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Persecución y lawfare en Ecuador: el caso del alcalde de Guayaquil

Desde 2017 con la asunción de Lenin Moreno como presidente, el lawfare ha ido avanzando en Ecuador hasta arrasar con el Estado de Derecho, con la finalidad de desterrar al correísmo como sujeto político. Las instituciones administrativas y judiciales se pusieron al servicio de la persecución arbitraria contra dirigentes del progresismo, especialmente de Revolución Ciudadana. Esta situación está documentada y detallada en el libro "Lawfare en Ecuador: guerra contra la democracia y el derecho", publicado en 2024 por el Observatorio Lawfare junto al Grupo de Puebla.


Actualmente, el lawfare continúa profundizándose y uno de sus objetivos de coyuntura es eliminar políticamente a Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad más poblada del país, Guayaquil. Álvarez es uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, a quien denuncia como parte de las mafias narcocriminales que prácticamente gobiernan el país. A continuación, presentamos el perfil de Álvarez y una cronología para entender de qué se lo acusa, por qué fue detenido y las posibles violaciones al debido proceso que detectamos.


Perfil de Aquiles Álvarez: Nació en Guayaquil en 1984. Antes de participar activamente en política, formó parte de empresas de su familia dedicadas a hidrocarburos, Bienpetrol S.A. y Corpalubri S.A. Es el principal opositor al gobierno de Noboa al gobernar la ciudad más poblada del país, dentro de Revolución Ciudadana. Siguiendo los pasos de su abuelo, realizó carrera dirigencial en uno de los clubes de fútbol más importantes del país, el Barcelona Sporting Club de Guayaquil. Fue vicepresidente de la institución entre 2019 y 2022. Renunció en 2022 a su cargo en el club para postularse a la alcaldía de Guayaquil en las elecciones de 2023. Ganó las elecciones a alcalde en 2023 al romper la hegemonía de más de treinta años del Partido Social Cristiano.


Sitio oficial de Aquiles Álvarez: https://aquilesalvarez.com.ec/


Alcaldesa encargada en reemplazo de Álvarez: Tatiana Coronel


CRONOLOGÍA


5 de enero de 2026: Aquiles Álvarez respondió las acusaciones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, realizadas en la Asamblea Nacional. Godoy había sostenido que un supuesto emisario de Álvarez le había ofrecido bajar la intensidad de las confrontaciones políticas por parte de la RC a cambio de manipular al poder judicial a favor del alcalde, en el marco de la causa conocida como Triple A. En este asunto, se investiga a Aquiles Álvarez y a otras 16 personas, por los delitos de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.


15 de enero de 2026: Aquiles Álvarez desmintió las versiones que indican que tiene armas de fuego sin permiso. Informó que únicamente dos personas de su seguridad personal portan armas dentro del reglamento exigido por la ley. Denunció que las versiones son parte de la persecución que sufre por parte del gobierno nacional.


27 de enero de 2026: Gravísimas denuncias públicas de Aquiles Álvarez contra la “Narcopolítica”. A pocos días de la audiencia judicial prevista para el 31 de enero, por el caso “Triple A”, Álvarez denunció que el 80% de la cocaína consumida en Europa se transporta desde puertos ecuatorianos, además que advirtió por la llegada del fentanilo al país. El alcalde sostuvo que “Guayaquil se niega a arrodillarse ante los barcos bananeros del narco… en todos los puntos donde construimos una estación de acción segura, los niveles de criminalidad descendieron más del 70%”.

Desde enero de 2024, cabe resaltar, Ecuador se haya bajo la declaración por parte del Ejecutivo Nacional de un “estado de conflicto armado interno” por el avance del narcotráfico y la altísima tasa de homicidios, argumento que ha servido para ampliar los márgenes de actuación de las fuerzas de seguridad, la limitación de las garantías constitucionales y la presión política sobre las autoridades locales de las principales ciudades.


31 de enero de 2026: Es diferida la audiencia prevista por el caso “Triple A”. El Tribunal de Juzgamiento dejó sin efecto la convocatoria para la audiencia en el que debía iniciarse el juicio contra el alcalde Álvarez y otras 21 personas por el presunto delito de tráfico ilegal de combustibles. La decisión de se dio a conocer el día anterior, viernes 30 de enero. La audiencia ha sido postergada más de una docena de veces.


9 de febrero de 2026: A las 17.00 horas del día lunes 9 de febrero, el alcalde Aquiles Álvarez ingresó en la secretaría del Municipio de Guayaquil un oficio solicitando una licencia de dos semanas sin goce de sueldo para “tratar asuntos estrictamente particulares”, delegando las funciones en la vicealcaldesa, Tatiana Coronel.


