Como hemos analizado en otras investigaciones, en los procesos de lawfare, es fundamental el rol desempeñado por los medios de comunicación, que constantemente manufacturan consenso en contra de ciertos líderes o lideresas y sectores de la política en momentos clave (en particular, en años de elecciones presidenciales), sectores que promueven la intervención del Estado en la economía para la redistribución de recursos y la soberanía del Estado sobre recursos estratégicos. También hemos mostrado cómo se vincula Estados Unidos (EE.UU.) a estos procesos, a través de su incidencia en los sistemas judiciales de América Latina, con programas y cursos de formación anti-corrupción, anti-lavado de dinero, etc., que involucran a decenas de agencias y oficinas del gobierno estadounidense. Existe igualmente una articulación entre las premisas del gobierno en materia de anti-corrupción y democracia, y los informes de diversos think tanks y su proyección en los medios de comunicación concentrados, así como en el “periodismo independiente”.
En testimonio sobre la Estrategia Anticorrupción ante el Congreso de EE.UU. en marzo de 2024, una funcionaria de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) afirma que “una reciente iniciativa regional de periodismo de investigación apoyada por USAID y el Departamento de Estado produjo más de 200 artículos de investigación de alto impacto. Este trabajo descubrió más de 36.6 mil millones de dólares en fondos públicos mal administrados, condujo a arrestos, investigaciones y reformas legales y políticas, y fomentó una sólida red de periodistas que continúa protegiendo los recursos públicos de la corrupción”.
A continuación, presentamos los casos de Brasil, Argentina, Ecuador y México, que muestran algunos indicios sobre el vínculo entre el gobierno y el sector privado de EE.UU. en el financiamiento a medios de comunicación y el refuerzo de determinados relatos sobre el funcionamiento “correcto” de la democracia, la economía o la política, y la crítica feroz de aquellas experiencias y posturas que cuestionan dicho relato.
Brasil
En términos mediáticos, el Lava Jato fue un laboratorio sobre cómo poner en agenda y vender las noticias anti-corrupción, así como de espectacularización de causas judiciales, que se proyectó a otros países de la región. Una estrategia de reproducción, fue la conformación de grupos de investigación periodística no solo impulsados desde Brasil, sino en ocasiones apoyados por EE.UU. Un ejemplo es “Investiga Lava Jato”, que fue premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Uno de los directores del proyecto es Flávio Ferreira de Folha de São Paulo (Brasil) y varios de los periodistas integrantes del proyecto, replicaron en sus países estrategias similares al Lava Jato: acusaciones y sentencia previa contra las/los líderes de alta política acusados de corrupción, a partir de denuncias y pruebas poco creíbles.
Con respecto a los movimientos sociales y políticos en contra de la corrupción, que influenciaron la opinión pública y llegaron a tener presencia en las calles, destaca la Red Atlas, articulada con Students for Liberty, organismos muy activos en la oposición a Dilma Rousseff y al gobierno del PT. La Red Atlas es un think tank estadounidense que se vincula de modo directo al mundo de la política a través de organizaciones como el Instituto Libertad o el Instituto de Estudios Empresariales asociado a la Red Liberal de América Latina (RELIAL), que agrupa a partidos de derecha de la región y se ocupa de la formación de jóvenes líderes. Mantiene vínculos importantes con la National Endowment for Democracy (NED) y con la derecha internacional. Su Junta Honorífica está compuesta por líderes de opinión como Vargas Llosa.
Uno de los socios fundamentales de Atlas en Brasil es Estudiantes por la Libertad, “filial” de Students for Liberty de EE.UU. En Brasil, Estudiantes por la Libertad fue clave en las manifestaciones de abril de 2014 contra el gobierno de Rousseff, protagonizadas por jóvenes. Los Estudiantes por la Libertad, a su vez, están vinculados al Movimiento Brasil Libre (MBL) y uno de sus dirigentes es Kim Kataguiri, que tuvo importante incidencia en medios y Redes Sociales antes del golpe. De tres think tanks libertarios activos en la primera década del siglo XXI, se estima que en 2017 ya había aproximadamente 30 institutos de este tipo en Brasil, con financiamiento de Atlas, trabajando en colaboración con grupos como Estudiantes por la Libertad y MBL.
