¿Lawfare en España? Judicialización de la política y acoso mediático: Caso Plus Ultra y casos que afectan imagen de Pedro Sánchez

Una nota del periódico El País, de España, titula: “Más del 65% considera que el lawfare existe en España” (6 de julio de 2026). Tal como experimentamos en varios países de América Latina en las últimas décadas, se observa en España una creciente y sostenida judicialización de la política. En los últimos años, predominan portadas de diarios, análisis en TV, radio y relatos en Redes Sociales centrados en cuestiones judiciales: denuncias (falsas o no), investigaciones, juicios, condenas, etc.

Las causas y acoso judicial y mediático contra representantes de Podemos (más de 20 querellas archivadas entre 2015 y 2023 involucrando a Pablo Iglesias, Irene Montero, Victoria Rosell, entre otros/as integrantes, y siguen), las causas contra Mónica Oltra (Compromís, Valencia), la judicialización de los líderes del “procés” en Cataluña o la judicialización de la militancia en el País Vasco (repleta de polémicas). Existen casos que implican a dirigentes del PP o de Vox (partidos de derecha/ ultra derecha) que, no obstante, se caracterizan por un menor impacto mediático y una tendencia más favorable en los tribunales. En términos generales, este escenario abre una necesaria discusión sobre el rol del poder judicial en la política española y el papel que juegan los medios de comunicación. Puede observarse el modo en que sectores políticos conservadores y de la derecha española, vienen utilizando los tribunales con la finalidad de afectar al amplio espectro del progresismo en España, incluido el partido de gobierno. Todos los días una nueva denuncia, un rumor, una nueva causa o la reapertura de causas que habían concluido. La agenda diaria incluye relatos sistemáticos sobre involucrados, cómplices, delincuentes, repitiendo una y otra vez el patrón de condenar mediáticamente antes de tener la sentencia judicial.

Uno de los casos que viene teniendo impacto en la opinión pública son las investigaciones abiertas al líder histórico del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en la denominada causa Plus Ultra, que tiene vinculación con América Latina, en particular, con Venezuela, país que desde los principales medios de comunicación, el gobierno estadounidense y los partidos de derecha de occidente, ha sido caracterizado y estigmatizado como Estado fallido, dictadura democrática, corrupta, etc., desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999. Este caso parece tener un objetivo bastante claro: afectar la credibilidad y confianza en el PSOE y la figura de Pedro Sánchez (sumándose a otras causas que afectan a familiares o círculo cercano). El caso que involucra a Rodríguez Zapatero contó con información y apoyo del gobierno de EE.UU.

A continuación, presentamos un resumen del caso Plus Ultra retomando algunos de los indicadores presentes en casos de lawfare en América Latina: el modo en que opera el poder judicial, las pruebas y las constantes filtraciones, el timing político; el rol de EE.UU.; el acoso mediático: análisis preliminar del impacto en medios de comunicación y matriz de opinión negativa sobre los involucrados (nube de palabras) y otras causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez (Anexo). Se presentan dos ilustraciones a modo de síntesis de las instituciones, organizaciones y personas vinculadas a las causas.

Si los involucrados son culpables (o no) de los delitos por los que han sido acusados, debe demostrarlo en tiempo y forma la justicia. El informe concluye que existen algunas continuidades con casos de lawfare en América Latina, particularmente, el uso de causas judiciales combinadas con acoso mediático, con objetivos políticos. Para constatar, ver: Manual del lawfare (desde la periferia).

Resumen caso Plus Ultra

Desde la segunda quincena del mes de mayo, el Caso Plus Ultra ocupa el centro de la agenda política y mediática de España, sumándose a otros que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez. Se trataría de una serie de negocios ilícitos vinculados al rescate de la aerolínea española Plus Ultra (empresa fundada en España con accionariado mayoritario venezolano) en el contexto de pandemia, red ilegal supuestamente liderada por el ex presidente y referente histórico del PSOE, Rodríguez Zapatero. El 17 de junio de 2026 el ex presidente Rodríguez Zapatero compareció durante casi tres horas como imputado ante el juez Calama, defendiendo su inocencia y presentó una autorización universal voluntaria para constatar su honestidad.¹ El 18 de junio de 2026, el Juez a cargo de la causa imputó a las hijas de RZ, y también a su secretaria, por canalización y redistribución de fondos en el entramado societario. El 24 de junio, se amplió el caso, incluyendo operaciones de empresas vinculadas a Zapatero en Bolivia y Perú.

