Lawfare electoral en Ecuador: el rol del juez Viteri

Desde 2017 Ecuador ha sido escenario de una estrategia sistemática de lawfare contra la Revolución Ciudadana (RC). Esta guerra política por la vía judicial-mediática ha operado a través de al menos cuatro mecanismos: persecución administrativa desde la Contraloría, persecución judicial desde la Fiscalía y los tribunales, modificación del marco constitucional y legal, y bloqueo político del correísmo para impedir su representación. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sido una pieza central de este dispositivo, y el juez Joaquín Viteri se ha convertido en un operador clave. El presente informe documenta cómo los fallos de Viteri entre 2024 y 2026 han llevado el lawfare ecuatoriano a un nivel inédito: la proscripción total de una fuerza política mayoritaria sin fundamentos ni sentencia firme en sede penal.

La Centralidad del TCE en el Lawfare Electoral

El TCE no es una instancia menor. Es el órgano encargado de resolver conflictos electorales, sancionar infracciones, suspender derechos políticos y decidir, en última instancia, quién puede participar en las elecciones y quién no. Quien controla el TCE, controla el acceso al sistema político. Y desde 2017, el TCE ha sido controlado por fuerzas hostiles a la RC.

Una de las herramientas más poderosas del TCE es la suspensión de derechos políticos. Lo que en la ley está previsto como una sanción excepcional para casos graves, se ha convertido en una práctica ordinaria, sin fundamentos, contra opositores. La causal de "infracción electoral muy grave" se ha interpretado de manera tan amplia que puede aplicarse a conductas como inducir al voto en actos políticos, hacer campaña anticipada o incluso expresar opiniones políticas en redes sociales. Esta elasticidad normativa es la materia prima del lawfare: la ley no se aplica, se fabrica para cada caso.

Joaquín Viteri: Perfil y Patrón de un Operador Judicial

Joaquín Viteri Llanga es juez principal del TCE que se desempeña en funciones prorrogadas, una situación irregular que por sí misma cuestiona la legitimidad de sus decisiones. Fue Presidente del TCE durante el período de transición desde el 29 de noviembre de 2018 hasta el 4 de junio de 2019. Tras realizar el concurso de oposición y méritos organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, fue nombrado juez del TCE. Antes de ser juez del TCE fue director nacional administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y ha sido asesor del Congreso Nacional. Además, ha tenido cargos académicos como docente en la Facultad de Jurisprudencia y su Instituto de Posgrado, en la Universidad Central del Ecuador. Ha sido conferencista del Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional ACILS/AFL-CIO. Dicho centro recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos, en parte de la USAID, para dar preparación política a líderes sindicales en varios países de América Latina, entre ellos México. Es doctor en jurisprudencia por la Universidad de Guayaquil (2003), Magíster en Derecho con mención en Derecho Administrativo (2007). Se desempeña como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El juez Viteri ha sido acusado públicamente de favorecer al Poder Ejecutivo de turno, y el análisis de sus fallos entre 2024 y 2026 confirma esa acusación como un patrón sistemático y no como una excepción ocasional. Viteri no actúa solo. Es parte de una constelación de operadores que incluye a la ex Fiscal General Diana Salazar (2019 - 2025), a otros jueces del TCE y a jueces de la Corte Constitucional alineados con el oficialismo, y a una red de medios de comunicación que amplifican sus fallos para construir un sentido común favorable a la persecución y a la eliminación del correísmo.

Autoridades electorales con mandato vencido y con funciones prorrogadas

Es muy importante destacar que tanto las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del TCE tienen sus mandatos vencidos, en tanto asumieron sus cargos entre 2018 y 2019. Los mandatos son de seis años (aunque deberían renovarse por mitades cada tres años, lo que tampoco se ha cumplido), pero ante la incapacidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de nombrar nuevos funcionarios, los mandatos vencidos respectivamente en 2024 y 2025 han sido prorrogados indefinidamente, generando una situación irregular que afecta gravemente la legitimidad de las decisiones que se toman en este tiempo.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

Nombre	Cargo	Posesión	Fin de mandato regular
Diana Atamaint	Presidenta	Noviembre de 2018	Noviembre de 2024
Enrique Pita	Vicepresidente	Noviembre de 2018	Noviembre de 2024
José Cabrera	Consejero	Noviembre de 2018	Noviembre de 2024
Esthela Acero	Consejera	Noviembre de 2018	Noviembre de 2024
Elena Nájera	Consejera	Enero de 2019	Enero de 2025

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (TCE)

Nombre	Cargo	Posesión	Fin de mandato regular
Ivonne Coloma	Presidenta	Abril de 2019	Abril de 2025
Ángel Torres	Vicepresidente	Abril de 2019	Abril de 2025
Joaquín Viteri	Juez	Abril de 2019	Abril de 2025
Guillermo Ortega	Juez	Abril de 2019	Abril de 2025
Patricio Maldonado	Juez	Abril de 2019	Abril de 2025

SUPLENTES (TCE)