El MBL también obtuvo ayuda financiera de diversos partidos, como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Demócratas (DEM) y Solidaridad.
Argentina
Las copias del cuaderno usadas en la causa “Cuadernos” fueron entregadas a la justicia por el periodista Diego Cabot, del medio de comunicación La Nación. Cabot fue premiado en enero de 2019 con el premio “Rey de España” y en enero de 2022 con el premio “Festisov Journalism Awards”, organismo que tiene como socio principal al International Press Institute, creado en pleno auge de la Guerra Fría, que tiene como misión garantizar la “libertad de expresión”. Una de sus alianzas es con la Fundación Ford (punta de lanza de la propaganda cultural “americana”). Otra es con IFEX, fundación canadiense que defiende también la “libertad de expresión” y que se vincula a la vez con consorcios de periodismo de investigación de causas judiciales en Ecuador (Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS). Es socia de la Sociedad Interamericana de Prensa (creada a inicios de los ’60 por el gobierno estadounidense para contrarrestar a Prensa Latina, fundada en Cuba). Un dato de color es que Ernestina Herrera de Noble, principal accionista del Grupo Clarín, es miembro de IPI desde hace décadas.
Otra periodista que siguió de cerca la Causa Cuadernos, es Emilia Delfino, con presencia en medios como CNN, y que formaba parte del consorcio de “Investiga Lava Jato”. Tanto Delfino como Cabot, participaron en 2023 en un encuentro de periodismo al que asistieron otros periodistas, como Alconada Mon, organizado en Tucumán por la fundación “Federalismo y Libertad”, miembro de la RELIAL y de la Red Atlas,
Importantes medios de prensa internacional confirman que el Caso Sobornos surge después de que la Fiscalía iniciase la investigación en abril del 2019 tras una publicación periodística del portal de “periodismo independiente” Mil Hojas, en la que se exponían los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados. Este portal era financiado por la NED. Entre sus miembros más prominentes, destaca el periodista Christian Zurita del diario El Universo, que, además, denunció luego al propio presidente Correa y se involucró en política, al igual que Fernando Villavicencio. En Mil Hojas también estaba el periodista Juan Carlos Calderón, en su momento (y hasta la actualidad) director del medio Digital PLAN V y Fundamedios, también financiados por la NED. Del informe de Mil Hojas, surgió la “noticia criminis” a partir de la cual se articula la Causa Arroz verde vinculada a supuestas irregularidades del gobierno de Correa con la constructora Odebrecht, luego devenida en Causa Sobornos.
En el mismo caso, han sido protagónicos los roles del exlegislador César Montúfar (fue director de la Corporación de Participación Ciudadana, ONG también financiada por la NED) y del periodista Fernando Villavicencio (quien ocupó el cargo de Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, cargo clave anti-corrupción) que realizaron una acusación particular en el caso Sobornos 2012-2016, rubricada y firmada a finales de agosto de 2019 ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Acusaron a cinco exfuncionarios públicos, entre ellos el expresidente Rafael Correa o su exvicepresidente Jorge Glas, y cuatro empresarios. Una de las fuentes que les sirvió de soporte para la acusación fue la investigación de Mil Hojas sobre la causa Odebrecht.
En pleno desarrollo de la Causa Sobornos, en febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atiende la denuncia de El Universo contra Correa por “difamación”. La denuncia es apoyada por el Comité de Protección de Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ), que tiene base en New York desde 1981. Encabeza el Grupo de Asesores en América (incluida América Latina), Andrés Oppenheimer, uno de los periodistas abiertamente opositores a los progresismos en la región. Su presidenta Karmen Toulon, es de Bloomberg News y varios de los miembros asesores provienen del NYT, New Yorker, The Nation, etc. (el establishment liberal de los medios hegemónicos).