Universo institucional, judicial y mediático del caso Plus Ultra y de causas del entorno de Pedro Sánchez

Ilustración 1

AMBITO JUDICIAL

1. El modo de operar del Poder Judicial

   
   

En 2021 comenzó una investigación en el Juzgado de Instrucción N° 15 de Madrid por presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención de subvenciones vinculado al salvataje de la aerolínea Plus Ultra, pero fue cerrada en enero de 2023 por falta de pruebas (la Fiscalía y la Abogacía del Estado entendieron que no había indicios de ningún delito). La jueza Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción N° 15 de Madrid mantuvo abierta casi dos años la investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra (2021-2023), tras una querella del pseudosindicato Manos Limpias, a la que se adhirieron PP y Vox. Manos Limpias es una organización de ultraderecha que ha promovido acusaciones en más de 50 casos que han sido desestimados por falta de elementos.

La Fiscalía Anticorrupción presentó querella ante la Audiencia Nacional² en octubre de 2024, a partir de las Órdenes Europeas de Investigación (OEI) cursadas por las autoridades francesas y suizas contra varios ciudadanos extranjeros (dos peruanos, dos venezolanos, un holandés y un abogado español) en el marco de una investigación sobre una supuesta trama de blanqueo vinculada a Venezuela. Sin embargo, el Juzgado Central de Instrucción N° 2 de la Audiencia Nacional la inadmitió por considerar que no era competente para investigar esos hechos, dado que el delito de blanqueo imputado no tenía su ejecución íntegramente en el extranjero, sino que presentaba una dimensión predominantemente interna. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esa decisión en diciembre de 2024 y recomendó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción N° 15 de Madrid, que ya había investigado el rescate entre 2021 y 2023, como así hizo. Fue ese juzgado el que ordenó los registros y detenciones de diciembre de 2025 y, el 27 de febrero de 2026, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que esta vez sí aceptó la competencia bajo la nueva calificación de los hechos como organización criminal transnacional.

La jueza Collazos, del Juzgado de Instrucción N° 15 de Madrid, reabrió la causa en 2025, pero dejando fuera lo relacionado a la concesión del rescate público de Plus Ultra en el contexto del COVID, puesto que esa materia ya había quedado investigada y archivada en 2023 por no existir indicios delictivos. Lo que se investigó a partir de ese momento, fue el destino final de los 53 millones de euros del rescate, el uso "indebido" que supuestamente hicieron de ellos los responsables de Plus Ultra. En este contexto emerge Zapatero como supuesto líder de la trama de influencias ilícitas.

En febrero de 2026, como se explicó, la Audiencia Nacional se quedó con la investigación. Se intervinieron dos discos duros, teléfonos móviles, 'pendrives' y carpetas, incluidos dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar.

1.a) Timing y reapertura de causas en contextos electorales

Si bien no es posible afirmar una relación directa entre los procesos electorales y la causa Plus Ultra, sí emergen ciertas coincidencias con contextos políticos que pueden indicar la existencia del timing, otro elemento del lawfare. En primer lugar, la denuncia presentada por Vox, PP y Manos Limpias, se da en abril de 2021, semanas antes de la realización de las elecciones autonómicas de Madrid, convirtiéndose el caso en un tema principal de la campaña que finalmente derivó en el triunfo de Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso sostuvo en enero de 2026 que Zapatero tendría problemas porque "un juez estadounidense le está investigando por su mediación en rescates de aerolíneas". Ya en mayo de 2026, luego de 10 días de titulares en la prensa sentenciando como culpable a RZ por delitos de corrupción, el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional levantó el secreto de las actuaciones sobre el caso Plus Ultra y acordó citar como investigado al expresidente del Gobierno como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

El juez Calama levantó el secreto de sumario e imputó a Zapatero el martes 19 de mayo de 2026, apenas dos días después de las elecciones al Parlamento de Andalucía, celebradas el 17 de mayo de 2026. En esos comicios, el PP ganó pero no alcanzó la mayoría absoluta y el PSOE obtuvo su peor resultado histórico. La imputación llegó cuando la herida del PSOE en Andalucía todavía estaba abierta y el partido procesaba una derrota que se describía como "laboratorio" de las próximas elecciones generales. El PP de inmediato exigió la comparecencia urgente de Pedro Sánchez y declaró que era "de una gravedad extrema", mientras Vox pedía elecciones anticipadas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había anticipado una semana antes de que el juez Calama levantara el secreto del sumario que “pronto se sabrán cosas” sobre Zapatero.

