Ecuador intervenido: guardián de los intereses de EE.UU. contra Colombia

El 17 de marzo de 2026, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció el hallazgo de una bomba en territorio colombiano, a 200 metros de la frontera con Ecuador en una zona selvática del departamento Tupumayo. Solicitó investigar si hubo intencionalidad pues dicho objeto pertenecería al ejército ecuatoriano, lo que tensó aún más la relación entre ambos países.

Se presume que la bomba hallada en territorio colombiano formaba parte de un operativo de bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas ecuatorianas el 3 de marzo en Sucumbíos, cerca de la frontera. Este episodio se inscribe en un contexto previo de violencia en la zona, que incluye el hallazgo de 14 cuerpos calcinados en Nariño, también muy cerca de Ecuador, en enero de 2026. Cabe recordar que en Sucumbíos hace 18 años fueron asesinadas 25 personas como parte de la “Operación Fénix” perpetrada por el ejército colombiano en contra de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Finalmente, tras varios días de tensiones, Ecuador y Colombia acordaron conformar una misión técnica binacional para investigar el origen del artefacto explosivo. A través de la mediación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se realizarían en la ciudad de Lima reuniones oficiales entre ambos gobiernos los días 25 y 26 de marzo. Mientras tanto, la ex secretaria de Seguridad de EE.UU., Kristi Noem, actualmente enviada especial de Washington para la estrategia Escudo de las Américas, llegó a Quito el miércoles 25 de marzo a fines de avanzar en coordinaciones con el gobierno de Noboa.

Esta nueva situación conflictiva se produce en un momento particularmente sensible: Colombia atraviesa un proceso electoral cuyo resultado puede definir si se consolida el progresismo con la candidatura de Iván Cepeda o si el país se reconfigura como una pieza más dentro del tablero geopolítico que domina Estados Unidos (EE.UU.). En el ciclo electoral de 2025 en la región, la administración Trump llevó a cabo injerencias electorales en Argentina, Chile y Honduras, como parte de los esfuerzos para “ajustar” a la región a los intereses de seguridad nacional declarados en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025.

Tierra arrasada

Durante el gobierno de Daniel Noboa, se consolida en Ecuador un escenario de “tierra arrasada”, caracterizado por la ausencia de institucionalidad, el deterioro económico, el quiebre del tejido social y el avance del narcotráfico. En este marco, el país experimenta una profundización sin precedentes de la militarización de la seguridad pública e interna, bajo el argumento del combate al narcotráfico y al “terrorismo”, en línea con el guion de la política de seguridad estadounidense. Esto ocurre en un escenario donde diversas investigaciones han documentado vínculos entre circuitos de narcotráfico y empresas del sector bananero asociadas a la familia Noboa.

La ola de violencia en Ecuador ha crecido a un ritmo vertiginoso, con 9,000 homicidios intencionales en 2025 y alcanzando una tasa de aproximadamente 50,91 muertes por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina, en un país que hasta 2017 era de los más pacíficos y seguros del continente. Actualmente, hay más de 75.000 soldados y policías desplegados en el territorio. Sin embargo, la experiencia reciente en la región sugiere que este tipo de respuestas no reduce la violencia, sino que tiende a profundizarla, favoreciendo la fragmentación de actores armados y el fortalecimiento de estructuras paramilitares.

Mientras tanto, el lawfare y la destrucción de la democracia continúa avanzando en paralelo a la militarización. Desde 2017, con la asunción de Lenín Moreno, el uso del aparato judicial como herramienta de persecución política se ha consolidado en Ecuador hasta erosionar gravemente el Estado de derecho, con el objetivo de desarticular al correísmo como sujeto político. Las instituciones administrativas y judiciales han sido progresivamente puestas al servicio de esta dinámica, orientada especialmente contra dirigentes de la Revolución Ciudadana.

Entre los episodios más recientes destaca la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez —uno de los principales opositores de Noboa— el 10 de febrero de 2026, en el marco de una causa por presunta delincuencia organizada en torno a la comercialización de combustibles mediante las empresas de su familia. Actualmente, Álvarez está en una prisión de máxima seguridad (donde están detenidos líderes de grandes bandas criminales) y cuenta con tres causas por las que tiene prisión preventiva. Pocas semanas antes, en enero, la Fiscalía allanó la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González en el contexto del caso “Caja Chica”, por presunto lavado de activos y financiamiento desde Venezuela, una acusación que el propio gobierno vinculó a información de inteligencia de Estados Unidos que nunca fue hecha pública.

