Lawfare como terrorismo de Estado en Ecuador: ahora Luisa González

Cerca de las cuatro de la mañana del 22 de octubre de 2026, Policía y Fiscalía ecuatorianas derribaron la puerta de la casa de Luisa González en Canuto, Manabí, y se la llevaron detenida frente a su madre y su hijo menor. González fue dos veces candidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC, años 2023 y 2025) y principal referente de la oposición a Daniel Noboa, pasó buena parte del día sin que su familia ni sus abogados supieran oficialmente dónde estaba. Ecuador está a apenas cinco semanas de unas elecciones seccionales en las que su fuerza política, proscrita desde marzo, no puede presentar candidatos.

La detención no es un hecho aislado ni un exceso policial extraño. Es el último eslabón de una secuencia que el Observatorio Lawfare viene documentando desde 2017 y que, por su sistematicidad y su uso del miedo como herramienta política, caracterizamos como lawfare como terrorismo de Estado. En Ecuador no existe el Estado de Derecho y la democracia está absolutamente erosionada, producto de tantos años de persecuciones arbitrarias, proscripción y prácticas contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos promovidas por el propio Estado desde 2017.

El caso Laberinto

El caso, derivado de las causas “Goleada” y “Triple A”, comenzó con un examen de cuentas de campaña en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que observó, supuestamente, 174.930 dólares en propaganda no declarada y 6.400 dólares en aportes sin respaldo documental. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó a Luisa González, Andrés Arauz y Estefanía Molina con una multa de 18.000 dólares. La pagaron el 5 de junio de 2026 y la causa electoral se archivó. Dieciocho días después, el TCE remitió el expediente a la Fiscalía; el 14 de octubre se abrió la investigación penal y el 22 del mismo mes González fue detenida preventivamente. Una irregularidad contable ya juzgada y saldada se convirtió, en cuatro meses, en un delito de crimen organizado.

La Fiscalía acusa a González de lavado de activos. Sostiene que unos 500.000 dólares, supuestamente canalizados a través de un entramado de empresas, financiaron publicidad de la campaña presidencial de 2023 y que provendrían de la comercialización ilegal de combustibles, la misma trama que se le imputa al detenido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Junto a ella fueron llevadas a audiencia Estefanía Molina, responsable financiera de aquella campaña; Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO; y Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña que ya cumple una condena de 29 años por la violación de una niña y que oportunamente fue expulsado del movimiento Revolución Ciudadana. Su testimonio en contra de sus ex compañeros de partido, ha sido fundamental para la construcción del relato acusatorio por parte de la Fiscalía en la causa “Caja Chica”.

La forma de la detención agrava el fondo. González nunca se ocultó: había vuelto a su casa días antes y bastaba con citarla. En cambio, se la detuvo de madrugada, se la llevó a un hospital donde se negó, en ejercicio de su derecho a no autoincriminarse, a que le extrajeran sangre, y se la trasladó al Cuartel Modelo de Guayaquil sin informar a la familia. La Constitución ecuatoriana prohíbe la incomunicación y garantiza el contacto inmediato con la defensa. La primera audiencia se declaró fallida por “falta de conexión”; la segunda se instaló cerca de la medianoche. Es, además, el tercer operativo contra ella y su partido en 2026, tras el allanamiento de su casa en enero y el de la sede nacional de la RC en febrero (ambos hechos motivados en la causa “Caja Chica”) y, ocurre cuando intentaba inscribirse como candidata a la Prefectura de Manabí.

Este viernes 23 de octubre, en tanto, el juez Harry Navarrete aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado a través de su Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de dictar prisión preventiva contra Luisa González y el resto de los acusados. La prisión preventiva transcurrirá al menos durante 90 días, tiempo que se fija para la instrucción fiscal.

El trasfondo

Desde el giro de Lenín Moreno en 2017, la persecución contra el correísmo ha combinado bloqueos administrativos, causas penales armadas sobre testigos arrepentidos y la exclusión electoral: el caso Sobornos inhabilitó a Rafael Correa y Jorge Glas sigue preso tras ser secuestrado de la embajada de México en 2024. En 2026 esa estrategia dio un salto cualitativo.