1)b. Selectividad/violación principio juez natural: La defensa de RZ reclama la nulidad de la causa abierta contra él argumentando “el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia”. Destaca que se ha vulnerado el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley porque la asunción de competencia del juzgado número 15 de Madrid no se ajustaba a derecho, “ni debió formarse una pieza separada: la denuncia tenía que haberse enviado a reparto y no teledirigirse al Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, aunque eso pudiera resultarle más conveniente a la denunciante, consiguiendo una tramitación más acelerada”.

1.c) Las pruebas y la implicación de Zapatero

La prensa se involucró de lleno en la publicación del proceso de búsqueda de pruebas. El Ministerio Público acordó con la necesidad de registro e intervención de correos y de lo necesario para esclarecer el caso. Es así que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional incautó varias joyas y relojes de una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente del Gobierno. También se intervinieron dos discos duros, teléfonos móviles, 'pendrives' y carpetas, incluidos dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente. Se incautaron asimismo las agendas físicas de Zapatero entre 2019 y 2025 y varias carpetas relacionadas con su supuesta actividad de consultoría. El único lugar exento es el domicilio privado de RZ.

DATO: El principal motivo para enfocar la investigación en RZ es el teléfono móvil intervenido por EEUU al venezolano Rodolfo Reyes Rojas, el accionista mayoritario de Plus Ultra. Una agencia del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense envió a la Policía en España una copia del teléfono del principal accionista de Plus Ultra.

El 10 de junio de 2026 el magistrado Calama, a cargo de la causa, envió una resolución a la agencia de seguridad dependiente del Ejecutivo norteamericano para que se le ofrezca una autorización oficial que le permita utilizar los mensajes incautados a Rodolfo Reyes. Esta petición se da antes de que la defensa de Zapatero pueda intentar anular la validez probatoria de dichas conversaciones por haber sido interceptadas por un organismo extranjero y no por la policía judicial española.

El relato judicial reconstruye una red empresarial alrededor del rescate público de Plus Ultra en 2020-2021, articulada en torno a Julio Martínez Martínez y nutrida por un entramado de sociedades —Análisis Relevante, Whathefav, Inteligencia Prospectiva, Caletón Consultores, Softgestor, Idella, Landside Dubai— con flujos económicos cruzados que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) describe como instrumentales. En el centro de ese relato, según el juez, está José Luis Rodríguez Zapatero.

De acuerdo al juez Calama, existió una estructura dirigida por RZ destinada a aprovechar sus contactos personales para obtener dinero. La red, de la cual él sería el jefe u organizador en la cúspide, habría estructurado sus operaciones financieras en distintas etapas para que el circuito del dinero hasta sus beneficiarios finales quede oculto.

Otro dato llamativo: un informe de la ONIF de la Agencia Tributaria, incorporado a la instrucción penal, acredita que las empresas del supuesto testaferro Julio Martínez Martínez facturaron a administraciones gobernadas por el PP: la Comunidad de Madrid le pagó más de 179.000 euros y la Junta de Andalucía más de 62.000 euros entre 2020 y 2024. Falta dilucidar si, para el juez, esto también forma parte del supuesto entramado ilegal o cómo lo encuadra. A priori, asoma como una contradicción en el argumento acusatorio.

