruebas fehacientes, constituyendo un abuso de poder y una violación al derecho internacional por cuanto producen un bloqueo y un aislamiento financiero. El empleo discrecional de estos instrumentos legales provoca un efecto desestabilizador en la política colombiana al criminalizar al máximo mandatario y emplear aliados políticos, medios de información masiva y agencias locales para convalidar la acusación infundada de narcotraficante.

En medio de ataques que producen ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico, la suspensión de asistencia en seguridad (incluido el armamento de la guardia presidencial), acusaciones temerarias de “narcoterrorismo” contra el presidente y un amenazante despliegue militar en el Caribe, las sanciones económicas intentan provocar un desgaste en la imagen de Petro que obstaculice la continuidad de su proyecto político de cara al proceso electoral en 2026. A pesar de este adverso panorama, el oficialismo logró movilizar más de 2,7 millones de personas en su consulta interna para las elecciones de 2026, lo que corrobora el respaldo ciudadano construido después de tres años de gobierno. Así como en Argentina, Trump pretende influir en la elección para recuperar una pieza clave de su tablero geopolítico.