Nombre	Cargo	Posesión	Fin de mandato regular
Cristina Kronfle	Suplente	Enero de 2019	Enero de 2025
Mónica Noriega	Suplente	Enero de 2019	Enero de 2025
Roosvelt Cedeño	Suplente	Abril de 2019	Abril de 2025
Richard González	Suplente	Abril de 2019	Abril de 2025
José Merino	Suplente	Agosto de 2024	Agosto de 2030

Fallos contra la RC

• Marzo 2024 – Pabel Muñoz. Viteri multó a Pabel Muñoz, Alcalde Metropolitano de Quito desde 2023, por promover el voto a favor de Luisa González, candidata presidencial por la RC. La sanción se dictó en un contexto en el que la mera expresión de apoyo a un candidato comenzaba a ser criminalizada por el TCE, sentando un precedente peligroso sobre los límites de la propaganda electoral.

• Febrero 2025 – Aquiles Álvarez (primera sanción). Viteri ratificó una sentencia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por incurrir en “violencia política de género” contra la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, en publicaciones de redes sociales que realizó el alcalde en respuesta a acusaciones de corrupción que sostenía la legisladora. La decisión aplicó de manera expansiva y desproporcionada una figura legal que, si bien busca proteger a las mujeres en política, fue utilizada en este caso como un arma para sancionar a un crítico del gobierno, desnaturalizando su propósito original.

• Mayo 2025 – Priscila Schettini Castillo. En uno de los fallos más graves de este período, el juez electoral Fernando Muñoz Benítez impuso a Schettini Castillo, asambleísta electa de la RC, la suspensión de sus derechos políticos por tres años bajo la causal de infracción electoral muy grave, además de una multa de 22.500 dólares. La sentencia, ratificada por el pleno del TCE, fue dictada dentro de la causa N.º 250-2023-TCE, iniciada a raíz de una denuncia presentada por la entonces Fiscal General Diana Salazar el 20 de septiembre de 2023. La sanción equivalía a una proscripción individual: Schettini quedó inhabilitada para asumir y ejercer su cargo. Posteriormente, una reforma al Código de la Democracia implicó la reducción de la sanción a nueve meses, lo que motivó que Schettini reclamara para sí la banca de asambleísta; sin embargo, la misma no le fue devuelta. En consecuencia, Schettini denunció al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, por violencia política de género.

• Mayo 2025 – Angélica Porras. En la misma causa que afectó a Schettini, Viteri sancionó a Angélica Porras, ex postulante a jueza constitucional, con dos años de suspensión de sus derechos políticos y una multa de 3.500 dólares. Porras, también denunciada por Diana Salazar, vio truncada su carrera judicial y política por una decisión basada en los mismos testimonios infundados que sustentaron la sanción contra Schettini y que afectaron la libertad de expresión de ambas.

• Julio 2025 – Liliana Veloz. El juez Viteri multó a la asambleísta de la RC Liliana Veloz con 9.000 dólares por realizar campaña anticipada durante el proceso electoral de 2023, a partir de unos videos subidos a redes sociales con mensajes políticos. La sanción, desproporcionada en relación con la conducta atribuida, se sumó a la lista de castigos excesivos contra dirigentes de la Revolución Ciudadana por actividades que en otros contextos no habrían merecido más que una advertencia.

• Septiembre 2025 – Aquiles Álvarez (segunda sanción). El juez Viteri volvió a sancionar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con el pleno del Tribunal Electoral, por promover el voto a favor de Luisa González para la presidencia del país. La multa de 4.700 dólares y la obligación de pedir disculpas públicas, sanciones acatadas por el alcalde, mostraron un ensañamiento contra una misma figura política, que fue castigada en dos ocasiones distintas por conductas similares a las que el oficialismo realizaba impunemente y que son de práctica común.

• Abril 2026 - Rechazo a impugnación por adelantamiento electoral. El juez Viteri rechazó la impugnación presentada por Gabriela Rivadeneira, como presidenta del partido Revolución Ciudadana, contra la resolución del CNE que adelantó las elecciones a noviembre de 2026. Viteri adujo que la RC carece de personería jurídica para actuar formalmente ante organismos electorales por la suspensión de nueve meses ordenada por el propio TCE. A los pocos días, el pleno del TCE ratificó la decisión. La disputa es posible que continúe ante la Corte Constitucional.

Fallos contra otros opositores

• Noviembre 2024 – Descalificación de Jan Topic. El TCE descalificó la candidatura de Jan Topic para las elecciones presidenciales por supuesta incompatibilidad con su rol de empresario. Topic, un político opositor a Daniel Noboa aunque ajeno al correísmo, fue eliminado de la contienda en una decisión que demostró que el lawfare del TCE no se limitaba a la RC, sino que apuntaba a cualquier adversario del oficialismo, sin importar su signo político. La decisión tuvo los votos favorables de los jueces Angel Torres, Guillermo Ortega, Joaquín Viteri e Ivonne Coloma, con el voto disidente de Fernando Muñoz.

