Ciberseguridad, tecnologías de persecución y lawfare

El lawfare es un fenómeno multidimensional que avanza contra las garantías constitucionales y convencionales vinculadas al debido proceso, principio de inocencia, legalidad, proporcionalidad, igualdad, juez natural, derecho de defensa y que a la vez vulnera derechos civiles y políticos de dirigentes latinoamericanos que no adscriben al mandato neoliberal instruido por los poderes concentrados internacionales y locales. Ubicamos temporalmente estos hechos, en la región, en los últimos 15 años.
El lawfare tiene objetivos bien claros a nivel político, económico, financiero y geopolítico, y para ello, las herramientas de la comunicación son fundamentales. Por lo tanto, la tecnología ya no es un accesorio del lawfare: se ha vuelto una de sus condiciones de posibilidad. Software espía, herramientas de extracción forense, plataformas de análisis masivo de datos y sistemas privados de transmisión electoral intervienen hoy en cada eslabón de la persecución política por vía judicial, desde la obtención de información hasta la proscripción y el conteo de votos.
Esa incorporación tiene un discurso que la legitima, a pesar de ser mencionado generalmente desde una supuesta “neutralidad”: la ciberseguridad. En nombre de proteger al Estado, combatir el crimen organizado (incluso el narcoterrorismo como ha tipificado Estados Unidos) o blindar las elecciones, los gobiernos de la región adquieren capacidades altamente intrusivas con escaso control parlamentario, judicial y ciudadano. Muchas de esas capacidades terminan apuntando contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
Este informe propone leer ese fenómeno como una dimensión específica del lawfare. Primero presenta un encuadre que ubica la capa tecnológica en el ciclo de la persecución. Luego recorre casos de América Latina y el Caribe organizados por eslabón y cierra con los estándares interamericanos disponibles, que sirven como disparador para plantear un conjunto de alternativas que consideramos idóneas para afrontar el desafío descrito.
Encuadre: la capa tecnológica del lawfare
El lawfare es una modalidad de la guerra política que combina la vía judicial y la mediática para deslegitimar, criminalizar o proscribir a determinados actores políticos. Su ciclo va de la investigación a la supuesta prueba, luego al escándalo mediático y del escándalo a la condena o la inhabilitación. Hoy cada uno de esos eslabones tiene una capa tecnológica propia:
Obtener información: Mediante software espía, interceptación de redes y monitoreo masivo que permiten acceder a comunicaciones, contactos y ubicaciones de un blanco, muchas veces sin orden judicial. El uso de “arrepentidos”, “delatores premiados” o “colaboradores eficaces” resulta muy habitual en estos casos.
Producir la prueba: Herramientas privadas de extracción forense convierten un teléfono incautado en expediente. Su funcionamiento muchas veces no se somete a auditorías de contraparte y su fiabilidad rara vez se discute en juicio.
Difundir en los medios: Chats y audios llegan a la prensa o son publicados por las propias fiscalías antes del juicio. Las plataformas, redes sociales y la inteligencia artificial amplifican la condena social.
Contar los votos: El registro, la transmisión y la totalización electoral dependen cada vez más de proveedores privados. Esa infraestructura -en disputa por las principales potencias- se convierte en un nuevo terreno del lawfare electoral.
Institucionalizar y legislar: Reformas de inteligencia, telecomunicaciones, protocolos de ciberpatrullaje, unidades de IA policial y sistemas de cruce de datos preparan el terreno antes de que haya un blanco concreto. En ocasiones se decretan secretos informativos que impiden el escrutinio político y ciudadano con base en criterios de “seguridad nacional”, así como el uso habitual de fondos reservados sin rendición de cuentas.
Sobre ese ciclo opera una capa geopolítica. Los proveedores de estas herramientas suelen estar ligados a los aparatos de seguridad de Estados Unidos o Israel, principales cabilderos para insertar sus instrumentos en la región. La cooperación en ciberseguridad e inteligencia crea dependencias, y la agenda internacional empuja a los Estados a comprar tecnología con menos regulación.