El 6 de marzo, el juez del TCE Joaquín Viteri suspendió por nueve meses a la Revolución Ciudadana, la fuerza más votada del país, sobre la base del caso Caja Chica: una investigación sin sentencia, apoyada en una denuncia anónima y en el testimonio del mismo Díaz Asque que hoy reaparece en Laberinto. El fallo se filtró antes de la audiencia y lo dictaron autoridades electorales que siguen en funciones con el mandato vencido. El Consejo Nacional Electoral adelantó luego las seccionales de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026 ,y en julio el TCE suspendió también al movimiento Amigo, la organización que había acogido a los candidatos del correísmo. Además, cabe reiterar que las autoridades del TCE y del CNE están con mandato vencido hace años, y continúan en funciones con prórrogas habilitadas por un sistema institucional absolutamente deteriorado.

El caso de Aquiles Álvarez anticipó el método. El alcalde de Guayaquil fue detenido el 10 de febrero en un allanamiento nocturno, sobre la denuncia de un cooperador eficaz, y enviado a prisión preventiva sin riesgo de fuga. Fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro y condenado en primera instancia en dos causas, una de ellas por no llevar puesto un grillete electrónico. Noboa lo llamó “alcalde criminal” antes de cualquier sentencia. La secuencia se repite ahora con Luisa González.

Lawfare como terrorismo de Estado

El lawfare es una guerra política por la vía judicial y mediática. Cuando se vuelve sistemático, apunta contra una fuerza política entera, pasa del expediente al cuerpo y usa el exceso como mensaje para todos los demás, se convierte en terrorismo de Estado. A diferencia del que padeció América Latina bajo las dictaduras de seguridad nacional en el siglo pasado, éste no opera en la clandestinidad sino a la luz del día, con fiscales, jueces y audiencias. Pero conserva su lógica esencial: la construcción de un enemigo interno, la transgresión de la ley, la violación de derechos humanos, el castigo ejemplarizante y la impunidad de quienes lo ejecutan. Su objetivo no es probar delitos, sino prohibir a la oposición participar en política, Si antes se torturaba, desparecía y ejecutaba, hoy se proscribe, persigue y se desaparece de la política. Ambos momentos políticos, fueron profundamente autoritarios y antidemocráticos.

Ecuador vive desde enero de 2024 bajo la declaración de un «conflicto armado interno» contra el narcoterrorismo, que amplió los márgenes de las fuerzas de seguridad y recortó garantías, a la vez que garantiza la impunidad a las fuerzas militares estadounidenses que operan libremente en el país a pesar del rechazo social manifestado en el plebiscito de noviembre de 2025. El presidente Noboa ha vinculado a la RC con “grupos terroristas internacionales” sin aportar una sola prueba. Pero el terror que hoy padece la oposición lo ejerce el Estado. En Ecuador no hay narcoterrorismo de la oposición; hay lawfare como terrorismo de Estado.

La paradoja es elocuente. Quien denunció que el 80 % de la cocaína que consume Europa sale de puertos ecuatorianos y que Guayaquil no se arrodillaría ante los “barcos bananeros del narco” fue Aquiles Álvarez, y hoy está preso. Quien recordó los vínculos de Noboa con el narcotráfico, especialmente de su socia empresarial María Beatríz Moreno Heredía, e investigados por la fiscalía fue González Mientras tanto, la fortuna de la familia presidencial se construyó sobre la exportación de banano y vínculos con el narcotráfico que no han sido suficientemente investigados. Si se trata de buscar narcoterroristas, cabe preguntarse por qué la mirada judicial apunta siempre hacia la oposición y nunca hacia el oficialismo.

Es necesaria la liberación de Luisa González y el respeto pleno de su presunción de inocencia, su derecho a la defensa y el debido proceso, como un primer paso para recuperar la vigencia del Estado de Derecho en Ecuador. De igual manera, el fin de la proscripción de la Revolución Ciudadana es impostergable para que la ciudadanía ecuatoriana pueda votar y ser votada en igualdad de condiciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría Especial sobre la independencia de jueces y abogados deben intervenir como ya lo hicieron por el caso de Jorge Glas, y ahora por los casos de Aquiles Álvarez y Luisa González y tantos otros dirigentes del país que sufren el terrorismo de Estado ecuatoriano.