De Irán a Cuadernos: la guerra por otros medios para apropiarse de recursos

El lawfare es una guerra que se focaliza en la persecución judicial arbitraria para lograr la expulsión de determinados líderes/lideresas y sectores de la competencia política, por la vía de la estigmatización y criminalización en medios de comunicación y redes sociales. Retoma métodos típicos de la guerra psicológica utilizados por EE.UU. (sectores privados y gubernamentales) para llevar a cabo los llamados “cambios de régimen”. Desde el derrocamiento del líder antiimperialista Mossadegh en Irán (1953), como castigo por nacionalizar el petróleo; pasando por la guerra contra la reforma agraria de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954); el derrocamiento del gobierno progresista de Joao Goulart en Brasil (1964); la asfixia económica contra la Vía Chilena al Socialismo y la sangrienta batalla antes y después del derrocamiento de Salvador Allende (1973); la propaganda sistemática contra el gobierno Sandinista en Nicaragua y el apoyo a grupos contrarrevolucionarios a lo largo de la década de 1980; el golpe contra Hugo Chávez (Venezuela, 2002); el golpe contra Manuel Zelaya (Honduras, 2009); el golpe parlamentario contra Fernando Lugo (Paraguay, 2012); el impeachment fabricado contra Dilma Roussef (2016) y el operativo de persecución judicial-política (Lava Jato) desplegado contra Lula Da Silva y todo el Partido de los Trabajadores a partir de 2014, incluyendo la cárcel de Lula (2018); la manufacturación de causas judiciales en Ecuador para expulsar de la política a Rafael Correa (2017/2018) y Jorge Glas (que aún sigue preso sin pruebas y a riesgo de morir en la cárcel); el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales y el lawfare en su contra de años posteriores (2019); la detención y prisión ilegal en 2022 del legítimo presidente de Perú, Pedro Castillo (aún preso); hasta el reciente secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, luego de la invasión militar en Venezuela (enero 2026). En cada uno de estos procesos hubo presencia directa o indirecta de intereses del gobierno y del sector privado de EE.UU., articulados en torno al acceso a recursos estratégicos amenazado por procesos de nacionalización o reivindicaciones soberanas de cada Estado.

Los calculados operativos abiertos y encubiertos llevados a cabo por la CIA y colaboradores locales a inicios de la Guerra Fría, con un flujo importante de financiamiento para la oposición local (periodistas, académicos, fundaciones y formadores de opinión), para la prensa de EE.UU. y periodistas reconocidos en el ámbito regional, tienen continuidad en el Siglo XXI, a través de esas redes instaladas hace décadas, por las que fluye financiamiento a fundaciones y ONG, universidades, expertos/as, artistas, etc., que defienden la “democracia de libre mercado”. Ciertamente, en el contexto de las causas judiciales del lawfare latinoamericano de nuestro tiempo, destacan los “periodistas independientes” que siempre son financiados de forma directa o indirecta por programas de asistencia de EE.UU.

Sin embargo, existe una gran diferencia. Hay que decir que el periodismo, influencers y referentes del espectáculo o del deporte en la opinión pública, apoyados por sectores empresariales (que no ven ya la necesidad de ocultarse, pues no existe sanción), responden casi de forma automática a una línea que se opone frenéticamente a cualquier propuesta que implique mayor presencia del Estado o de lo público en beneficio de las mayorías (postura que no requiere de financiamiento o sobornos sistemáticos). En otras palabras: a fuerza de golpes militares, persecución, películas y series de Hollywood, se instaló el consenso de que la mejor (y única) democracia posible es la que defiende los intereses del mercado, aunque esto implique quitarle el derecho a un mínimo bienestar a las mayorías, lo que, en términos jurídicos y en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se denomina dignidad humana.

