Inhabilitación de Evo Morales: el objetivo del lawfare

El 19 de mayo fue rechazada la inscripción de candidato de Evo Morales para presentarse a elecciones presidenciales, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el argumento de haber anulado la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), el cual es la plataforma que impulsa el binomio Evo Morales – Wilma Alanoca. Este rechazo será discutido judicial y políticamente por Evo Morales.

Esta situación refuerza las tensiones en un escenario sumamente conflictivo que lesiona el funcionamiento de la democracia boliviana, donde el TSE y el Poder Judicial han protagonizado la persecución política sistemática contra Evo Morales y el sector político al que representa, incluyendo un atentado contra la vida del líder en octubre de 2024. Este proceso de lawfare tiene el objetivo de inhabilitar a Morales, impedir que compita en las urnas, como ha sucedido con otros líderes y lideresas en la región que representan a sectores populares.

A continuación, una breve cronología de lo sucedido en el mes de mayo, apuntalando el proceso de lawfare.

5 de mayo: el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la orden de aprehensión y la declaratoria de rebeldía contra el expresidente continúan vigentes y remarcó que su ejecución está en manos de la Policía Boliviana.

13 de mayo: el TSE admitió una denuncia de Peter Erlwein Beckhauser (activista cruceño, exabogado de García Meza y actual abogado de Eva Copa) que pidió cancelar la personería jurídica de PAN-BOL y del FPV debido a que ambos frentes políticos no obtuvieron el mínimo de 3% de votación en las elecciones presidenciales de 2020.

14 de mayo: El pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) presentó la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0007/2025 de 13 de mayo, la cual determina que ningún ciudadano boliviano –bajo ninguna circunstancia–, puede ejercer más de dos veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea ello de forma continua o discontinua, forzando una interpretación de la Constitución boliviana ajena a todas las tradiciones de los sistemas republicanos con impedimento únicamente a la reelección continua.

Ese mismo día Morales fue denunciado en Argentina por delitos graves de lesa humanidad durante su mandato. La denuncia fue formalizada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y otros organismos. La base de la denuncia es bajo el derecho de jurisdicción universal de la Ley 26.200. Los casos son:

l  Caso Dirk Schmidt (Condenado en 2010 por terrorismo y alzamiento armado);

l  Terrorismo (detención de Alejandro Melgar Pereira y otros, acusados de formar una célula separatista).

l  Caso Fondio (Marco Antonio Aramayo denunció irregularidades financieras en el Fondo Indígena);

l  Caso Alberto Leopoldo Díez Luque (Detenido en 2017 y acusado de poseer cocaína).

De este modo se intenta complicar el frente judicial del ex presidente boliviano con una persecución internacional, como ya se ha intentado en otras oportunidades tanto desde Argentina como desde Perú.

16 de mayo: en respuesta a la resolución judicial Evo Morales mencionó que “no abandona batalla” y se efectuó una marcha en su apoyo. El gobierno de Arce le impidió la entrada a Morales para inscribir su candidatura, bajo amenaza de su detención. La caravana llegó hasta la plaza Abaroa en La Paz y fue reprimida con gas lacrimógeno.

A su vez, fue detenido el dirigente campesino Ponciano Santos dirigente de la CSUTCB, entre otras numerosas detenciones de referentes y dirigentes sociales.

En simultáneo, Peter Erlwein Beckhauser presentó otra denuncia ante el TSE para que el Movimiento Tercer Sistema, que busca un acuerdo con el senador Andrónico Rodríguez, sea cancelado debido a que no renovó su dirección nacional, de acuerdo a estatutos internos y a pesar de los pedidos de la autoridad electoral, lo cual violaría la ley de Organizaciones Política inciso e) parágrafo I del artículo 58 de la Ley 1096 de fecha 01/09/2018. La acción en contra del Movimiento Tercer Sistema se presentó en Beni. Esta acusación busca impedir la candidatura de Andrónico Rodríguez, profundizando la falta de democracia.

17 de mayo: el dirigente campesino Ponciano Santos es enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses. La resolución la dio el juez segundo de instrucción penal de La Paz.

19 de mayo: Después de que dos salas constitucionales ordenaran al TSE impedir la inscripción a candidato de Andrónico Rodríguez a la presidencia, éste declaró que “están jugando con fuego” y que peligran las elecciones.

En medios de comunicación, Peter Beckhauser mencionó que, tras la anulación de Evo Morales y Andrónico, el que sigue es Eduardo del Castillo. Admitió que es candidato a diputado suplente por la Circunscripción 5 de Santa Cruz, por la alianza Unidad, de Samuel Doria Medina. Quien lo invitó a formar una alianza política es Efraín Suárez, vocero del gobernador electo Luis Fernando Camacho, de Creemos.

En la noche del lunes 19 fue rechazada la inscripción de candidato de Evo Morales porque el partido que ampara la candidatura, Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) no cuenta con personería jurídica. Wilfredo Chavez, advirtió que el TSE es el responsable de lo que ocurra en el país por no inscribir a Evo Morales.

20 de mayo: el TSE dejó en suspenso la inscripción de Andrónico hasta el 21 de mayo. Depende de la resolución que de La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

El ex presidente Evo Morales informó públicamente que el Instrumento Político Evo Pueblo cumplió los requisitos y plazos formales establecidos para registrar el binomio presidencial mediante el sistema digital del TSE, a la vez que el registro físico adjuntando planillas y documentación fue realizado en las oficinas del TSE acompañados por un notario. También convocó a un Gran Reencuentro Nacional, para establecer líneas políticas de unidad frente a la crisis económica y los abusos de poder.

Comentario: Bolivia presenta una forma particular de judicializar una elección y anular candidatos por la vía del partido. Las denuncias presentadas por una persona (Peter Beckhauser) están llevando al país a un lawfare partidista que desestabiliza aún más al país. El abuso de la ley, el aprovechamiento de la división interna del MAS, así como la violación de la autonomía relativa del Estado e instituciones judiciales y electorales están provocando en Bolivia una crisis democrática de enormes magnitudes, socavando la soberanía popular y la posibilidad de elegir libremente en las urnas a las autoridades políticas del Estado Plurinacional.