• Enero 2025 – Consejeros de la “Liga Azul”. Con los votos de los jueces Guillermo Ortega, Joaquín Viteri, Ana Abril e Ivonne Coloma, y el voto disidente de Richard González, el TCE por cuatro a uno aprobó la destitución de cuatro consejeros del CPCCS . Se trata de Eduardo Franco, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Vielka Párraga, integrantes de la llamada “Liga Azul”, una organización que mantenía posiciones críticas frente al gobierno. La decisión, basada en supuestos vínculos con el correísmo, se sumó a una serie de fallos que vaciaron de contenido la autonomía de órganos colegiados no alineados con el ejecutivo.

• Marzo 2025 – Suspensión de derechos políticos de Verónica Abad. En una decisión de alto impacto político, el TCE por tres a votos a favor y dos en contra, aprobó el proyecto del juez Viteri y emitió sentencia a favor de la suspensión por dos años de los derechos políticos de Verónica Abad, vicepresidenta de la República en conflicto abierto con Daniel Noboa. La acusación partió de la canciller Gabriela Sommerferld por “violencia política de género”. El fallo demostró que la lealtad de Viteri no era a la institucionalidad ni a la legalidad, sino al presidente de turno: neutralizó a la propia vicepresidenta cuando esta se convirtió en un problema para el ejecutivo.

• Abril 2026 - Inhabilitación de los partidos Construye y Unidad Popular. El CNE procedió a descalificar los partidos Construye y Unidad Popular, opositores, por “no cumplir requisitos”. Esta decisión se suma a la suspensión dictada contra la RC por nueve meses, en otro avance contra la disidencia.

Fallos a favor del Ejecutivo

• Mayo 2025 – Denuncia contra Noboa por falta de licencia. El juez Viteri rechazó la denuncia presentada por Jorge Escala y Geovanni Atarihuana, del partido Unidad Popular, quienes alegaban que el presidente Daniel Noboa debía haber solicitado licencia para participar en la campaña electoral por su reelección, conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas; así como en el artículo 278 numeral 3 del Código de la Democracia. En su sentencia, Viteri concluyó que Noboa no estaba obligado a pedir licencia, archivó el caso en primera instancia y sentó un precedente que permite al ejecutivo usar la estructura del Estado para hacer campaña sin costo político alguno. Lo que para un opositor era una infracción grave, para el presidente fue interpretado como una conducta permitida. Esta evidente doble vara que benefició a Noboa, fue ratificada por el pleno del TCE, por cuatro votos a favor (Ivonne Coloma, Ángel Torres, Guillermo Ortega y Juan Maldonado) y uno en contra (Richard González). En paralelo, el presidente Noboa presentó una queja contra Fernando Muñoz, juez del TCE que admitió la apelación contra la decisión de primera instancia del juez Viteri. Finalmente, Muñoz renunció a su cargo por la presión ejercida en su contra, que incluyó una sanción impuesta por el propio TCE.

La Consumación de la Proscripción: El Caso "Caja Chica" (Marzo 2026)

El 6 de marzo de 2026, Viteri ordenó la suspensión por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana del Registro de Organizaciones Políticas, como parte de la causa conocida como "Caja Chica". La medida inhabilitó a la principal fuerza opositora para participar en las elecciones de este año. Es la culminación de años de persecución: ya no se trata de inhabilitar a un candidato o sancionar a un dirigente, sino de eliminar a todo un movimiento político del mapa electoral.

Las irregularidades de este proceso son graves y numerosas. En primer lugar, la decisión se adoptó en fase preprocesal, sin que existiera una sentencia firme que determinara responsabilidades. Viteri aplicó una medida cautelar inédita sobre una investigación que está muy lejos de haber concluido. En segundo lugar, la investigación se basó en una denuncia anónima y en el testimonio de un "colaborador eficaz" llamado Santiago Díaz Asque, quien había sido expulsado de la Revolución Ciudadana cuando se hizo pública una denuncia por violación en su contra de una menor de 12 años, por la cual cumplía prisión preventiva. El testimonio de un acusado de violación, ofrecido a cambio de beneficios penales, se convirtió en la prueba principal para proscribir a la fuerza política más votada del país.

En tercer lugar, desde el 5 de febrero de 2026, la propia RC había denunciado la filtración de un fallo que buscaba su proscripción, un fallo que habría sido elaborado antes de la audiencia pública del 18 de febrero. Es decir, Viteri ya había decidido antes de escuchar a la defensa. En cuarto lugar, la dirección del movimiento no fue notificada formalmente de la investigación fiscal. Cuando solicitó la nulidad de la medida cautelar por inexistente en el ordenamiento jurídico, su pedido fue rechazado bajo el argumento de que en el registro oficial del CNE aún constaba una directiva anterior como autoridad partidaria. Se negó el derecho a la defensa por un tecnicismo administrativo.

El efecto de esta decisión fue inmediato. El CNE ejecutó la suspensión y para completar la operación proscriptiva, modificó el calendario electoral, adelantando las elecciones seccionales del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, con plazos de inscripción reducidos que restringieron aún más cualquier intento de participación de los referentes de la fuerza política proscrita.