El juez, en concreto, investiga un entramado de sociedades radicadas en España y en otras latitudes (entre ellas, Dubái), a la vez que cruza información sobre transferencias de cientos de miles de euros, buscando detectar si obedecen a facturas y contratos reales, o si fueron ficciones impuestas para ocultar lavado de dinero y para evadir al fisco. Además, el juez Calama tiene sus sospechas en una reunión que RZ tuvo el 7 de septiembre de 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (actualmente es gobernador del Banco de España). De acuerdo a RZ y a Escrivá, en la reunión se trabajaron temas relativos a las pensiones en el contexto de la pandemia. Sin embargo, desde la perspectiva del juez, pudieron haber conversado sobre el perdón a una deuda de Plus Ultra con Seguridad Social, en tanto días después se dio el aplazamiento de una deuda de la empresa de ese estilo, un requisito legal para permitir el salvataje a la compañía aeronáutica. El asunto es que más allá de la prueba sobre la reunión puntual, no consta el contenido de la reunión. Un expresidente del Gobierno se reúne con ministros constantemente, sobre asuntos muy diversos.

Pruebas que levantaron sospechas:

• La carta del Santander. En una carta de mayo de 2020, dirigida por directivos de Plus Ultra al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, dice «siguiendo instrucciones del Presidente, JLRZ…», para solicitar un crédito, el cual finalmente no fue formalizado. El ex presidente RZ admitió que habló por teléfono con directivos del Banco para que atiendan a los responsables de Plus Ultra, pero se desvinculó del contenido de la carta, afirmando que no dio instrucciones de ningún tipo.

• Una llamada de 11 minutos entre RZ y Julio Martínez Sola (directivo de Plus Ultra). Existió el 30.04.2020. El contenido se desconoce: los teléfonos se incautaron mucho después y no había escucha autorizada. Lo único que hay es a Rodolfo Reyes (accionista de Plus Ultra) diciendo a Ramón Gordils (diplomático venezolano): «Julio habló con ZP. 11 min».

• Landside Dubai. De acuerdo al juez Calama, se trata de una sociedad offshore radicada en Dubái para canalizar comisiones ilegales derivadas del rescate de Plus Ultra. El juez investiga si RZ instruyó su creación para canalizar el 1% del rescate.

• Joyas incautadas: En el marco de la investigación, la UDEF secuestró de una caja fuerte del despacho de RZ, unos collares de oro blanco, con piedras preciosas, además de otras piezas de joyería, valorado todo inicialmente en 1,3 millones de euros. El juez investiga si fueron declaradas ante Hacienda y a la vez se espera que RZ entregue la documentación respaldatoria sobre el origen de las joyas. Mientras tanto, el juez Calama aceptó a la Agencia Tributaria a comparecer como perjudicada en el expediente; actualmente la Agencia prepara su acusación formal.

Máxima calificación penal: por el momento, se trata de indicios, referencias de terceros sobre Zapatero, conversaciones interceptadas de otros investigados, o hechos cuyo contenido material no consta. El juez infiere, a partir del conjunto, una hipótesis acusatoria. Pero la inferencia es eso: por lo pronto, una sumatoria de indicios que el juez interpreta. A pesar de la debilidad probatoria, se imputó a RZ calificado penalmente en términos máximos —organización criminal, no simple cooperación; liderazgo, no participación. Esta decisión empujó/contribuyó campaña mediática de descrédito, sentenciando de culpable a RZ ante la opinión pública. Por ahora, el juez no impuso ninguna medida cautelar (como podría ser la prisión preventiva o el impedimento de salir de España), a pesar del pedido de la Fiscalía.

Filtraciones constantes: El caso Plus Ultra continúa en etapa de instrucción, donde se supone que la información es reservada. Sin embargo, parte de la información ha sido filtrada en la prensa, contribuyendo a dictar sentencia en la prensa. En la semana del 22 de junio, quedaron al descubierto la agenda del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los mensajes de Whatsapp intercambiados con su secretaria, Gertrudis Alcázar, con citas, reuniones y gestiones profesionales del exmandatario, pero también las personales. Lo mismo sucedió con los audios de la declaración del expresidente ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Estas filtraciones evidencian que desde el juzgado se descuida la privacidad de las pruebas, lo cual viola los deberes de reserva propios de un proceso penal.

Prueba discutida: En el eje del debate hay un disco duro de cuatro terabytes que desde 2024 está en poder de Fiscalía Anticorrupción tras unos registros ejecutados por la Policía el 24 de octubre de ese año, a petición de las autoridades de Francia y Suiza. En aquellas entradas se intervino abundante documentación digital, incluidas conversaciones de WhatsApp que posteriormente fueron analizadas por los investigadores españoles. La defensa de RZ argumenta que ese material requiere de una autorización judicial específica para ser utilizada nuevamente.