10 de febrero de 2026: La Fiscalía con el aval del magistrado Jairo García ejecutan las detenciones por el caso “Goleada”, durante la madrugada del martes 10 de febrero. Las detenciones se producen con la finalidad de formular cargos de acusación. Es detenido el alcalde Aquiles Álvarez, además de dos de sus hermanos, Antonio Álvarez, presidente del Barcelona S.C. y Xavier Álvarez., y otras ocho personas (entre ellas Pablo Pita, ex gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y Carlos Asanza, gerente de la Fundación Terminal Terrestre). La acusación comprende los delitos criminalidad organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La instrucción fiscal tendrá una duración inicial de 90 días, con la opción de ampliarla por otros 30 días.

Respecto del caso “Goleada”, habría comenzado con una denuncia ingresada a la Dirección de Transparencia en la Gestión el 26 de diciembre de 2025. Allí se señalaba a un grupo de personas como parte de una estructura que estaría operando desde 2021 cometiendo delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo. Esa denuncia la habría realizado José Ricardo C.A., un economista de 34 años que sería el “colaborador eficaz” de la causa. Esta persona, procesada en el marco del caso “Triple A”, sería socio y fundador de la empresa Fuelcorp, creada en marzo de 2022 para comercializar combustibles. Por la denuncia ingresada junto a dispositivos electrónicos que contenían chats que involucrarían al alcalde Álvarez, es que el fiscal Dennis Villavicencio pidió el allanamiento y la detención de los acusados.

Al momento de la detención, el alcalde ya estaba procesado por el caso “Triple A”, también relacionado a supuesta comercialización ilegal de combustibles. Por este caso portaba grillete electrónico, el cual no tenía puesto en el momento de la detención, argumento utilizado por la Fiscalía para acusarlo de incumplir las medidas cautelares. La defensa, a cargo del abogado Ramiro García, sostiene que en ese momento, mientras el alcalde dormía, el dispositivo estaba cargándose. Rechazó las acusaciones como un “claro gesto de persecución y un abuso de la justicia penal contra un opositor político”, a la vez que se busca distraer la atención por el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, aliado de Noboa.

El partido Revolución Ciudadana denuncia que “Ecuador vive una dictadura. Ya no somos una República: somos la hacienda de Daniel Noboa”. Además, respaldan al alcalde Aquiles Álvarez y denuncian que se eligió como presidente de la Judicatura a Damián Larco, hombre de estrecha confianza del presidente Noboa. Resaltan que las instituciones públicas están cooptadas al servicio del narcotráfico, mientras que el Estado de Derecho se encuentra roto.


11 de febrero de 2026: Se realiza en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de formulación de cargos por el caso “Goleada”, que involucra al alcalde de Guayaquil y a otras diez personas, por los delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. En los allanamientos, la Fiscalía dijo que encontró teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, computadoras, dinero en efectivo y documentos de relación con la causa. La Fiscalía pidió la prisión preventiva para Aquiles Álvarez y sus dos hermanos, Antonio y Xavier, además de solicitar el congelamiento de sus cuentas bancarias. Las medidas cautelares fueron admitidas por el juez Jairo García.

La esposa del alcalde Aquiles Álvarez, Fiorella Icaza, denunció que fue allanado su domicilio para detener al alcalde, en plena madrugada. En el operativo se destrozaron puertas y ventanas del inmueble por un cuerpo de seguridad altamente armado. La detención de Álvarez, de dos hermanos suyos y de otras ocho personas, se da en el marco de la causa conocida como “Goleada”, que investiga una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

El miércoles 11 el Concejo de Guayaquil aceptó el pedido de licencia de Álvarez y designó como alcaldesa encargada a Tatiana Coronel, economista de 34 años y vicepresidenta nacional de RETO, movimiento político de centro izquierda.


12 de febrero de 2026: El abogado Ramiro García, defensor del alcalde Álvarez, informó que el mismo se encuentra detenido en la cárcel de Latacunga. Además, los hermanos del alcalde, Xavier y Antonio Álvarez, también detenidos, están en una prisión de Cuenca, provincia de Azuay. Ramiro García resaltó la ilegalidad de la detención preventiva, en tanto no existe ningún peligro de fuga por parte de quien es alcalde de Guayaquil”. La detención fue dictada por el magistrado Jairo García. El abogado Ramiro García además denuncia que los hechos del caso “Goleada” son los mismos que los del caso “Triple A”, causa en la que ya está procesado el alcalde Álvarez y por la que portaba grillete electrónico, por supuesta comercialización ilegal de hidrocarburos por parte de la empresa familiar de estaciones de servicio. La defensa denuncia la ausencia de toda prueba de comercialización ilícita de combustibles o lavado de activos.


