Intento de golpe y lawfare avanzado en Colombia

Intento de golpe y lawfare avanzado en Colombia

Días después de que la Corte Constitucional confirmara la invalidez del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar directamente al presidente Gustavo Petro, se conoció que el ex-canciller Álvaro Leyva Durán formó parte de un complot para dar un Golpe de Estado. Aunque los medios masivos llevan casi tres años diciendo que no hay razones para hablar ni siquiera de golpe blando, los acontecimientos corroboran la confluencia de varias estrategias para desplazar del Palacio de Nariño al líder del Pacto Histórico que incluyen lawfare y atentados. A casi tres años de gobierno, el guión contra Petro se ha ordenado a partir de la deslegitimación, el acoso mediático, la judicialización de la investidura presidencial, el complot golpista e intentos de magnicidio.

Maniobras de desgaste

Paralelamente a la apertura de la investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral Petro Presidente por parte del CNE en abril de 2024, se instalaron matrices de opinión alrededor de la ilegitimidad de origen del gobierno del Pacto Histórico y señalamientos de corrupción a partir de indicios que condenaban en la opinión pública al presidente como “un corrupto más”. A las acusaciones contra su hijo Nicolás Petro de recibir y desviar recursos en medio de la campaña, se sumaron investigaciones a funcionarios directivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) por sobre costos y demora en la entrega de carrotanques en La Guajira y el llamado a indagación preliminar de los senadores electos del Pacto Histórico por parte de la Corte Suprema de Justicia. Además, Omar Hernández, procesado por entrada de capitales ilícitos y blanqueo de dinero mediante la criptomoneda Daily Cop, señaló ante la Fiscalía a través del recurso de “principio de oportunidad” que se pagaron vuelos de traslado para la campaña de Petro con la criptomoneda y por tanto formaría parte de la estafa. Como se advirtió en un informe anterior del Observatorio Lawfare, el llamado principio de oportunidad o delación premiada, forma parte de las estrategias jurídicas implementadas como reflejo del sistema penal acusatorio estadounidense que busca conceder beneficios o reducir penas a culpables por ejercer una “colaboración eficaz” donde se revelen implicados de mayor importancia en el caso, en esta ocasión, se trataría del gerente de campaña Ricardo Roa con lo cual afectaría al mismo Gustavo Petro.

Tales maniobras se inscriben en la estrategia de lawfare que ha combinado un intenso acoso judicial y mediático contra el presidente colombiano y su entorno, con la que se busca ejecutar lo que el mismo mandatario ha denunciado como un golpe blando, o llevar a un desgaste tal que el proyecto político actualmente oficialista en Colombia no sea revalidado en 2026. Esto explíca por qué en todas las acusaciones mencionadas, el núcleo central de los medios se ha centrado en la responsabilidad de Gustavo Petro.

El 2025 arrancó signado por la presión de la campaña electoral del próximo año, por tanto las posiciones se han encaminado a despejar el camino a una oposición que, aunque dispersa, apuesta a recuperar la conducción política del gobierno. Durante el primer semestre se evidenció la ruptura entre el ex-canciller Álvaro Leyva y Gustavo Petro cuando el primero empezó a hacerle acusaciones de insanía mental y adicción a las drogas mediante cartas públicas, intentando mellar la legitimidad del presidente. La voz de Leyva cuenta con cierta autoridad por su trayectoria política, dado que a pesar de provenir de la línea falangista del Partido Conservador, ha participado con actitud ecuménica en iniciativas políticas como la Constituyente de 1991 en favor de la Alianza Democrática M-19 y los diálogos de paz entre Estado y las FARC-EP. Sin embargo, los audios y la red de poder revelada por el diario español El País, apuntan a su participación activa en un proceso destituyente. De acuerdo a la investigación periodística, se revela un complot con la participación, no sólo del ex-canciller Álvaro Leyva, sino, del congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart (presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados y miembro del Subcomité de Defensa), un actor clave del Secretario de Estado Marco Rubio, así como los representantes Carlos Giménez y María Elvira Salazar; al respecto, un grupo de 30 congresistas colombianos ha solicitado una investigación al Comité de Ética de la Cámara de Representes de los EE.UU por injerencia política.

