Ecuador atraviesa, desde el año 2017, un constante deterioro de su institucionalidad que pone en grave crisis la vigencia del Estado de Derecho en el país. Los gobiernos de Lenín Moreno (2017 - 2021), Guillermo Lasso (2021 - 2023) y Daniel Noboa (2023 - 2025) han priorizado la persecución mediante la práctica del lawfare al ex presidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glas y a numerosos dirigentes del correísmo, con la intención de desterrar todo vestigio político de lo que fue la Revolución Ciudadana, caracterizado por crecimiento económico permanente, estabilidad política inédita de una década (2007 - 2017) en un país que estaba acostumbrado a las interrupciones de los mandatos presidenciales entre fines de los ‘90 y principios de los 2000.
En los últimos años, se ha incrementado notablemente la injerencia estadounidense en la política interna, al punto que fuerzas militares y agencias de seguridad trabajan con libertad en territorio ecuatoriano, en el marco de acuerdos iniciados durante el gobierno de Moreno, profundizados por Lasso y puestos en marcha en el presente.
Este proceso de debilitamiento institucional y desestatización, contribuye al agravamiento de la violencia, que trasciende el crimen organizado para afectar de lleno al ámbito político, entre el 18 de mayo, y el 6 de septiembre de 2023 hubo 21 ataques contra la militancia. Se contabiliza un atentado cada cinco días. Uno de ellosa Fernando Villavicencio, candidato presidencial, quien fue asesinado el 9 de agosto de 2023, apenas once días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar para completar el mandato inconcluso de Lasso.
En este escenario, el presidente Noboa decidió el pasado viernes 5 de abril ingresar por la fuerza con la policía y agentes especiales a la embajada mexicana en Quito, violando el artículo IV de la Convención sobre asilo diplomático de la Organización de Estados Americanos (Convención de Caracas) y el artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. En la embajada se encontraba como asilado político el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, perseguido judicial y políticamente desde hace 7 años, tiempo que pasó mayoritariamente preso. De acuerdo a la Convención sobre asilo diplomático, “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”, mientras que la Convención de Viena otorga a las misiones y sedes diplomáticas un carácter de inviolabilidad absoluta.
Considerando esta vulneración a los marcos regulatorios más básicos de la vinculación entre Estados y de DDHH, podrían mencionarse otros acontecimientos recientes de lo que en el Observatorio Lawfare, denominamos como lawfare internacional:
Lawfare contra Evo Morales desde Perú. En enero de 2023, la fiscalía del Estado de Puno, inició proceso contra Evo Morales, por un supuesto delito de atentado contra la integridad nacional, para el que se prevé una pena de privación de la libertad por quince años o más. Por una decisión del gobierno ratificada por el momento en sede judicial, Evo tiene prohibida la entrada a Perú.
Acoso a exilados en la embajada de México en la Paz. Luego del Golpe de Estado de noviembre de 2019, más de 30 ex funcionarios del MAS se refugiaron en la Embajada de México en La Paz. México denunció ante la CIJ la presencia excesiva de personal de servicios de seguridad bolivianos que vigilaban tanto la Residencia como la Embajada, fuerzas que incluso detuvieron la camioneta de la embajadora. Se suma el caso de César Navarro (ex Ministro de Minería) y Pedro Damián Dorado (ex Viceministro de Desarrollo Rural López), refugiados en la embajada de México, quienes obtuvieron salvoconducto para salir de Bolivia y fueron detenidos en el aeropuerto. Luego de inmediata reacción internacional, fueron liberados y pudieron dirigirse a la Ciudad de México.
Caso Assange: En abril de 2019 el entonces presidente de Ecuador Lenin Moreno retiró el asilo diplomático de Assange, que fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres dentro de la embajada de Ecuador en virtud de una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En este caso, Ecuador habilitó el ingreso de personal policial extranjero a su embajada.
Tanto en Perú, Bolivia, como ahora Ecuador, los gobiernos derivados de la ruptura democrática han declarado persona non grata a los embajadores de México: En Bolivia en 2019 contra María Teresa Mercado, expulsada en 2019. En Perú contra Pablo Monroy, expulsado en 2022 y en Ecuador contra Raquel Serur en 2024.
La escalada de violencia política, la crisis institucional y democrática, las vulneraciones a la legalidad, la utilización de los aparatos judicial y mediático para la persecución política, vienen construyendo en Ecuador un modelo de lawfare nacional e internacional, como escenario propicio para la implementación de políticas económicas neoliberales, la profundización y expansión de la criminalidad, y, una mayor injerencia del gobierno de EE.UU. en asuntos internos. Implican no sólo la ruptura de relaciones con un país como México, con una histórica tradición como país que concede asilos políticos, sino también la proyección en América Latina de un conflicto que amenaza con agravarse.
Las acciones llevadas a cabo por el gobierno ecuatoriano, han generado una crisis en la institucionalidad y las relaciones interamericanas, Por un lado, urge que se tomen las medidas y sanciones equivalentes a esta acción, para evitar que se repita. Por otro lado, pone en evidencia la impunidad con la que actúan gobiernos de derecha, que no solo desconocen las normativas de sus propios Estados, sino que se atreven a vulnerar normas básicas del derecho internacional y la diplomacia.