La ciberseguridad aparece aquí con una doble cara. Proteger infraestructuras y datos frente a ataques es una necesidad legítima y urgente por parte del Estado. Pero el término también funciona como paraguas discursivo para justificar la compra de capacidades ofensivas, ampliación de facultades de vigilancia y creación de figuras penales vagas que alcanzan la expresión política. En síntesis, se conforma como un área que es presentada como “necesaria”, pero que tiene características opacas y con usos políticos que son contrarios a la democracia y al Estado de Derecho.
Obtener: espionaje sin control
El software espía es la herramienta más intrusiva del repertorio, dado que permite acceder a mensajes, archivos, cámara y micrófono de un teléfono sin que su dueño lo advierta. En la región se ha usado reiteradamente contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, casi siempre fuera de cualquier causa judicial.
Colombia muestra cómo estas capacidades entran por fuera del presupuesto. En 2024 el presidente Petro denunció que la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) había comprado el software de origen israelí Pegasus en 2021, en pleno estallido social y antes de la campaña presidencial, por 11 millones de dólares pagados en efectivo. La fiscal general confirmó luego, con información financiera israelí, que el pago a NSO existió, aunque no se encontró una compra oficial ni se sabe quién tiene la herramienta; la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia dijeron no tener registros.
El Salvador es uno de los usos más intensivos conocidos. Citizen Lab y Access Now confirmaron 35 periodistas y activistas infectados entre julio de 2020 y noviembre de 2021, 22 de ellos de El Faro. El gobierno negó ser cliente de NSO. En 2026 se conocieron documentos según los cuales la Presidencia buscó en 2024 un sistema ofrecido como superior a Pegasus a través de intermediarios.
Brasil aporta un caso de interceptación masiva. La Policía Federal concluyó en 2025 que durante el gobierno de Bolsonaro funcionó una "Abin paralela" que usó FirstMile, de la israelí Cognyte, para geolocalizar celulares a través de la red de telefonía y monitorear a adversarios, ministros del Supremo y periodistas. Las consultas tuvieron un pico durante las elecciones municipales de 2020.
En Ecuador, en noviembre de 2024, en plena campaña, el candidato correísta a la vicepresidencia Diego Borja denunció la presunta compra de Pegasus por parte del gobierno de Noboa, y en diciembre la Asamblea aprobó con 111 votos investigarla; la fiscalización no llegó a resultados. En agosto de 2026, Fernando Cornejo, expresidente de Segura EP, la empresa de seguridad del municipio de Guayaquil y la activista Gabriela Panchana, ambos críticos del gobierno de Noboa, recibieron alertas de Apple por posibles ataques de spyware mercenario. Ese mismo mes, la asambleísta de Revolución Ciudadana Jahiren Noriega denunció que Apple le advirtió que su celular, su computadora y su tablet estarían comprometidos por un spyware, posiblemente Pegasus. Noriega, que durante el debate de la Ley Orgánica de Inteligencia había advertido que podía usarse contra opositores y organizaciones sociales, pidió un peritaje forense internacional de sus equipos. Semanas antes, el propio gobierno había denunciado a Rafael Correa por una supuesta red de espionaje con las cámaras de Segura EP, exhibiendo una paradoja: la acusación de espiar recae sobre la oposición mientras sus dirigentes reciben alertas de ser espiados. Todo ocurre bajo una Ley Orgánica de Inteligencia que habilitó pedir datos a las operadoras telefónicas sin orden judicial, calificada por el movimiento Revolución Ciudadana como "espionaje institucionalizado".
México contrató Pegasus durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el primero, se pagaron 8 mil millones de pesos (de 2024) metiando ocho contratos con la empresa Security Tracking Devices y la Secretaría de la Defensa Nacional. El programa permitía controlar vía remota más de 1.200 teléfonos móviles inteligentes de manera simultánea y realizar escuchas telefónicas, capturas de fotografías, videos y extracción de datos personales. En el sexenio de Peña Nieto se destinaron 1.970 millones de pesos y 61 millones de dólares a NSO Group y empresas relacionadas. También se aseguró un inmueble donde se almacenaban grabaciones de conversaciones privadas, incluidas algunas de López Obrador. En ambos gobiernos, el de Calderón y Peña Nieto, se espió a periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios y políticos.
