Hacia la democratización del Poder Judicial

Por primera vez en la historia de México se elegirán a miembros del poder judicial en México el 1° de junio. Están en juego 881 cargos de elección para ministros magistrados y jueces en 19 estados del país. Será una elección que surge de las demandas históricas del México profundo que tiene como objetivo renovar al único de los tres poderes que no se elegía por voto popular.

Elección Judicial, mandato popular

La elección del poder judicial es la síntesis de una de las múltiples luchas del pueblo mexicano en la historia contemporánea. Surge después de plantear el Plan A, una serie de reformas electorales. Tras el rechazo de distintas fuerzas sociales, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador planteó, junto con el pueblo de México el Plan B, una serie de reformas político-electorales que pretendían modificar un conjunto de leyes electorales que comenzarían a regir a partir de las elecciones de 2024.

Sin embargo el Poder Judicial se opuso y judicializó el Plan B, así como otra serie de reformas planteadas desde el poder ejecutivo; reformas que eran necesaria para sentar las bases de la transformación nacional. Ante esta oposición sistemática del poder judicial se plantearon 20 reformas clave para transformar la vida pública de México. Esas 20 reformas fueron conocidas como el Plan C, dentro del cual, se encontró la reforma al poder judicial.

La reforma en términos generales planteó:

• La posibilidad de elegir mediante el voto directo de la ciudadanía los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. La primera elección se realizaría en junio de 2025;

• Reducción de ministros de la SCJN de 11 a 9;

• Reducción de cargo de ministro de la SCJN de 15 a 12 años;

• Eliminación de las dos salas que conforman a la SCJN;

• Eliminación de pensión vitalicia;

• Se sustituiría el Consejo de la Judicatura Federal y se establecerían: un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de Administración Judicial.

El cuestionamiento de la población mexicana fue cada vez mayúsculo por el nivel de corrupción imperante en este poder, lo altos salarios y prestaciones que perciben, por el nivel de nepotismo en su interior (que rondó casi el 50% de los miembros del poder judicial), pero también por la sistemática oposición a las reformas y por la liberación de miembros del narcotráfico. Estas características abonaron a la amplia deslegitimación que tiene el poder judicial en distintos estados como en la Ciudad de México, que tiene un nivel de confianza del 44.2% siendo el más bajo y, en Sinaloa ronda el 70%, según datos de INEGI.

¿Qué se elige en esta elección?

Están en juego 881 puestos del poder judicial en 19 estados. Los ahora 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 5 puestos del nuevo Tribunal de Disciplina, los 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, los 15 magistrados y magistradas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, los 464 magistrados de circuito y los 386 jueces de distrito. En estos dos últimos se elige también por especialidad, sea laboral, civil, administrativa, mercantil y mixto.

Para conformar las seis boletas que tendrán las y los mexicanos, los candidatos fueron elegidos por comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo.

El Instituto Nacional Electoral conformó nuevos distritos electorales para poder elegir a los nuevos miembros del Poder Judicial, particularmente a los cargos de magistrados de circuito y los jueces de distrito. Estos distritos electorales no corresponden a los distritos que se suelen usar en las elecciones para otros cargos del poder legislativo y ejecutivo en los tres niveles de gobierno.

Participación ciudadana

Recientemente una encuesta en México presentó datos que dan una idea de la participación ciudadana esperada pero también de cómo se enteró la población de este proceso y la necesidad de un cambio.

La participación esperada según la encuesta de Enkoll, registra que el 38% muy probablemente acudirá a votar, 26% algo probable. Mientras que entre Poco probable y nada probable suma el 35%. Por lo tanto, se puede inferir que el margen de votación estará entre poco más de 25 millones como mínimo.

Más de la mitad de la población se enteró principalmente por televisión radio o periódico. Es importante considerar que pese a los distintos boicots por parte del mismo Instituto Nacional Electoral, así como de fuerzas partidistas, el 11% de la población se enteró por las mismas candidaturas. Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios en los que candidatos y candidatas volcaron su campaña, pero también aquellos que denostaron y apoyaron la elección.

La necesidad de cambiar al poder judicial por las expresiones de corrupción y nepotismo como se mencionó, es más alto en población del rango de 45 y 64 años (80%), seguido de 65 y más. Llama la atención que entre la población joven el rango más elevado que respondió que era innecesario cambiar al poder judicial es más alto que en todos los demás rangos etarios, pues rondó el 32%.

En cuanto a la afiliación partidista y la necesidad o no de la elección al poder judicial se nota que en MORENA es percibido como necesario (80%). Esta opinión es más baja entre quien tiene una afiliación por el Partido Acción Nacional, partido conservador. En el partido Movimiento Ciudadano (MC) también destaca el nivel alto de la necesidad de la elección (66%). Por último es importante que la población que  caracteriza por ser apartidista también tiene niveles altos de necesidad de elección, 61%. Estos son algunos indicadores del nivel de deslegitimación del Poder Judicial, si se miran los indicadores de la necesidad de la elección.

El domingo se decidirá una parte de la lucha del pueblo mexicano por conquistar una democracia participativa. Es apenas un paso hacia una refundación nacional, que se enfrenta a poderes y fuerzas sociales en contra como los partidos de oposición, poderes fácticos como los medios de comunicación y también el sector económico, mismo que se ha beneficiado de las resoluciones de jueces, magistrados y ministros que ha tenido en la ley de amparo la principal vía de beneficio.

Como han dejado claro las y los candidatos a los distintos puestos de elección judicial, es necesaria una refundación del poder judicial, pero también de reglamentos y leyes internas que den un nuevo ordenamiento al interior del mismo poder. Una de esas leyes es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los cambios que se esperan son profundos, para que estén a tono con el momento político y económico del país, pero también del mundo, en el que se observa una transición hegemónica con mayores conflictos geopolíticos. Fortalecer al Poder Judicial, dotarle de mayor legitimidad, con perfiles elegidos por el voto popular sin duda tendrá repercusiones, una de ellas será sobre la judicialización de la política, que en los últimos años fue incrementando la conflictividad política en México. Faltará aún la renovación de las Fiscalías, tanto la general como la de los estados. Sin embargo, la ley orgánica de la fiscalía la hace autónoma y seguirá siendo un espacio por renovar.

La repercusión internacional de este proceso será sin duda paradigmático, pues en América Latina, Bolivia es el único país en donde se eligen miembros del Poder Judicial por  voto popular, aunque, la dimensión mexicana es mucho mayor.

Uno de esos poderes en contra es, desde luego Estados Unidos, que sistemáticamente apoyó con recursos reformas al poder judicial para acercar a los países objetivo a la lógica de dominación estadounidense. En México en particular, han sucedido una serie de reformas entre 2004 y 2024 que contaron (después de 2007), con recursos de la Iniciativa Mérida. Lo que suceda en México será referencia para otros países. De ahí el temor internacional de plantear una democracia participativa. Pero también será un balde agua fría para las democracias occidentales que viven en distintos países serios problemas de legitimidad y legalidad, con crisis sistémicas.