Objetivo: Cristina

En el caso de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), dos veces presidenta y una vez vicepresidenta de la Nación Argentina, la campaña judicial-mediática se ha focalizado especialmente en su rol como mujer en el cargo más alto de la política, con la intención de destruir el movimiento político que recuperó la economía argentina defendiendo su soberanía y capacidad de planificación estratégica. Estas campañas cuestionan su capacidad de liderazgo y su supuesta “adicción al poder”, con campañas de acoso mediático que duraron décadas, rematadas por un intento de femi-magnicidio en plena vía pública. Los periodistas de turno afirmaron que la culpable del intento de asesinato, era ella misma. La furia desatada contra ella recuerda a varias recomendaciones de la CIA en el cambio de régimen en Guatemala, 1954: en la segunda fase del Operativo Éxito para derrocar a Arbenz, se postulaban “Ideas para desacreditar a Arbenz”, con indicaciones sobre falsificaciones y mentiras que debían difundir para doblegar al Presidente de Guatemala y destruir su reputación, lograr el “asesinato de carácter” (en otros términos: su muerte política). Además de campañas de acoso en la prensa, debían contaminar su entorno y quitarle credibilidad mediante rumores y noticias falsas, incluyendo denuncias por cualquier violación de la ley o por sospechas acumuladas. “A veces una insignificante violación de la ley puede tener interesantes consecuencias políticas”, afirmaban los agentes de la CIA. Cualquier coincidencia con el lawfare, es evidente causalidad.

Este martes 17 de marzo de 2026, CFK tuvo que asistir a los tribunales federales de Capital Federal, para comparecer en su declaración indagatoria por la conocida como “Causa Cuadernos”, que bien podría ser “Fotocopias de los Cuadernos Quemados y Reaparecidos”. Este expediente, junto a “Causa Vialidad” donde CFK está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, son dos emblemas de la persecución arbitraria, la violación al debido proceso y la vulneración al principio de inocencia. El lawfare ha venido a contaminar definitivamente la democracia y el funcionamiento de las instituciones republicanas en Argentina.

Claves de la “Causa Cuadernos”

1. Pruebas débiles o falsas

La causa se inicia con las fotocopias de unos cuadernos supuestamente escritos por un chofer, Oscar Centeno, quien trasladaba a Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación. Centeno intervino en la causa como “arrepentido”. Peritajes realizados por la Superintendencia Federal de la Policía Científica, en una causa paralela, demostraron que los cuadernos habían sido groseramente manipulados, con miles de enmiendas, tachaduras o irregularidades, nunca desmentidas tampoco en la causa principal. Sin embargo, la causa Cuadernos continúa su curso. Los cuadernos originales, inicialmente Centeno dijo que estaban en su casa. Al no aparecer en un allanamiento, el chofer dijo que los había quemado en su propia casa; tiempo después “aparecieron” los originales en manos del mismo periodista (Diego Cabot, Diario La Nación) que había recibido las fotocopias en primera instancia. Esta evidencia debería ser indudablemente descartada como prueba, en cualquier proceso penal que respete el debido proceso. Esta situación fue detallada y denunciada en una causa derivada de Cuadernos, por el fiscal federal Jorge Di Lello.

Sin embargo, los jueces actualmente a cargo del juicio, integrantes del Tribunal Oral Federal N° 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli, rechazaron todos los pedidos de nulidades de las defensas y decidieron seguir adelante con las acusaciones.

2) Forum shopping y violación del principio de Juez natural

La causa “Cuadernos” se edificó en pleno gobierno de Mauricio Macri, cuando funcionaba la conocida “mesa judicial” que integraba funcionarios del Ejecutivo, con operadores judiciales, agentes de inteligencia, funcionarios judiciales y operadores mediáticos, con la finalidad de perseguir a CFK y otros dirigentes kirchneristas. Esta “mesa judicial” inventó causas, operaciones y forzó ilegalmente el funcionamiento del Poder Judicial, principalmente de los tribunales federales de la Capital Federal, para que operen con dicha misión.

Puntualmente, la causa “Cuadernos” no tuvo sorteo para designar a los funcionarios judiciales que debían intervenir. El fiscal Carlos Stornelli (quien hoy sigue siendo fiscal federal) y el juez Carlos Bonadío (fallecido) forzaron conexiones con una causa anterior a su cargo, para quedarse la instrucción de las fotocopias de los cuadernos, tras la declaración del periodista Diego Cabot. Es decir, inventaron y se apropiaron de la causa Cuadernos: este fenómeno es conocido como forum shopping. Al inicio de la causa, el propio Stornelli reconocía que CFK “no está nombrada en los cuadernos en el circuito de recaudación”. Sin embargo, se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita dedicada a recaudar dinero ilegal por parte de empresarios entre los años 2003 y 2015, en base a los cuadernos del chofer Centeno y los testimonios de los “arrepentidos”.