En efecto, la defensa de RZ plantea que en la producción probatoria se vulneraron derechos como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de juez natural ya mencionado. Al haberse obtenido material probatorio de comunicaciones privadas y datos personales examinados sin autorización de un juez, estaría violado todo el procedimiento y debería declararse la nulidad de la causa. Puntualmente, la defensa argumenta que el examen de las conversaciones privadas del abogado Miguel Palomero de Juan se hizo sin ninguna resolución judicial que lo autorice.

Nuevas imputaciones: El 18 de junio de 2026, el Juez Calama imputó a las hijas de RZ, Alba y Laura Rodríguez,y también a su secretaria, Gertrudis Alcázar, por canalización y redistribución de fondos en el entramado societario. El juez considera que las hijas de RZ son administradoras de la mercantil Whathefav, que habría recibido cerca de 240.000 euros en la trama de pagos al entorno de RZ tras el rescate de la aerolínea Plus Ultra, de acuerdo a la imputación.

Ampliación del caso: En paralelo, se publica en la prensa: “se han detectado conversaciones de las que se desprendería el ejercicio de influencia por parte de Zapatero a favor del grupo empresarial peruano asentado en distintos países de Sudamérica”. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala que el expresidente RZ cobró 200.000 euros por "influir" a favor de un grupo peruano ante el Gobierno de Bolivia. En concreto, su presunta participación fue para resolver los problemas judiciales del Grupo Gloria en Bolivia, donde una de sus filiales, Soboce, había sido condenada a pagar 107 millones de dólares por competencia desleal. Los investigadores llegan a esta conclusión por una "concatenación de hechos acreditados", pero no explican cómo esa supuesta mediación de carácter "ilícito" provocó que el Tribunal Constitucional paralizara el pago de la multa a la filial del grupo peruano.

2. Rol clave de EE.UU.

   
   

En las principales causas de lawfare registradas en América Latina, las oficinas del gobierno estadounidense tienen un rol importante.

En el caso Plus Ultra, ha sido fundamental, tal como lo indica el propio auto de imputación de Zapatero, expresando que no se habría alcanzado este avance en el caso si el Homeland Security Investigations, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, no hubiera enviado a la Policía en España una copia del teléfono del principal accionista de Plus Ultra. El dispositivo fue incautado al empresario venezolano en 2021, cuando todavía gobernaba Joe Biden.

Ilustración 2

AMBITO MEDIÁTICO

Campaña de descrédito en prensa y sentencia previa

El caso de Rodríguez Zapatero tiene su dimensión mediática. Los medios han retomado el caso Plus Ultra y le han dedicado notas y varias columnas de opinión. Se abordaron cuatro medios españoles e Infobae, que tiene especial llegada/impacto en América Latina: El País, El Diario.es, ABC e Infobae.

Se consideraron 172 notas y columnas de opinión escritas entre el 19 de mayo de 2026 al 30 de junio. Sumamos cuatro notas más de ABC con fechas anteriores, del 9 de enero, 1° de mayo, 3 de febrero de 2026 y 16 de diciembre de 2025. Estas últimas son relevantes por su información y porque son el antecedente directo del proceso de juicio mediático contra Rodríguez Zapatero.

• De las 176 notas el medio que más ha dedicado espacio a RZ es Infobae, con 38.6%, El Diario.es con 29%, El País con 17% y ABC con 15.3%.

• El momento en que más notas se publicaron fue la semana entre 15 y el 21 de junio, siendo Infobae el que más notas dedicó en ese momento.

• De un análisis de los titulares de los cuatro medios de comunicación, 121 notas tienen un carácter negativo, frente a 30 notas positivas. Quiere decir que 7 de cada 10 notas fueron negativas.

• Infobae es de nuevo el que más notas negativas tiene con 49 frente a 11 positivas y 8 neutras. El Diario.es tiene 28 notas negativas frente a 14 positivas. El País 22 notas negativas contra 4 positivas y ABC 22 negativas contra 1 positiva.