Las empresas a las que se les pagó por el malware Pegasus son: NSO Group, Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, SA de CV; KBH Aviation, SA; Proyecto Semilla, S.A. de C.V; Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MV, SA de CV; Comercializadora Antsua, SA de CV; BSD Security Systems, SA de CV; BSD London Hightech and Project Management LP; y Security Tracking Devices, SA de CV.
Recientemente, se conoció otra empresa israelí en México que conecta con el lawfare en amplio sentido: Black Cube. Esta empresa se dedica a “generar pruebas para juicios” y es contratada por despachos de abogados y empresarios, principalmente. Black Cube participa en investigaciones sobre actos de corrupción, arbitraje internacional y filtraciones a la prensa.
En octubre de 2026, la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL) anunció la apertura en Paraguay de una oficina que operará como centro regional contra el narcotráfico. Entra sus iniciativas está el financiamiento de programas para la formación ciberforense. Uno de los programas es la Red Global de Policía de Delitos Transnacionales y de Alta Tecnología (GLEN), desarrollada junto al Departamento de Justicia a través de la Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) y la Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT).
En Argentina, uno de los antecedentes más relevantes de espionaje ilegal sobre la sociedad civil es el que afectó a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Entre 2017 y 2018, mientras reclamaban una investigación integral del hundimiento, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, hoy SIDE), conducida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante la presidencia de Mauricio Macri, elaboró informes individuales sobre ellos a partir de seguimientos encubiertos, fotografías y consultas a bases de datos. Las denuncias de escuchas, hackeos de correos e infiltraciones no llegaron a probarse judicialmente. En diciembre de 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a Macri por realizar acciones de inteligencia interior prohibidas. Después, la causa pasó a Comodoro Py y en julio de 2022 la Sala I de la Cámara Federal porteña lo sobreseyó. Casación confirmó esa decisión y extendió el sobreseimiento a Arribas, Majdalani y otros funcionarios. La Corte Suprema rechazó los recursos de los familiares en octubre de 2025, y el último en julio de 2026, por lo que el caso seguirá ante el sistema interamericano. Aunque en este caso no aparece, en principio, el uso de tecnología de vigilancia avanzada, el fallo sienta un precedente preocupante: en los hechos, habilita el espionaje interno, en contra de lo que establece la Ley de Inteligencia N° 25.520. Ese riesgo se agrava con las reformas y alianzas internacionales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Producir la prueba: el teléfono como expediente
En los procesos de lawfare actuales, el teléfono incautado reemplazó a la escucha telefónica como principal fuente de prueba. Herramientas de extracción forense como las de la israelí Cellebrite recuperan chats, audios, fotos y ubicaciones, y sus reportes ingresan al expediente con apariencia de neutralidad técnica.
Esa neutralidad es discutible. En 2021, el creador de Signal demostró que el software de Cellebrite tenía vulnerabilidades que permitían alterar no solo el reporte de un teléfono, sino también los reportes previos y futuros generados con el mismo equipo, sin dejar rastros visibles. La empresa no desmintió el hallazgo. Aun así, estas licencias se compran de forma rutinaria y casi sin debate público: el Ministerio Público Fiscal porteño, la Policía del Perú en 2025 y fiscalías de toda la región, en algunos casos con observaciones por irregularidades, como en la provincia argentina de Tucumán.
El caso Ligados en Ecuador muestra cómo se encadena el problema. El ex candidato presidencial Andrés Arauz fue llamado a juicio en abril de 2026 por asociación ilícita, con una acusación apoyada en chats extraídos de dos teléfonos de otro procesado, incautados en enero de 2025. Su defensa denunció que los equipos se tomaron sin orden judicial y que se rompió la cadena de custodia. En ese sentido, los periodistas de La Posta Andersson Boscán y Mónica Velásquez denunciaron, partir de documentos policiales filtrados, que antes de quedar bajo custodia de la Fiscalía los teléfonos pasaron por manos de funcionarios de la Presidencia, en Carondelet. Sin embargo, la jueza rechazó las nulidades.
