Argentina: democracia condicionada por el lawfare

Desde el Observatorio Lawfare advertimos con suma preocupación la escalada de la persecución política por la vía judicial-mediática en la Argentina, con el objetivo de proscribir a una de las líderes más importantes del país y de la región.

En diciembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad, por el Tribunal Oral Federal N°2, en una sentencia plagada de irregularidades procesales y vicios de fondo: ausencia de pruebas directas, testigos desestimados vulnerando el derecho de defensa, violación al non bis in idem, peritajes forzados, fiscales y jueces sospechados de parcialidad. La sentencia, de 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua, fue ratificada por Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, reforzando las violaciones al debido proceso y aplicando el "derecho penal del enemigo", característico del lawfare en América Latina.

El conglomerado mediático Clarín viene presionando en los últimos días para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga de manera inmediata, y de esa forma se dicte sentencia firme en la causa.

Se plantea la fecha "límite" del próximo martes 10 de junio, para impedir que se anote en las listas como candidata a Diputada por la Provincia de Buenos Aires en el mes de julio. La prensa hegemónica insiste en que sería "inminente" la definición de la Corte, lo cual sería sorprendente en tanto hace pocas semanas que los jueces supremos tienen conocimiento de la causa, que debería requerir mucho más tiempo de análisis y estudio judicial antes de pasar al fallo.

También es un hecho que el lawfare no es solo contra CFK, sino contra cualquier posibilidad de justicia social, con el objetivo de disciplinar y anular a los y las militantes y funcionarios/as que promuevan lineamientos de soberanía e intervención del Estado en la economía.