Nube de palabras

Red de instituciones, organizaciones y personas vinculadas a la causa Plus Ultra y causas abiertas a círculo cercano y colaboradores de Pedro Sánchez

ANEXO 1

Judicialización de personas del entorno inmediato de Pedro Sánchez

Hermano de Pedro Sánchez; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. El 1 junio 2026, se ha reanudado el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz. David Sánchez será juzgado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Se rechazó la nulidad pedida por las defensas. El pedido fue realizado porque los delitos fiscales y de malversación que figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias -junio de 2024- que abrió la investigación, no son los que finalmente dieron pie al escrito final de apertura de juicio oral (tráfico de influencias y prevaricación). Queda visto para sentencia el juicio por la contratación de David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, como presidente de la Diputación de Badajoz,

Sobre el caso: La causa abierta contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, se está cayendo por su propio peso. La investigación, basada en una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias, se centra en una posible contratación irregular y la comisión de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, pero durante la primera y segunda jornada del juicio quedó desmontada por importantes testimonios y la retirada de uno de los delitos.

A inicios de junio, prosiguió el juicio oral: Once investigados, ocho defensas, siete acusaciones populares, una fiscal, 42 testigos y peritos, 160 periodistas, cámaras y fotógrafos acreditados, decenas de policías y guardias civiles, tres magistrados, un elevado número de funcionarios de la Administración de Justicia, ocho intensas sesiones -algunas maratonianas- repartidas en dos semanas.

El 8 de junio de 2026, la fiscal del caso que juzga a David Sánchez y al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, Begoña García Boró, ha pedido en su informe final una sentencia absolutoria al considerar que en la fase de instrucción ni con las pruebas llevadas a cabo en este juicio han quedado acreditados los delitos penales contra los once acusados que puedan "desvirtuar" la presunción de inocencia. La representante del Ministerio Público considera que se ha producido un "evidente fraude procesal y atentatorio de la buena fe" por parte de las acusaciones populares. Excepto Manos Limpias, el resto de acusaciones populares —PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos— aumentaron en sus conclusiones finales las penas de prisión que solicitaban para Sánchez y Gallardo, con incrementos de cuatro a seis años de cárcel.

Habrá un fallo, probablemente luego de las vacaciones de verano en España, pero decida lo que decida el tribunal, se augura un largo camino judicial de recursos a instancias superiores.

Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez)

La investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, fue iniciada en abril de 2024 a partir de una denuncia de Manos Limpias. El propio jefe de Manos Limpias reconoció después que toda la denuncia estaba basada en recortes de prensa, incluyendo al menos un artículo que atribuía erróneamente una subvención a Gómez que en realidad correspondía a otra persona. El instructor de la causa es el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción N° 41 de Madrid. Los hechos investigados giran en torno a la supuesta utilización por parte de Gómez de su condición de esposa del presidente para favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en concursos públicos, a través de cartas de recomendación. La causa se amplió progresivamente para incluir su actividad académica en la Universidad Complutense (dos másteres y una cátedra extraordinaria), su trabajo en el Africa Center del IE Business School, y una supuesta vinculación con el rescate de la aerolínea Air Europa. Los delitos imputados son tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Están también imputadas su asistente personal en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Cabe recordar que la defensa de Begoña Gómez acusa al magistrado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal” y de tramitar el procedimiento “como si tuviera excesiva prisa”. Durante los más de dos años que dura la investigación, los tres jueces de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

El 20 de junio de 2026, el juez Peinado acordó abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, imponiendo medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y obligación de comparecer cada quince días en sede judicial. El 24 de junio, Begoña Gómez entregó su pasaporte al Juez Peinado. En su auto, Peinado asegura que "no cabe duda" de que "esos agentes", en alusión a los escoltas que custodian a Gómez, "en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". El 13 de julio los tres magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid deliberarán sobre los recursos interpuestos contra el auto del 20 de junio, que incluye tanto la decisión de enviar el caso a juicio con jurado popular como las propias medidas cautelares.

El 9 de julio, la Fiscalía de Madrid pidió la absolución de Begoña Gómez en el caso que investiga su actividad profesional, al no apreciar delito alguno en la acusada y porque no obtuvo ningún tipo de retribución o beneficio adicional.