El 9 de marzo de 2026, relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre el desmoronamiento del Estado de derecho en Ecuador y el avance de un proyecto de rasgos autoritarios. Uno de los puntos centrales señalados fue el uso indebido del concepto de “terrorismo”, utilizado por el gobierno para calificar automáticamente conductas vinculadas al crimen organizado sin cumplir con los estándares internacionales.

Fuerzas de seguridad de EE.UU. en Ecuador con Noboa: recuento mínimo

La presencia militar de EE.UU. en Ecuador se ha intensificado de manera acelerada durante el gobierno de Noboa, incluso en un contexto en el que el referéndum de noviembre de 2025 impidió formalmente el establecimiento de bases militares extranjeras.

• 17 de marzo de 2026: el informe anual del Comando Sur presentado ante la Cámara de Representantes reveló que Estados Unidos brindó “soporte fundamental de inteligencia” para la localización y captura de “Fito”, líder de Los Choneros, detenido el 25 de junio de 2025 y posteriormente extraditado a EE.UU.

• 11 de marzo de 2026: se anunció un memorándum de entendimiento entre EE.UU. y Ecuador que habilita la presencia permanente de agentes del FBI en territorio ecuatoriano.

• 6 de marzo de 2026: Operación del Ejército ecuatoriano con apoyo del Comando Sur, destruyó un campamento en Sucumbíos, en la frontera con Colombia. Según información oficial, se trataba de una base de los “Comandos de la Frontera”, disidencia de las FARC. El comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, calificó la operación como un éxito en el marco del combate al narcoterrorismo. Sin embargo, según un reportaje de The New York Times, habitantes de la zona afirman que el lugar atacado era en realidad una granja lechera.

• 3 de marzo de 2026: el Comando Sur anunció que fuerzas militares estadounidenses estaban asistiendo a Ecuador en “operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas”. Autoridades ecuatorianas confirmaron la presencia de tropas estadounidenses en una base de la Fuerza Aérea en Manta.

  
  

En una investigación académica reciente demostramos cómo, desde los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, el estrechamiento de vínculos con el aparato de seguridad estadounidense ha convertido a Ecuador en una base de operaciones de Washington en la región. Esta dinámica se materializa en acuerdos como el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que otorga inmunidades al personal militar estadounidense y habilita su actuación en territorio ecuatoriano —en línea con instrumentos similares vigentes en países como Panamá (desde 2022) y, más recientemente, Paraguay—, así como en el Acuerdo Relativo a Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales (SHIPRIDER). Ambos fueron firmados durante el gobierno de Lasso y ratificados por Noboa en febrero de 2025.

En lo que concierne a las Islas Galápagos, en diciembre de 2024, el gobierno de Ecuador aprobó la resolución del “Proyecto Integral de Seguridad en la Región Insular” y su instructivo de implementación (activando instrumentos del SOFA y SHIPRIDER) para habilitar el acceso militar estadounidense en el archipiélago para operaciones contra “actividades marítimas transnacionales ilícitas”. A esto se suma un incremento exponencial de la asistencia en seguridad la profundización de acuerdos con agencias como la DEA, INL, FBI y la incorporación de actores privados vinculados al complejo militar estadounidense, incluyendo empresas asociadas a Erik Prince/Blackwater.

En este escenario de creciente militarización y profundización de la cooperación con EE.UU., incluso análisis provenientes del propio campo de la seguridad estadounidense reconocen las implicaciones de este tipo de intervenciones, anticipando tanto sus “potenciales beneficios” como riesgos de inestabilidad política y social.

Informe de la consultora de seguridad Stratfor (9 de marzo 2026):

Dada la extrema inseguridad en Ecuador, es probable que la mayor parte de la población acepte la ayuda de Estados Unidos, sobre todo a corto plazo. Y aunque el Movimiento de la Revolución Ciudadana, en oposición, probablemente continúe criticando esta cooperación por motivos de soberanía, Noboa y sus aliados controlan la Asamblea Nacional, por lo que habrá pocas limitaciones políticas a las operaciones a corto plazo. Además, la asistencia de seguridad estadounidense podría, en última instancia, reducir la violencia y hacer que Ecuador sea más atractivo para la inversión y las operaciones comerciales, aunque solo después de al menos un año de presión sostenida sobre las pandillas, lo cual no está garantizado. Mientras tanto, las operaciones aumentarán gradualmente el potencial de reacción adversa, especialmente si surgen informes de operaciones estadounidenses que provoquen muertes de civiles o si las operaciones no logran una reducción sustancial y sostenible de la violencia. La oposición popular sería más probable si las operaciones desestabilizan el entorno criminal de manera que se incremente la competencia entre grupos criminales rivales o la violencia de represalia contra las autoridades y la población civil. 