3) Arrepentidos no arrepentidos y testimonios considerados como pruebas concluyentes

Debe recordarse que en general, los testimonios no provienen de personas “arrepentidas”, sino implicados que buscan reducir su pena o el castigo al que puedan quedar sujetos. En muchas ocasiones, se denuncia que estas delaciones premiadas se dieron en contextos de extorsiones, amenazas, intimidaciones y hasta torturas. Debe destacarse que las delaciones premiadas fueron incorporadas o ampliadas en los Códigos Penales de la región a través de reformas impulsadas por agencias del gobierno de Estados Unidos.

En el año de las elecciones presidenciales 2023 la causa Cuadernos reunía 159 imputados, había 899 testigos ofrecidos, se publicitaba como “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”. No se filmaron/grabaron los testimonios de los arrepentidos y fueron tomados como “prueba en sí misma”, no como un indicio para buscar pruebas fehacientes. Algunos de los arrepentidos de la Causa fueron extorsionados por un falso abogado (D’Alessio) que los amenazaba con implicarlos en la causa si no involucraban a CFK como delincuente. Recientemente, Roberto Herrera, abogado de Víctor Manzanares, denunció prácticas de tortura contra su defendido, para que declare como “arrepentido”. Lo mismo realizó Mario Rovella, solicitando que retiren su testimonio inicial al informar que lo hizo coaccionado. Tiempo atrás, Armando Roberto Loson, había denunciado la misma situación. En paralelo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, entonces dueños del canal televisivo C5N, estuvieron presos dos años, al negarse a acogerse a la figura de arrepentidos en esta causa. El esquema, descripto también por el abogado defensor del empresario Carlos Wagner, es simple: quien se aviene como arrepentido, obtiene la libertad; quien no, pasará un largo tiempo en la cárcel.

4) Periodistas “independientes” y el Consorcio Investiga Lava Jato

Tanto los periodistas de la Causa Sobornos en Ecuador como de la Causa Cuadernos en Argentina, participaron de un Consorcio de Periodistas llamado Investiga Lava Jato, conducido por el director de Folha de Sao Paulo, uno de los que instalaron la agenda de la corrupción en Brasil, por décadas, con un framing que daba al Partido de los Trabajadores un rol protagónico en las supuestas tramas de delincuencia. El Consorcio fue premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa (entidad que suele proclamarse en contra de los gobiernos progresistas porque los considera una amenaza a la “libertad de expresión”). En todas las investigaciones se repite la espectacularización de los casos en la prensa a partir de pruebas débiles y arrepentidos dudosos, paso fundamental para generar una sentencia anticipada en la opinión pública, criminalizando a los/as líderes/as implicados/as (Correa, CFK, Lula da Silva). Algunos/as de los/as periodistas fueron premiados (premio Rey Juan Carlos), sus notas replicadas en medios como CNN y participaron en eventos organizado por la fundación Federalismo y Libertad, miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL); de la Red Atlas Network (Estados Unidos).

5) La intervención de EE.UU.

De la causa Cuadernos, surge que el falso abogado D’Alessio, quien se hizo pasar por agente de la AFI y era parte de los mecanismos extorsivos del fiscal Stornelli, formaba parte de una red de informantes cercanos a la Embajada de EE.UU. en Bs As., que incluía a funcionarios/as y ex funcionarios de la oposición al kirchnerismo. El actual embajador de EE.UU. en Argentina, Peter Lamelas, defendió su designación ante el Congreso estadounidense sosteniendo que uno de sus objetivos era que “Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”.

En síntesis, la causa Cuadernos forma parte de una campaña de guerra permanente contra el progresismo y los movimientos populares en la región. Cuando pierda impacto, o mientras tanto, abrirán o reabrirán otras causas para continuar con la campaña de “muerte política” de CFK –curiosamente, en una de esas causas se intenta acusar a CFK de conspiración con Irán (causa Memorándum Irán, conspiración descartada por la Interpol, pero que se enciende en el contexto de conflicto en Medio Oriente y auge del sionismo). En este momento, el show judicial montado en torno a esta causa, permite ocultar en los medios masivos de comunicación la mega estafa Libra que involucra al presidente de la Nación, Javier Milei; o la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Evita al mismo tiempo que se instale en la agenda nacional la grave crisis económica del país. No obstante, de lo que siempre carecieron los servicios de inteligencia de EE.UU. y sus aliados locales, desde inicios de la Guerra Fría, fue de conocimiento sobre la gente común, su capacidad de trabajo y militancia, o el vínculo que puede generarse entre este pueblo y liderazgos genuinos, que tarde o temprano trascienden la manipulación y la propaganda.