Ecuador opera como base militar de EE.UU.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el 18 de junio de 2026 el Decreto Ejecutivo N.° 424, que reconoce por enésima vez la existencia de un "conflicto armado interno" en el país y establece un conjunto de medidas para enfrentarlo: cooperación internacional en seguridad, indultos y amnistías para militares, policías y civiles que actúen "en defensa del Estado" e inmunidad para el personal extranjero de "Estados cooperantes" que participe en acciones en el marco de ese conflicto, conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por Ecuador.

Se trata de la apertura para que tropas extranjeras, particularmente de Estados Unidos, actúen en el país protegidas de procesos judiciales locales. Esta inmunidad no es nueva. Ya estaba garantizada desde 2023, mediante un instrumento más robusto y específico: el Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA) entre Ecuador y Estados Unidos.

El SOFA: la inmunidad que ya existía

El SOFA fue firmado en Quito el 6 de octubre de 2023, bajo el gobierno de Guillermo Lasso, y ratificado luego por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo N.° 164, del 15 de febrero de 2024, cuatro meses después de asumir el cargo. Ese mismo día, Noboa ratificó también, mediante el Decreto N.° 165, el Acuerdo Relativo a Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas (SHIPRIDER), orientado a la cooperación naval contra el narcotráfico.

Mientras el Decreto 424 se plantea en términos de “Estados cooperantes”, el SOFA otorga al personal militar y civil del Departamento de Defensa (actual Departamento de Guerra) de Estados Unidos, y a sus contratistas, privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los del personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Más aún: el acuerdo establece que cualquier "exceso" cometido por ese personal será juzgado por la propia justicia de Estados Unidos, no por la ecuatoriana, y garantiza el libre desplazamiento en territorio de Ecuador para aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa estadounidense.

Es decir: tres años antes de que el Decreto 424 declarara, en términos genéricos, que "el personal extranjero de los Estados cooperantes... gozará de inmunidad", Ecuador ya había firmado y ratificado un instrumento que concede exactamente eso y en términos todavía más amplios específicamente a Estados Unidos.

Galápagos: el laboratorio donde el SOFA ya funciona desde 2024

La aplicación práctica de ese marco no quedó en el papel. El 10 de diciembre de 2024, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) aprobó la Resolución N.° 23-CGREG-10-12-2024, que activa formalmente el SOFA y el SHIPRIDER en el archipiélago, autorizando el ingreso de buques de guerra, aeronaves de Estado, submarinos y personal militar de Estados Unidos para operaciones contra "actividades marítimas transnacionales ilícitas".

La resolución exonera a ese personal del pago de la tasa de ingreso a las áreas protegidas y de la tasa de control de tránsito migratorio, establece que podrán identificarse únicamente con pasaporte o credencial emitida por el gobierno de EE.UU., y dispone que, en caso de algún problema o controversia, las autoridades locales deben notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa y a la embajada, no abrir un proceso en el ámbito judicial ecuatoriano. El documento detalla que los submarinos no podrán navegar sumergidos dentro de la Reserva Marina, una concesión simbólica a la legislación ambiental que convive con la cesión de soberanía jurisdiccional sobre el personal militar.

¿Por qué se requiere de decreto?

Si la inmunidad ya existía, ¿por qué Noboa necesitó reafirmarla ahora, en un decreto aparte? Una pista está en la propia genealogía de la figura del "conflicto armado interno" en Ecuador. Desde que fue instaurada por primera vez, en enero de 2024 (Decreto 111), la Corte Constitucional del país cuestiona el uso de esa causal para sostener sucesivos estados de excepción, por considerarla jurídicamente frágil. Ante fallos desfavorables del tribunal, el gobierno ecuatoriano optó por separar formalmente el reconocimiento del conflicto armado interno de los decretos de estado de excepción, que siguen dictándose aparte, provincia por provincia, cada 60 días.