Ecuador: nuevo guardián de los intereses de EE.UU. en la región

Aunque los hechos recientes en Venezuela muestran que las acciones militares directas no están descartadas, el caso ecuatoriano permite observar la consolidación de un esquema de tercerización de la desestabilización, en la cual EE.UU. delega funciones en actores estatales locales que adoptan sus marcos doctrinarios, prioridades de seguridad y lógicas de intervención, consistente con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. En este esquema, Ecuador no sólo internaliza esta agenda, sino que comienza a proyectarla hacia el entorno regional, rol que fue claramente asumido por Colombia a partir del Plan Colombia, pero que se ha diluido con el plan Paz Colombia y en el marco del gobierno de Petro.

Incluso desde la propia doctrina militar estadounidense se conceptualiza a Ecuador como una plataforma de proyección regional. Un análisis publicado en Military Review señala que una eventual base o presencia militar en el país permitiría fortalecer las capacidades de vigilancia, inteligencia y monitoreo sobre dinámicas que afectan a toda la región, desde el narcotráfico hasta la competencia geopolítica con potencias como China y Rusia. En este esquema, Ecuador no es pensado únicamente como un receptor de asistencia, sino como un punto de apoyo geopolítico, logístico y de inteligencia para operaciones de alcance regional.

Cuando este enfoque se articula con la dinámica operativa identificada por informes como el de Stratfor (4 de marzo) —donde EE.UU. provee inteligencia, planificación y apoyo logístico mientras las fuerzas ecuatorianas ejecutan las operaciones— se configura un patrón más amplio. Estados Unidos conserva el control estratégico, mientras delega la ejecución en actores locales. De este modo, la presencia no requiere necesariamente una base formal ni una intervención directa: opera a través de redes de “cooperación” sin asumir los costos políticos, jurídicos y militares. En este marco, incluso en escenarios de involucramiento directo de personal estadounidense —por ejemplo, en casos que deriven en la muerte de civiles—, mecanismos como el SOFA garantizan su inmunidad.

A la vez, se agrava la disputa arancelaria y comercial entre Ecuador y Colombia, iniciada en enero pasado por medidas tomadas por el presidente Noboa y replicadas por Petro, que pueden tener impacto por cientos de millones de dólares y cientos de miles de empleos en ambos países. En este contexto debe entenderse la firma del nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y Ecuador, que facilitará el ingreso al mercado ecuatoriano de productos y de empresas estadounidenses, especialmente en sectores estratégicos como minería, energía, telecomunicaciones, agricultura y farmacia. Esta nueva etapa implica un mayor control de EE.UU. sobre la economía ecuatoriana, en un plan similar a los implementados con Argentina, El Salvador y Guatemala.

Asimismo, en días recientes la prensa estadounidense difundió que investigaciones en fiscalías de Manhattan y Brooklyn, aún no precisadas, que incluyen el análisis de supuestos vínculos entre el presidente Gustavo Petro y organizaciones narco-criminales. Las investigaciones son impulsadas también por la DEA y la Agencia de Investigaciones en Seguridad Nacional estadounidense y se encontrarían en etapas preliminares.

Riesgos de escalamiento y urgencia de vigilancia internacional

En el actual contexto preelectoral en Colombia, estos procesos adquieren una dimensión regional crítica en el que se perdieron instancias regionales como la UNASUR. La posibilidad de que acciones militares ecuatorianas impacten en territorio colombiano eleva el riesgo de violaciones al derecho internacional, de intervencionismo extranjero y de escalamiento de tensiones. Los antecedentes no son menores: el bombardeo de Sucumbíos en 2008 mostró cómo la intervención transfronteriza puede desestabilizar la región.

A esto se suma una política exterior ecuatoriana totalmente alineada con EE.UU., que incluye el respaldo a intervenciones militares en Venezuela, acusaciones sin sustento sobre la presencia en la región de actores como Irán o Hezbollah, y la ruptura de relaciones con países como Cuba y México —en este último caso, tras el asalto a su embajada en Quito en 2024 y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas.

En este contexto, la tercerización de la desestabilización deja de ser una hipótesis para convertirse en una dinámica observable: Ecuador no solo reorganiza su política interna bajo lógicas de militarización, extranjerización y persecución judicial, sino que comienza a proyectar estas dinámicas hacia el plano regional, con impactos directos sobre procesos políticos-electorales estratégicos como el colombiano, siendo la punta de lanza de una nueva estrategia militar estadounidense de tutelaje, como quedó evidente con la Iniciativa Escudo de las Américas.