El lawfare sigue desestabilizando las democracias de la región

El lawfare es una estrategia que combina la judicialización de la política, la criminalización mediática y, en varios casos, la intervención de Estados Unidos (EE. UU.) para perseguir a líderes y lideresas progresistas. Es una estrategia de “poder blando” que sigue operando de forma permanente y paralela a posibles intervenciones armadas (como sucedió en el caso de Venezuela). A continuación, exponemos una actualización de algunos de los casos más emblemáticos.

En Argentina, en el marco de un gobierno de ultra derecha conservadora en lo político y neoliberal en materia económica, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) continúa en prisión domiciliaria en el marco de la causa “Vialidad”, en un proceso por el que fue condenada pese a graves faltas al debido proceso y la ausencia de pruebas en su contra. Para 2026, la causa clave será "Cuadernos", un caso paradigmático de lawfare donde los cuadernos presentados como prueba central fueron manipulados, y donde se denunciaron extorsiones a "arrepentidos" para que involucraran a CFK. Asimismo, se espera el juicio por el Memorándum con Irán, originado en la absurda denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. En noviembre de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por la causa “Once II”, en una imputación muy difícil de sostener; mientras que en febrero de este año el juez Sebastián Casanello procesó a De Vido por enriquecimiento ilícito. De Vido continúa preso por la primera de dichas causas en condiciones de hostigamiento. En abril de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. prohibió la entrada de CFK al país por supuestos actos de corrupción. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso, el presidente Milei ratificó que “Cristina seguirá presa”, evidenciando los vínculos entre los magistrados que llevan sus causas y sectores políticos alineados con EE.UU.

En Perú, la inestabilidad institucional y el vaciamiento de la democracia están íntimamente vinculados a la judicialización de la política. El expresidente Pedro Castillo fue condenado a 11 años y medio de prisión por los cargos de rebelión y conspiración, tras ser destituido y detenido en diciembre de 2022 en forma inconstitucional, en un contexto de hostigamiento parlamentario. Su ex Primera Ministra, Betssy Chávez, debe cumplir una prisión preventiva arbitraria y para evitarlo debió solicitar refugio en la embajada de México, mientras los gobiernos negocian un salvoconducto. Actualmente, hay cinco expresidentes peruanos presos o procesados, reflejando el avance y la consolidación de la judicialización de la política. El 12 de abril Perú votará nuevo presidente, en un sistema institucional caótico y que sostiene la inconstitucional destitución y la arbitraria prisión de Castillo.

En Bolivia se profundiza el debilitamiento institucional y la polarización generadas con el golpe de Estado de 2019. Con el retorno de la derecha al gobierno, se agudizó la persecución judicial contra líderes del MAS. El expresidente Luis Arce fue apresado en diciembre de 2025 por hechos de corrupción ocurridos durante su gestión como ministro de Economía (2009-2015) y se encuentra en la cárcel de San Pedro. El expresidente Evo Morales, por su parte, enfrenta una acusación formal por el delito de trata de personas, con una reafirmación en febrero de 2026 de la orden de aprehensión vigente. Esta persecución se articula con una campaña de criminalización mediática y se da en un contexto de violencia política que incluyó un atentado contra la vida de Morales.

