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Lawfare en Guatemala: acoso y persecución desde el Poder Judicial

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Aníbal García Fernández y Silvina M. Romano (Observatorio Lawfare) En América Latina la mayoría de los estudios sobre casos de lawfare se han enfocado sobre Brasil con Lula Da Silva, Argentina contra Cristina Fernández, en Ecuador contra Rafael Correa y dirigentes políticos de Revolución Ciudadana. Sin embargo, en los últimos años, Guatemala presenta varios rasgos característicos de lawfare: persecución política-judicial de líderes y lideresas progresistas, abogados, profesores y periodistas, causas judiciales sin evidencia consistente, cuestionamiento e injerencia judicial en procesos electorales e intentos de juicio político al actual Presidente Bernardo Arévalo.


Cronología del Lawfare

A continuación, se describen hechos acontecidos desde el año 2022 que dan cuenta de numerosos indicios de lawfare, en particular lo referido al uso de la justicia con fines políticos, para perseguir a sectores que se oponen al status quo mantenido por las derechas conservadoras del país:


  • 14 de julio de 2022: la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) solicitó al tribunal Supremo Electoral emitir la cancelación del partido Semilla. El partido comenzó a ser investigado cuando Arévalo pasó a la segunda vuelta electoral. Se inició el caso luego de una denuncia ciudadana anónima.

  • En la actualidad, 4 de 8 magistrados electorales están siendo procesados penalmente por la supuesta compra a sobreprecio de un sistema informático: Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Maynor Franco, Ranulfo Rojas.

  • 29 de julio de 2022: Meten preso sin condena previa al periodista José Rubén Zamora Marroquín (director del medio El Periódico). Este periodista había realizado más de 200 reportajes sobre supuesta corrupción del gobierno presidido por Alejandro Giammattei. Zamora Marroquín sigue preso. Junto a Zamora encarcelaron al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo (por supuestos delitos administrativos) y al abogado Eduardo Masaya, por un caso en contra del partido oficial. Ambos fueron absueltos en julio de 2025.

  • 14 de marzo de 2023: Se hace pública investigación contra Semilla, partido de Bernardo Arévalo.

  • Junio 2023: primera vuelta electoral. Sandra Torres, la candidata vinculada a la derecha y considerada como continuidad de los gobiernos anteriores, obtuvo 16% de los votos, mientras Bernardo Arévalo obtuvo cerca del 12%. Los votos nulos sumaron un 17.4%. El voto nulo fue promovido por Carlos Pineda (conservador), Roberto Arzú (derecha) y Thelma Cabrera (izquierda).

  • Agosto 2023: Ganó en segunda vuelta electoral Bernardo Arévalo, con el 58% de los votos, frente al 37.2% de Sandra Torres. El porcentaje de votación fue del 45%.

  • Octubre de 2023: Durante el proceso electoral los fiscales de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI) allanaron el Tribunal Superior Electoral en varias ocasiones e incautaron más de 125 mil documentos electorales originales, lo que puso en riesgo el mismo proceso electoral.1

  • 16 de noviembre de 2023: Caso Toma USAC Botín Político. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanaron las casas de varios profesores, estudiantes y personal administrativo y de servicios de la USAC. Fueron detenidos el decano de la Facultad de Veterinaria, Rodolfo Chang; al profesor e investigador Eduardo Velásquez; el estudiante, en Física Aplicada, Javier de León Gómez; el profesor, Alfredo Beber; la excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco; y posteriormente, el sindicalista y trabajador de la Universidad, Martín Jorge Macario. En total se giraron 27 órdenes de aprehensión promovidas desde la misma Universidad y firmadas por Walter Mazariegos.2 En este caso se incluye Ramón Cadena, abogado y defensor de derechos humanos. Fue Director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica. En 2016 su casa fue allanada y la CIDH giró medidas cautelares (CIDH 661-16), que siguen vigentes.

  • Diciembre 2023: El congreso elimina fuero a cuatro magistrados por 108 votos y 26 en contra. Los magistrados son Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco investigados desde 2022.

  • 14 de enero de 2024: Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala pese a dilación del Congreso y protestas de la población que exigió el respeto al proceso electoral. La Constitución de Guatemala indica que la sesión solemne debe celebrarse a más tardar a las 16 horas del 14 de enero. Sin embargo, pasadas las 22 horas aun no no lograba asumir Arévalo, pues seguía pendiente el nombramiento de nuevas autoridades en el Congreso, que debían juramentar al nuevo presidente. El Congreso saliente había declarado sin partido a los congresistas de Semilla. Sin embargo, la nueva junta directiva de la X Legislatura para el periodo 2024-2025 le restituyó la bancada del Congreso a Semilla. Declararlos como independientes los dejaba sin acceso a conformar comisiones de trabajo sin optar por conformar la Junta Directiva. En las calles, hubo protestas fuera del Congreso y en varias localidades, denunciando un intento de golpe de Estado. La presión social ejercida en las calles fue importante para que ese intento de golpe de Estado técnico no prosperara.

  • 18 de marzo de 2024: El Juez Fredy Orellana otorga 48 horas al TSE para entregar informe sobre elecciones generales de 2023 y la investigación contra Semilla.