13 de febrero de 2026: Una multitud se manifiesta en Guayaquil exigiendo la liberación del alcalde. Participan simpatizantes de Revolución Ciudadana, como los asambleístas Raúl Chávez y Ricardo Patiño. También se movilizó la esposa de Álvarez, Fiorella Icaza.


Al mismo tiempo la defensa del alcalde presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución arbitraria y violatoria de sus derechos humanos.


18 de febrero de 2026: El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y el abogado defensor del alcalde, desmienten que haya existido un ataque a la integridad física del mismo, ante rumores en redes sociales y la prensa. De todas formas el abogado Ramiro García solicitó el traslado del alcalde y los otros detenidos al CRS Masculino Pichincha 2.


Doce de los quince concejales de Guayaquil expresaron su apoyo al alcalde Aquiles Álvarez, quien continúa preso en la cárcel de Cotopaxi por el caso “Goleada”. En los próximos días, el alcalde afrontará audiencias por el caso Triple A, por lo cual es incierto el tiempo que pueda permanecer en prisión y desprovisto de sus potestades como alcalde. Para el 7 y 8 de marzo están previstas las audiencias por medidas cautelares; en tanto que el juicio por el caso Triple A comenzará el sábado 7 y se prevé que continúe hasta el 21 de marzo. Allí podría ratificarse y extenderse la prisión para Álvarez.




25 de febrero de 2026: El juez Jairo García solicitó un refuerzo de su protección por supuestas “amenazas” en su contra, medida que fue aceptada por el Consejo de la Judicatura. Vale recordar que el juez García está investigado por supuestas conexiones con el narcotráfico en el marco de la causa “Fachada” y ha sido oportunamente suspendido por 90 días, ocasión en la que fue salvado por Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura.


2 de marzo de 2026: Este día, a las 10.00 hs., se realizará la audiencia para debatir sobre los recursos de apelación presentados por las defensas y por la Fiscalía. Atenderá el caso el Primer Tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con sede en Quito, conformado por los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez Avilés. César Bravo, Aquiles Alvarez, Xavier Alvarez, Antonio Alvarez y Fernando Peñaherrera presentaron recursos de apelación de las prisiones preventivas dictadas en su contra por Jairo García, juez de la Unidad de delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. La Fiscalía presentó un recurso de apelación a la negación de la solicitud de prisión preventiva de Pedro Hidalgo, Pablo Pita, Carlos Asanza, David Álvarez, Ricardo Bruzzone y Gastón Loy, quienes tienen por el momento otro tipo de medidas cautelares.



POSIBLES VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO DETECTADAS:


  • ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR FALTA DE PELIGRO DE FUGA O ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN


El alcalde tiene una función pública concreta que es gobernar la ciudad de Guayaquil y no ha exhibido ningún intento de fuga o de entorpecer la investigación, por ende, no se justifica la prisión preventiva en una instancia tan preliminar del proceso judicial.


  • POSIBLE APLICACIÓN IRREGULAR DE LA DELACIÓN PREMIADA O “ARREPENTIDO”


Según la información difundida por la prensa, la causa “Goleada” se inicia con la declaración y denuncia de un “arrepentido”, en un contexto de posibles irregularidades en su intervención. La figura del delator premiado o arrepentido es constante en gran parte de las causas del lawfare en América Latina; es un patrón repetido a partir de las reformas procesales penales impulsadas por EE.UU. en la región.


  • CONTRADICCIÓN CON EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO


Si bien el alcalde no tiene inmunidades de arresto, al ser un alto funcionario elegido democráticamente para gobernar la ciudad de Guayaquil, para justificar su detención se deben tener los máximos recaudos y una acusación sobradamente fundada, con derecho a una defensa integral. La vía normal para la destitución del alcalde es la decisión del órgano legislativo, es decir el Concejo Municipal de Guayaquil. Mientras no haya sentencia firme o destitución por el Concejo Municipal continúa siendo el alcalde.


  • NON BIS IN IDEM


Es necesario contrastar los hechos, pruebas, acusados y tipos penales (delitos) existentes entre las causas “Triple A” y “Goleada” a fines de evaluar si deben tramitar por separado o unificarse en una única causa, para no vulnerar el principio de non bis in idem, es decir, juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos.


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