Colaboradores cercanos a Sánchez:

El 5 de julio de 2025 Paco Salazar renunció como adjunto de Organización del PSOE por las denuncias de acoso de varias mujeres. El sevillano, hombre de la total confianza del presidente, se aparta tras las acusaciones por "comportamientos inadecuados". Dejó también su cargo en Moncloa.

José Luis Abalos, ex secretario de Organización y ex ministro de Transportes y el ex asesor ministerial Koldo García fueron condenados en el caso “Mascarillas”. Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión, y Koldo García a 19 años, 8 meses y un día, por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia, adoptada por unanimidad, concluyó que ambos integraban una organización criminal con reparto de funciones que se aprovechó de la posición institucional del ex ministro para cometer graves delitos de corrupción. El cumplimiento efectivo máximo fue fijado en 16 años y medio para Ábalos y en 15 años para Koldo. El tercer condenado en la causa, el empresario Víctor Aldama, recibió una pena de 4 años y medio, pero el Tribunal suspendió la ejecución de la prisión en reconocimiento de su colaboración con la justicia.

DATO: Rol clave delatores premiados. En el caso “Mascarillas”, fue el empresario Víctor Aldama quien pactó con la Fiscalía Anticorrupción, que ha permitido al corruptor del caso salir indemne. Aldama confesó en interés propio, para alcanzar la impunidad en esta y el resto de causas, señalando solo a los políticos y protegiendo entre otros al personal de la Guardia Civil que daba soporte a su organización.

El Supremo basó su condena en las manifestaciones de Aldama sin tener en cuenta otros testimonios e informes exculpatorios.

La condena para Aldama es de cuatro años y medio de prisión, pero ha suspendido la ejecución de la pena, de manera que no entrará en la cárcel.

El caso Aldama muestra un uso político del arrepentido. Esto se repite en todos los casos de lawfare, desde el Lava Jato, pasando por la Causa Sobornos en Ecuador hasta la causa Cuadernos en Argentina (aunque no se cumplió, violando el debido proceso). La diferencia es que, en España, agravando la situación, no existe siquiera regulación específica para testigos arrepentidos o colaboradores eficaces; se rige por jurisprudencia.

Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE y operador político del presidente) es investigado en una pieza separada del caso “Koldo” o caso “Mascarillas” que tramita el Tribunal Supremo, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Cerdán estuvo en prisión provisional desde el 30 de junio de 2025 hasta el 19 de noviembre de 2025, cuando el instructor ordenó su puesta en libertad al considerar que el riesgo de destrucción de pruebas quedó "seriamente mitigado" tras la entrega de un informe de la UCO que reforzó los indicios en su contra y abrió nuevas líneas de investigación. En libertad desde entonces, Cerdán tiene prohibida la salida del país, el pasaporte retirado y debe comparecer cada 15 días ante el juzgado. Su causa sigue en instrucción y no tiene sentencia.

DATO: EL AÑO PASADO, RENUNCIÓ EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó su dimisión el 24 de noviembre de 2025 tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos: filtrar datos de una investigación fiscal que involucraba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP). Su salida marcó un precedente, ya que se convirtió en el primer fiscal general del Estado en la historia de España en ser condenado mientras ocupaba el cargo. Esto evidencia que el uso de información reservada en procesos judiciales es un elemento de configuración del lawfare fundamental.

1 La autorización universal voluntaria es un documento que habilita al juez a requerir información patrimonial en cualquier jurisdicción del mundo como bancos, registros mercantiles, autoridades fiscales para verificar que no posee sociedades, dinero, productos financieros ni activo alguno a su nombre, de forma directa o indirecta, fuera de España. La figura no tiene reflejo literal en ninguna norma procesal española, pero se sustenta en principios del derecho procesal internacional.

2 La Audiencia Nacional es un tribunal de jurisdicción nacional con sede en Madrid, creado en 1977 en la transición democrática, con competencia sobre todo el territorio español, especializado en determinados delitos que por su naturaleza o complejidad exceden el ámbito de los tribunales locales. Abarca la investigación de delitos como terrorismo, crimen organizado transnacional, delitos económicos complejos, corrupción a gran escala y cooperación judicial internacional.