Lawfare internacional (o la guerra por todos los medios) contra Venezuela

Cuando Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos (EE.UU.), fueron unánimes las voces expertas (académicos, analistas de think tanks), medios de comunicación hegemónicos y el posicionamiento de buena parte de los gobiernos de la región, cuestionando, incluso en algunos casos, denunciando, su discurso intervencionista, belicista y contrario a las mínimas normas de convivencia y diplomacia entre Estados: deportar a todos los migrantes latinos de EE.UU., invadir a México, recuperar el Canal de Panamá, intervenir en la justicia y la política brasileña, etc.

Pero en su momento advertimos que había un tema en el que esas mismas voces se colocaban del lado de Trump (el mismo Trump que amenazaba con intervenir, que trata a los países de Centroamérica y el Caribe como “países de mierda”). Y ese tema era y es Venezuela. El New York Times (en español) publicó una columna, días antes de la asunción de Trump, donde pedía a Marco Rubio (sí, al abogado del lobby de ultraderecha de Florida, devenido en Secretario de Estado) utilizar todos los medios de intervención necesarios (diplomacia o poder militar) para sacar a Maduro. Para garantizar la democracia en Venezuela. Pero cuidado. Nunca es “Venezuela” a secas. Es quién controla el petróleo de Venezuela. Sí. Es una cuestión puramente geopolítica en un mundo en guerra. Habrá quienes digan “ya no resiste esa excusa del petróleo, Venezuela necesita urgente una ‘verdadera democracia’”. Dos argumentos simples. 1) La “verdadera democracia” en Argentina, Ecuador, o El Salvador, aplica medidas de exterminio selectivo de población (a manos de las fuerzas de seguridad, o como consecuencia de políticas económicas de hambre y exclusión), de forma sistemática, con pocas o nulas críticas de la comunidad internacional; 2) El primer golpe de Estado la CIA en el mundo, fue contra Mosaddegh en Irán (1953), porque su propuesta de nacionalizar el petróleo afectaba empresas extranjeras, en particular a las inglesas. La disputa por ese recurso en Oriente Medio no ha cesado. De modo que: sí. El petróleo sigue siendo un recurso en disputa, al grado de seguir generando guerras, justificando consensos y relatos que no tendrían relevancia o cabida si existiera algún límite a la rapiña de corporaciones y Estados de países centrales por los recursos estratégicos de la periferia.

Las instituciones internacionales creadas luego de la Segunda Guerra Mundial —y sus marcos regulatorios—, fueron organizadas en virtud de los intereses y necesidades de la expansión de la economía estadounidense. La extraterritorialidad de la ley estadounidense, su potestad de funcionar en prácticamente cualquier país del planeta, no es una excepción. Las Medidas Coercitivas Unilaterales y el bloqueo económico, tampoco lo son. De hecho, aunque la comunidad internacional no acuerde necesariamente con ese tipo de herramienta de poder blando, nadie puede evitar que sean aplicadas (pues, como toda herramienta de poder blando, su efectividad reside en la fuerza militar que la respalda). En los hechos, los países periféricos tienen serias dificultades para reclamar soberanía sobre recursos que son considerados “naturalmente” propiedad del complejo industrial militar de los países centrales. Venezuela tiene el % 18% de las reservas de petróleo a nivel mundial.

La recompensa para la captura de un presidente en funciones

El 7 de agosto de 2025, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia anunciaron un aumento de hasta 50 millones de dólares en la recompensa ofrecida bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (Narcotics Rewards Program, NRP) por información que conduzca al arresto y/o condena del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acusado de violar las leyes de narcóticos de EE.UU. Este monto supera el límite habitual de 25 millones de dólares que permite el programa, lo que indica que se trata de una medida excepcional.

El 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, junto con la Mara Salvatrucha (MS-13) y seis carteles mexicanos, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organization - FTO) y Terrorista Global Especialmente Designada (Specially Designated Global Terrorist - SDGT). El Departamento del Tesoro a través de la OFAC había designado previamente el 11 de julio de 2024 a Tren de Aragua como organización criminal transnacional.

El 15 de marzo de 2025 Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para reprimir las actividades del Tren de Aragua, afirmando que “El TdA opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la organización narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela”. Según memorándum desclasificado de abril de 2025, las agencias de espionaje estadounidense no consideran que la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, controla el Tren de Aragua.

El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como SDGT, señalando su rol en operaciones de narcotráfico y vínculos con grupos armados.

En paralelo a las sanciones—que pueden definirse como lawfare económico—, la reciente intensificación de programas de recompensa y designaciones contra altos funcionarios venezolanos forma parte de un lawfare internacional orientado contra Venezuela. Esta estrategia se inscribe en la ofensiva por el cambio de régimen que EE.UU. impulsa desde hace décadas contra la República Bolivariana de Venezuela, combinando herramientas judiciales, financieras y diplomáticas.