En la misma línea, Fundamedios, dirigido por Juan Carlos Calderón, informa que es miembro de la International Freedom of Expression Exchange, la Sociedad Interamericana de Prensa y que cuenta (entre otros) con los siguientes “partners”: NED; Open Society Foundations; Banco Pichincha; Freedom House.
México
Después de que asumió el gobierno en México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se han manufacturado ciertas consignas en medios de comunicación nacionales e internacionales. Una de ellas es la de la “erosión democrática” y que en 2024 se ve potenciada con el relato construido del vínculo no probado hasta ahora, con el narcotráfico.
Uno de esos medios es InSightCrime, que publicó el 31 de enero un artículo en el que se vinculaba a AMLO con el narcotráfico. Ese mismo día otro medio, Propública publicó un artículo similar y desde entonces, en redes sociales ha circulado el hashtag #narcopresidente, usado ampliamente por cuentas afines a grupos de derecha. Uno de esos grupos es la Atlas Network y su vínculo con organizaciones como Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) financiado por la USAID-El Salvador, México Evalúa, que recibió financiamiento de la NED, la USAID, la Atlas Network, la Open Society Fundation y el CIPE y la Fundación Cátedra Mario Vargas Llosa dirigida por Agustín Antonetti, de ciudadanía argentina.
El director para América Latina de la Atlas Network es Roberto Salinas León, primo de Ricardo Salinas Pliego. Atlas Network, la Universidad la Libertad y el Centro Salinas pliego han colaborado para realizar la Decentralized Technology Policy Co Creation Summit & Think tank Shark (Cumbre de cocreación de políticas tecnológicas descentralizadas y competencia Think Tank Shark). Por último, Ricardo Salinas Pliego formó la Asociación Kybernus y junto con la OEA lanzaron un Diplomado que tiene por objetivo “promover el liderazgo de jóvenes mexicanos (miembros de Kybernus) para dar a conocer el trabajo que realiza la OEA y los elementos de una cultura de diálogo”. Los aliados de Kybernus son la OEA, The Aspen Institute, COPARMEX, ANUIES, Político MX, UNAM.
La Atlas Foundation tiene también relación con la Fundación Centro Hispanoamericano de Investigación Económica (HACER en español), que cubre Iberoamérica con noticias y políticas públicas. Sus directores son Alejandro Chaufen, Barry Conner (ex director del Instituto Acton), Rodolfo E. Milani (miembro del Inter-American Institute for Democracy, dirigido por Carlos Sánchez Berzaín).
La relación de varios medios de comunicación con la investigación sobre corrupción tiene otra arista con la organización Connectas, que es financiada por EE.UU., la cual fue auspiciadora de la investigación titulada “Sembrando Vida y la fábrica de Chocolates”, en la que sin pruebas, se intentó vincular al hijo del presidente AMLO, con el programa social Sembrando Vida. Dicha investigación fue ampliamente difundida en medios nacionales y otras organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, financiado también por EE.UU.), que la incluyó en su “Anuario de la corrupción 2021”. Justamente MCCI realizó otras investigaciones junto con la empresa de medios LatinUs titulada “La otra casa gris: El hijo mayor de AMLO ocupa en Coyoacán una casa ligada a contratista” y “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO”. Ambas sin pruebas contundentes de corrupción.
Además de InSightCrime y Propública, el diario New York Times y DW se sumaron a la campaña del vínculo de AMLO con el narcotráfico. Las cuatro investigaciones contaron con información de la DEA que investigó en 2006 el caso y lo cerró por falta de pruebas. En abril de 2024, Anabel Hernández, quien escribió el artículo en DW, publicó el libro “La historia secreta” en el que aborda el vínculo de AMLO con un cartel del narcotráfico, en un momento electoral.