“Hay que sacar a este tipo”

El plan “Leyva” pretendía ser ejecutado en 20 días a partir del momento de las conversaciones, cuya fecha aún no ha sido precisada. Aunque en una conversación con la precandidata presidencial Vicky Dávila (mencionada en los audios), Leyva ha insistido en que no es un golpista, no ha dado explicaciones sólidas respecto a su participación y las afirmaciones hechas respecto a desplazar al presidente del gobierno y una supuesta complicidad con la vicepresidenta Francia Márquez; lejos de esclarecer los hechos, el ex-canciller se ha desplazado a España. Los dichos más sugestivos son: “Hay que sacar a ese tipo. Es que ese tipo presidiendo las elecciones. Es que, además, el orden público se le desbordó”, “Estuve en Estados Unidos, un tipo de primera fila, Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del Secretario de Estado”, “Yo no me puedo quedar donde estoy. Estamos en la mitad del camino, un camino que son 20 días más”.

En enero de 2025, Petro ya había experimentado las primeras tensiones con Díaz-Balart por sus dichos públicos en oposición a su política exterior y la diversificación de las relaciones internacionales de Colombia. En febrero, Díaz-Balart recibió a la precandidata Dávila en EE.UU. y en marzo tuvo un encuentro con el presidente del senado, el dirigente conservador Efraín Cepeda, a quien manifestó su entero respaldo ante las críticas de Petro contra el Congreso de Colombia por obstruir sus iniciativas legislativas. Cepeda ha mantenido una agenda activa con funcionarios y legisladores de EE.UU. y ha estado al frente del reimpulso del Grupo de Amistad Colombo-estadounidense del Congreso, ejerciendo como uno de los principales detractores del oficialismo.

En paralelo al desgaste mediático y político, se han descubierto planes para atentar contra el presidente. En febrero de 2025 se hallaron cohetes antitanques aledaños a una de las rutas de la caravana presidencial en la zona del Palacio de Nariño. Un evento similar habría ocurrido durante la Cumbre COP16 en Cali en octubre de 2024, siendo subestimados en ambas ocasiones por la prensa nacional y más recientemente, el presidente denunció que había un plan de atentado a su regreso de la  Cumbre Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU.

En guardia para el tercer golpe

El oficialismo ha derivado en estado de alerta previendo próximos intentos de desestabilización política. Mientras el CNE, a pesar de la decisión de la Corte Constitucional, insiste en desconocerla y pretende continuar su investigación al presidente para llevarlo a un juicio político, los partidos de oposición aparentan una tregua deslindándose del complot de Leyva y se preparan para la última legislatura de la era Petro que iniciará el 20 de julio, donde continuará la puja por reformas sociales pendientes como la de salud.

Un asunto que sigue presionando al presidente es el atentado perpetrado el sábado 7 de junio contra el precandidato presidencial del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El senador opositor, que aún se encuentra internado con pronóstico reservado, ha despertado una feroz oleada de críticas a Petro responsabilizándolo por el hecho a partir de “sembrar un discurso de odio” contra sus detractores. Sin embargo, los hallazgos parciales de la Fiscalía dan cuenta de un plan ejecutado por una organización criminal y con un enorme presupuesto, lo que sugiere un propósito específico al intentar asesinar a Uribe Turbay.

Colombia ha dejado de ser el gendarme regional de los EE.UU., al menos por ahora. No obstante, no deja de sufrir el acoso para integrarse al polígono de seguridad del Pacífico que actualmente cuenta con la total disposición de Ecuador. La Isla Gorgona en el Pacífico colombiano, sigue en los planes militares hemisféricos como plataforma de operaciones bajo el pretexto del control de flujo de drogas ilícitas.

La potencia norteamericana sigue necesitando la colaboración subordinada de Colombia para realizar sus metas en el actual momento de repliegue global, lo que resalta la importancia de América Latina y el Caribe. Por ende, todo movimiento que abone a ganar una ventaja de cara al 2026, año en que se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales, forma parte de la estrategia de reposicionamiento estadounidense en una región donde ha perdido la capacidad de alineamiento que tuvo durante el primer gobierno de Donald Trump e intenta poner en su órbita geopolítica, ya sea por la vía del unilateralismo agresivo, sanciones y bloqueos o los intentos de golpe. La estrategia de lawfare sigue vigente y no excluye acciones violentas para cumplir su propósito guerrerista por otros medios: anular la voluntad de lucha del adversario o neutralizarlo de la competencia política.