Programa de Recompensa de Narcóticos

Fue establecido por el Congreso en 1986 como herramienta para identificar y llevar ante la justicia a los principales infractores de las leyes de narcóticos de los EE.UU. Desde que empezó a funcionar el programa se han pagado más de $135 millones en recompensas a las personas que presentaron información que condujo al arresto o condena de los principales narcotraficantes.

Es administrado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas (ICE), DEA, FBI y otras agencias estadounidenses.

El programa otorga al Secretario de Estado la autoridad legal para ofrecer recompensas de hasta 25 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de los principales narcotraficantes que operan fuera de los EE.UU. por enviar drogas a territorio estadounidense.

Según el Código de los Estados Unidos (Título 22, Sección 2708):

Ninguna recompensa pagada conforme a esta sección podrá exceder los 25.000.000 de dólares, salvo que el Secretario de Estado la autorice personalmente al determinar que ofrecer o pagar una recompensa de mayor cuantía es necesario para combatir el terrorismo o defender a la Nación contra actos terroristas. Sin necesidad de realizar previamente tal determinación, el Secretario podrá autorizar una recompensa de hasta el doble del monto especificado en este párrafo para la captura, o para información que conduzca a la captura, de un líder de una organización terrorista extranjera.

No podrá concederse una recompensa, en virtud de esta sección, por un monto superior a 100.000 dólares sin la aprobación del Secretario de Estado.

Como antecedente, en septiembre de 2024 los congresistas Mario Díaz-Balart (republicano por Florida) y Debbie Wasserman Schultz (demócrata Florida), copresidentes del Caucus para la Democracia en Venezuela presentaron un proyecto de ley para “aumentar la recompensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el dictador Nicolás Maduro de 15 millones de dólares a 100 millones de dólares. El aumento se financiaría con bienes ya confiscados a Maduro y su régimen”. El proyecto fue introducido en el Senado por los senadores Rick Scott y Marco Rubio, actual Secretario de Estado.

El caso del Presidente Maduro ha sido objeto de incrementos sucesivos: en 2020 se fijó una recompensa inicial de hasta 15 millones, el 10 de enero de 2025 se elevó a 25 millones y, finalmente, el 7 de agosto de 2025 se duplicó hasta alcanzar la cifra récord de 50 millones de dólares. No hay precedente de este monto.

Además del Presidente Maduro, otros ex funcionarios y miembros actuales del gobierno venezolano son actualmente objetivos prioritarios del programa de recompensas. Entre ellos se encuentra Diosdado Cabello Rondón señalado, según información oficial estadounidense, como supuesto ministro de Interior, Justicia y Paz designado por Maduro tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, que Washington considera fraudulentas. Cabello, capitán activo de las Fuerzas Armadas y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido acusado de conspiración narcoterrorista en supuesta connivencia con el Cártel de los Soles y las FARC, coordinando envíos de cocaína, proveyendo armas a la guerrilla colombiana e interfiriendo en investigaciones judiciales. En marzo de 2020 fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos asociados con armas de fuego. La recompensa por su captura pasó de 10 millones en 2020 a 25 millones en enero de 2025.

Otro caso destacado es el de Vladimir Padrino López, general del Ejército venezolano y ministro de Defensa desde 2014, a quien la justicia estadounidense acusa de facilitar el transporte aéreo de cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica, cobrando cuotas de protección de más de 60.000 dólares y destinando esos fondos a campañas políticas. En mayo de 2019 fue acusado formalmente en el Distrito de Columbia por supuesta conspiración para distribuir cocaína a bordo de aeronaves registradas en EE.UU. La recompensa ofrecida por información que conduzca a su arresto o condena asciende actualmente a 15 millones de dólares.

Asimismo, siguen vigentes las recompensas establecidas en 2020 para otros señalados por el Narcotics Rewards Program: Rodolfo McTurk-Mora (5 millones de dólares), Jesús Alfredo Itriago (5 millones), Pedro Luis Martin-Olivares (10 millones), Cliver Antonio Alcalá Cordones (10 millones), Hugo Armando Carvajal Barrios (10 millones) y Tareck Zaidan El Aissami Maddah (10 millones).