El Decreto 424 cumple así una función doble: blinda jurídicamente el discurso de la "guerra" contra el crimen organizado en un instrumento autónomo, y al mismo tiempo amplía el universo de beneficiarios de la inmunidad; de Estados Unidos, en el SOFA, a Estados cooperantes en general, una categoría más flexible que puede abarcar a otros países o incluso a contratistas privados de seguridad. Es importante leer este cambio en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcoterrorismo y la formación del denominado Escudo de las Américas.

Ecuador es, en los hechos, una base estadounidense

Este movimiento ocurre en un contexto de profundización acelerada de la presencia militar de EE.UU. en Ecuador, incluso después de que un referéndum, en noviembre de 2025, reafirmara la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en el país, heredada del cierre de la base de Manta en 2008. En aquella consulta popular más del 60% de los ecuatorianos rechazaron la propuesta presidencial de eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras con propósitos militares en territorio nacional.

Sin base formal ni respaldo social, pero con el SOFA, el SHIPRIDER y ahora el Decreto 424 como andamiaje jurídico, tropas de EE.UU. operan desde una base aérea en Manta en el marco de la llamada Operación Lanza del Sur, anunciada por el gobierno Trump en septiembre de 2025. En marzo de 2026, el Comando Sur confirmó apoyo directo a operaciones contra organizaciones clasificadas como "narcoterroristas" en Ecuador; una de ellas terminó destruyendo, según vecinos consultados por The New York Times, no una base de un grupo armado sino una finca lechera en Sucumbíos, en la frontera con Colombia. En marzo, el FBI firmó un memorando que autoriza presencia permanente de agentes en territorio ecuatoriano. Y entre enero y abril de este año, sobrevivientes de embarcaciones pesqueras artesanales ecuatorianas denunciaron ataques de drones y fuerzas especiales de EE.UU. en aguas del Pacífico, con relatos de tortura y traslados forzados a El Salvador.

La propia doctrina militar de EE.UU. ya había marcado el camino. En un artículo publicado en septiembre de 2025 en Military Review la revista del Army University Press, el mayor Abdón I. Garay-Briones defendió abiertamente la instalación de una base aérea estadounidense en Ecuador como forma de ampliar la vigilancia regional y contener la influencia de China y Rusia, citando explícitamente la ratificación del SOFA en 2024 como el nuevo "marco legal robusto" que faltaba para viabilizar esa presencia, en contraste con el vacío jurídico que, según el autor, perjudicó a la antigua base de Manta entre 1999 y 2009.

En una investigación académica reciente, situamos este proceso en una clave más amplia: la de un país transformado, por la vía del lawfare contra el correísmo y del refuerzo de la cooperación en seguridad, en una suerte de "base ampliada" de los intereses geopolíticos de Washington en Sudamérica, con la asistencia militar y en seguridad de EE.UU. a Ecuador saltando de 800 mil dólares en 2017 a un pico de 172 millones en 2022. En un análisis más reciente sobre el mismo proceso, mostramos cómo ese andamiaje ya se viene usando, incluso, para proyectar inestabilidad regional más allá de las fronteras ecuatorianas, como en el caso de la bomba del Ejército de Ecuador que cayó en territorio colombiano, en Putumayo, en marzo de 2026, en pleno contexto preelectoral.

La profundización de la inmunidad militar estadounidense

El Decreto 424, en definitiva, no es el origen de la inmunidad militar extranjera en Ecuador: es su tercera capa normativa, después del SOFA (2023/2024) y de la resolución de Galápagos (2024), y la primera en vincular esa inmunidad explícitamente al discurso de la "guerra interna" contra el crimen organizado, buscando un blindaje frente a futuros cuestionamientos de la Corte Constitucional. Leer el decreto de manera aislada es perder de vista un proceso de casi tres años de construcción jurídica que ya había resuelto, en la práctica, la cuestión de la inmunidad, y que apunta, con o sin base formal, a una presencia militar de Estados Unidos cada vez más consolidada en el país, en el contexto del relanzamiento de la Doctrina Monroe.