  • 20 de marzo de 2024: El TSE entregó informe preliminar al Juez Séptimo de Instancia Penal. El documento se encuentra “bajo reserva”.3

  • 21 de agosto de 2024: Rafael Curruchiche (jefe de la FECI) solicitó el retiro de la inmunidad a Arévalo para que pudiera ser investigado penalmente.4 Las acusaciones contra Arévalo son por “abuso de autoridad”, “usurpación de atribuciones” y “resoluciones violatorias a la constitución”. La prueba presentada es un audio filtrado, en el que se escucha supuestamente a Arévalo destituyendo a una ministra que habría realizado pagos irregulares a contratistas del Estado.5

  • Diciembre de 2024: el Ministerio Público inició hasta diciembre al menos 17 investigaciones contra funcionarios del gobierno de Arévalo y ha solicitado 6 veces a la Corte Suprema el retiro de inmunidad contra el presidente.

  • Febrero de 2025: El juez “A” del Juzgado Décimo Penal, Víctor Cruz (incluido en la Lista Engel de corrupción de EE.UU.), programó audiencia de primera declaración para el abogado Ramón Cadena, por el mencionado caso contra la resistencia universitaria que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector. Cadena argumentó que el Ministerio Público intenta restringir el derecho a la resistencia digna. Tenía programada audiencia para el 23 de octubre de 2025, fue aplazada.

  • Abril de 2025: Fueron detenidos el actual viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y del líder indígena Héctor Chaclán, acusados de terrorismo por el Ministerio Público. Ambo lideraron a los 48 cantones de Totonicapán en defensa del proceso electoral de 2023 tras los intentos del Ministerio Público de anular las elecciones.

  • Octubre 2025: El presidente Arévalo junto a su gabinete denunció que Consuelo Porras y el juez Orellana son “enemigos del país”. Solicitó a la OEA y democracias aliadas estén al tanto del atentado contra la democracia guatemalteca. Arévalo solicitó apoyo a las cortes para que se respeten los resultados electorales la resolución del amparo que garantizó su toma de posesión en 2023 y, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución de Fredy Orellana por considerarlo “un criminal con toga que opera en favor de la corrupción”.6

  • Tras la solicitud de Arévalo el Consejo Permanente de la OEA emitió la declaración “Apoyo a la democracia y al orden constitucional de Guatemala” en donde reafirma su apoyo a la “integridad electoral, transparencia justicia y libertades fundamentales” y mandata consignar una Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala.


El Ministerio Público y la persecución judicial

Consuelo Porras, la titular del Ministerio Público desde 2018 ha establecido la persecución selectiva para fines políticos, apoyada por jueces. Su mandato termina en 2026.7

Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a Porras, Ángel Pineda (Secretario General del Ministerio Público), Rafael Curruchiche (jefe de la FECI) y, al juez Fredy Orellana (quien ordenó la cancelación del registro legal del Movimiento Semilla).8 Además de la inclusión en la lista ENGEL del juez Víctor Cruz, juez “A” del Juzgado Décimo Penal.

Actualmente, hay por lo menos 80 guatemaltecos exiliados por persecución judicial, entre ellos periodistas, fiscales, abogados, activistas y defensores.9 Siguen presos: el periodista José Rubén Zamora y el líder indígena Héctor Chaclán por parte de la Fiscalía (Ministerio Público).


Doble rasero del Ministerio Público

Un claro ejemplo del doble rasero, son las investigaciones contra Alejandro Giamattei por presuntos sobornos (2020-2024) de una empresa rusa con operaciones en Guatemala, así como de otro funcionario señalado por corrupción. También se desestimaron investigaciones sobre presunta corrupción dentro del Ministerio de Salud y un supuesto fraude en contrataciones del sector sanitario.

Inició investigación contra el director de la Agencia Tributaria quien presentó denuncia penal contra 410 empresas por presunta defraudación fiscal por más de 38 millones de dólares.10

El gobierno de Arévalo ha presentado 198 denuncias penales por presuntos actos de corrupción detectados desde que inició su gobierno. La fiscalía ha archivado 37 casos y sólo 6 han superado las fases preliminares de investigación.11


Sobre el modo de operar del lawfare (en Guatema y América Latina)

En otros casos de lawfare en América Latina también se han llevado a cabo denuncias anónimas para proscribir partidos o líderes políticos de izquierda, el doble rasero de autoridades judiciales, prisión sin condena y abuso de prisión preventiva. También se repite la injerencia en coyunturas electorales, sea para anular la participación de candidatos y candidatas, así como sus partidos políticos; como el cuestionamiento del proceso electoral o procesos de impeachment contra presidentes y presidentas.

Estas características predominan en la justicia guatemalteca en los últimos años, judicializando la política, socavando las instituciones del Estado, contaminando procesos electorales para perpetuar a la derecha conservadora heredera de la guerra y el genocidio. Destaca la figura de Consuelo Porras que ha dirigido el Ministerio Público con fines político-electorales, articulando tácticas de persecución sistemática contra determinados sectores de la política: presentando casos con pruebas escasas, violando derechos humanos, el debido proceso. Se repite en Guatemala el uso de la justicia como instrumento de persecución política y terror (lawfear), para expulsar a determinados líderes y sectores de la política. Grupos y personas que son concebidos como un enemigo a liquidar, tal como sucedió desde 1954 hasta finales de los ’80, cuando las fuerzas de seguridad del Estado persiguieron, encarcelaron, torturaron y asesinaron a grupos y personas identificadas como “insurgentes”, “rebeldes”, “comunistas”. Esta caracterización de la oposición política como enemigo a destruir, forma parte del modus operandi de las derechas conservadoras que, en la actualidad, utilizan al poder judicial para ocultar la persecución sistemática tras una “aparente” legalidad.




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