Historial de recompensas del Departamento de Estado de EEUU contra Venezuela

Nombre	Fecha	Recompensa (en USD)
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	26 de marzo de 2020	10 Millones
Nicolás Maduro Moros	26 de marzo de 2020	15 Millones
Hugo Armando Carvajal Barrios	26 de marzo de 2020	10 Millones
Diosdado Cabello Rondón	26 de marzo de 2020	10 Millones
Cliver Antonio Alcalá Cordones	26 de marzo de 2020	10 Millones
Pedro Luis Martin-Olivares	29 de septiembre de 2020	10 Millones
Rodolfo McTurk-Mora	29 de septiembre de 2020	5 Millones
Jesus Alfredo Itriago	29 de septiembre de 2020	5 Millones
Diosdado Cabello Rondón	10 de enero de 2025	25 Millones
Vladimir Padrino López	10 de enero de 2025	15 Millones
Nicolás Maduro Moros	10 de enero de 2025	25 Millones
Nicolás Maduro Moros	7 de agosto de 2025	50 Millones

Además de estas designaciones, existen varias denuncias en EE.UU. por supuestos delitos como: tráfico de drogas, conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína a EE.UU. Las denuncias están en el Distrito de Columbia (contra Vladimir Padrino López); Distrito Sur de Florida (contra Maikel José Moreno Pérez y Luis Alfredo Motta Domínguez); Distrito Este de Nueva York (Vassyly Kotosky); Distrito Sur de Nueva York (Nicolás Maduro, y Tareck Zaidan el Aissami).

Manufacturacion de consenso: Cartel de los Soles y Tren de Aragua

Estas acciones legales operan junto a una campaña mediática sobre la supuesta existencia del Cártel de los Soles, una fabricación que lleva años y que fue desmontada, en su momento, por el periodista y abogado Fernando Casado y más recientemente Tren de Aragua, cartel existente, pero que ha sido usado por el gobierno estadounidense para incidir en la política de varios países, particularmente Venezuela, pero también Colombia, Centroamérica y últimamente México.

Agencias de seguridad de EE.UU., think tanks y consultoras se han dedicado a construir el relato sobre una supuesta empresa criminal encabezada por el gobierno de Nicolás Maduro. A continuación, se muestran algunos ejemplos:

• En julio de 2025 Brookings Institution publicó el testimonio de Vanda Felbab-Brown ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. en el que se vincula al Tren de Aragua con el gobierno de Venezuela. Realizó seis recomendaciones de política pública para combatir a los cárteles del narcotráfico y el fentanilo.

• Durante la X Conferencia de Seguridad Hemisférica, coorganizada por la Fundación TAEDA y la Universidad Internacional de Florida (FIU), desarrollada en Miami en mayo de 2025 se realizó el panel “The Tren de Aragua Threat: Transnational Crime in the Americas.”

• Testimonio del Jeje del Comando Sur, Almirante Alvin Holsey, en marzo de 2025: “Las TCO están aprovechando la situación de los migrantes, involucrándose en el tráfico ilícito de personas, la trata, la extorsión y otras actividades delictivas. La organización con base en Venezuela Tren de Aragua es uno de esos grupos, cuyas atroces operaciones representan una amenaza significativa para la región y han expandido su alcance más allá de las peligrosas rutas utilizadas por los migrantes, llegando incluso al interior de Estados Unidos”.

• En 2024 el Wilson Quarterly publicó un texto de Carlos Vecchio en el que vinculaba (sin prueba alguna) la crisis migratoria de la región con los desafíos del crimen organizado, particularmente el Tren de Aragua y Rusia en la región.

• William J. Perry Center For Hemispheric Defense Studies (marzo 2020): “El tumulto en el hemisferio occidental: El rol de la empresa criminal bolivariana conjunta en los disturbios de América Latina”.

• Destaca el trabajo de Douglas Farah, presidente de la consultora en seguridad IBI Consultores.

El 8 de agosto de 2025, el New York Times publicó una nota en la que sugiere que Trump estaría firmando una directiva dirigida al Pentágono para utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos considerados terroristas. Dicha directiva pone en el centro de la cuestión a Venezuela, México y países del Triángulo Norte de Centroamérica. Ese mismo día, Reuters recuperó las declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum con respecto a la inexistencia de vínculos del presidente venezolano con el narcotráfico. Bloomberg además retomó las declaraciones de Pamela Bondi, Fiscal General de EE.UU. en donde califica como “amenaza a la seguriad nacional” al presidente de Venezuela.

Aplicación universal de la ley y guerra judicial

Desde 2001 tras los ataques a las torres gemelas en EE.UU., los distintos gobiernos de dicho país han construido un estado de excepción con la aplicación de varias leyes de carácter nacional pero que tienen la característica de ser aplicadas de manera extraterritorial. La Ley de Comisiones Militares (2006), la John Warner Defense Authorization Act (2007), la reforma a la Ley Posse Comitatus, la Ley Patriota y la Homeland Security Act (2002) dan forma a ese estado de excepción.

Con estas leyes se ha actuado contra migrantes, grupos del narcotráfico, terroristas e incluso contra la población estadounidense. Con el actual gobierno de Trump como el anterior, se vuelve a presionar a Venezuela, violando el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 2.1 y 2.4 sobre soberanía y prohibición del uso de la amenaza o uso de la fuerza, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de Jefes de Estado.