En Colombia, en año electoral, se redobla la judicialización y los intentos de proscripción de líderes progresistas. En febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió la postulación de Iván Cepeda como candidato a la consulta interpartidista de la izquierda programada para el 8 de marzo próximo, por lo que deberá ir directamente a la primera vuelta presidencial pautada para el 31 de mayo. Previamente, el CNE había intentado impulsar un impeachment contra el presidente Gustavo Petro por el financiamiento de su campaña, aunque la Corte Constitucional declaró su invalidez para investigarlo. Paralelamente, la Fiscalía ha tenido un rol protagónico en la investigación del hijo del presidente, Nicolás Petro, y en causas contra el círculo político cercano. En octubre de 2025, el Tesoro de EE. UU. incluyó a Gustavo Petro, su esposa, su hijo y su ministro Armando Benedetti en la lista de "Designaciones Antinarcóticos" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En Ecuador el lawfare se despliega desde hace prácticamente una década, con gravísimas violaciones al debido proceso y a principios republicanos. La persecución sistemática al progresismo es una constante, particularmente a dirigentes de la Revolución Ciudadana, quebrando la institucionalidad del Estado de Derecho, en un país que vive en un Estado de Excepción. A finales de febrero de 2026, la Fiscalía allanó la sede de Revolución Ciudadana en Quito en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos, por la causa “Caja Chica”. Ese mismo mes, fue detenido preventivamente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, principal opositor al presidente Daniel Noboa y referente de Revolución Ciudadana. Se detecta un abuso al instituto de la prisión preventiva contra un líder opositor en funciones. Días antes, en enero, la Fiscalía allanó la casa de la excandidata presidencial Luisa González en el marco del caso "Caja Chica", por presunto lavado de activos y financiamiento desde Venezuela, una acusación que el presidente Daniel Noboa vinculó a un informe de inteligencia de EE.UU. nunca hecho público. El expresidente Rafael Correa permanece proscrito, y el exvicepresidente Jorge Glas continúa detenido en condiciones crueles e inhumanas tras ser secuestrado de la embajada de México en Quito en abril de 2024, violando la Convención de Viena. El Departamento de Estado de EE. UU. prohibió la entrada al país a Correa y Glas por supuestos actos de corrupción.

En Chile, en un contexto de retorno de la ultra derecha al gobierno, persiste uno de los casos emblemáticos: el de Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, quien permanece en prisión domiciliaria en modalidad preventiva desde junio de 2024 por el caso "Farmacias Populares". Tras el cierre de la investigación en enero de 2026, la Fiscalía solicitó una condena de 18 años y 10 meses de presidio en su contra, en una causa que ha sido interpretada como una inhabilitación política arbitraria.

En Guatemala, el Poder Judicial sigue siendo el bastión de una derecha conservadora que se renueva en diferentes aparatos del Estado desde los Acuerdos de Paz (década de los ’90). La persecución se intensifica contra el presidente Bernardo Arévalo y su entorno. El Ministerio Público (MP) solicitó retirar la inmunidad al presidente y ha procesado a magistrados electorales. Antes de las elecciones, se intentó ilegalizar al partido Semilla. Periodistas como José Rubén Zamora, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y líderes indígenas como Héctor Chaclán han sido encarcelados. En febrero de 2026, el MP intervino la elección de magistrados en el Colegio de Abogados, en un contexto de control total de las instituciones judiciales.

Venezuela representa sin dudas la máxima expresión del lawfare internacional con intervención militar. En enero de 2026, una operación militar de EE. UU. secuestró en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, justificándose en acusaciones penales de "narcoterrorismo" emitidas por el Distrito Sur de Nueva York. Un memorándum de la Oficina de Asesoría Legal de EE. UU. justificó la "detención extraterritorial de fugitivos" como un acto de "aplicación de la ley", sentando un grave precedente para la soberanía de los Estados. Esta acción militar se enmarca en una década de más de mil medidas coercitivas unilaterales que han funcionado como un mecanismo de asfixia económica y social contra el país. A semanas de la audiencia de Maduro y Flores, las autoridades de EE. UU. impide a Venezuela costear la defensa legal.

En Brasil en el marco de las tensiones por la guerra comercial desatada por Donald Trump contra decenas de países, en julio de 2025 el gobierno estadounidense impuso sanciones unilaterales contra el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, por supuestas “graves violaciones a derechos humanos”, particularmente por autorizar detenciones arbitrarias y atentar contra la libertad de expresión. Trump afirmó que el juicio y la condena contra Jair Bolsonaro es una “caza de brujas”. En diciembre de 2025, y en un contexto de negociaciones entre los gobiernos de Trump y Lula, se levantaron las sanciones contra el juez de Moraes.

Los ejemplos mencionados no son casos aislados, sino que evidencian un patrón regional de disciplinamiento político que afecta profundamente nuestras democracias y se inserta en una disputa geopolítica más amplia. Para mayor información, ver nuestro último libro: Manual del Lawfare (desde la perifieria).