El antecedente directo es el caso Metástasis, la causa insignia de la entonces fiscal general Diana Salazar. La acusación se armó sobre más de 14.000 chats extraídos de los teléfonos del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga en 2022, y alcanzó a jueces, policías y al exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga. La Fiscalía publicó esos chats en su sitio web antes del juicio, el mismo procedimiento que repetiría en Ligados, y aunque las defensas cuestionaron cómo se obtuvieron, la causa avanzó. En 2024, cuando Aleaga difundió supuestas conversaciones con la propia Salazar, extraídas también con Cellebrite, parte de la prensa recordó las vulnerabilidades de la herramienta para restarles valor. La misma tecnología resultó fiable para acusar y dudosa para defenderse; de acuerdo al discurso hegemónico, la prueba digital vale según a quién perjudica.
También en Ecuador, la Fiscalía obtuvo en 2024 autorización para extraer la información de los dispositivos del exvicepresidente Jorge Glas, incautados durante el asalto a la embajada de México, una detención que fue ilegal, arbitraria y que violó el derecho internacional.
De estos casos surgen al menos tres problemas de garantías constitucionales. La defensa necesita acceso a la extracción completa, no solo al informe pericial: versión de la herramienta, registros técnicos, sumas de verificación y contexto de cada mensaje. El secreto comercial del proveedor no puede ser una barrera para auditar cómo se produjo la prueba. Quien compra, opera y controla estas herramientas termina por definir quién produce la "verdad" del expediente.
Difundir: del expediente al juicio mediático
La dimensión mediática del lawfare encuentra en el material digital su insumo ideal. Un chat fuera de contexto se viraliza en minutos, y su difusión anticipa una condena mediática que el proceso judicial difícilmente pueda oportunamente revertir. Con ello se cumple el elemento desmoralizador y deslegitimador de los objetivos políticos, sean partidos o personas concretas.
En el caso Ligados, la Fiscalía ecuatoriana difundió en 2025 las conversaciones extraídas y habilitó un enlace abierto con las transcripciones mientras la causa estaba en instrucción. La Corte Interamericana ya estableció en Escher y otros vs. Brasil (2009) que divulgar conversaciones obtenidas en una investigación viola la vida privada y la honra.
A la filtración se suma la producción industrial de contenido. En junio de 2026, The Intercept reveló que La Tilde, un sitio de noticias y finanzas personales dirigido a públicos latinoamericanos, con contenido generado en buena medida con IA, funciona como plataforma de mensajes del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos, aunque el Comando Sur negó cualquier vínculo oficial. Es pertinente recordar que el Comando Sur lleva años desarrollando y actualizando la guerra psicológica. En ese tenor, las Operaciones Militares de Apoyo a la Información (MISO) son parte de la guerra no convencional a la que recurre EE.UU.
En Bolivia en el proceso electoral de 2025, el uso de IA en medio de las elecciones fue usado ampliamente en redes sociales para afectar la percepción del electorado. De igual manera ya es habitual en cada contienda electoral de la región, que las redes sociales operen para favorecer las candidaturas de las derechas, mediante sus propios mecanismos algorítmicos y regulatorios internos. Lo sucedido con Meta, en la reciente elección presidencial brasileña, da cuenta de ello.
Estos episodios muestran que la capa tecnológica es un terreno en disputa y no un instrumento neutral, de un solo sentido: la misma vulnerabilidad digital que sirve para fabricar una causa puede servir para desarmarla. Además, es notorio el doble estándar con que se valora la prueba obtenida de forma irregular según a quién perjudique.
Contar los votos: la infraestructura electoral tercerizada
El lawfare electoral no se limita a decidir quién puede competir mediante las inhabilitaciones y proscripciones, también alcanza la forma en que se registran, transmiten y totalizan los votos en un acto comicial. A medida que esa infraestructura se terceriza en proveedores privados, la auditabilidad del software se vuelve una garantía democrática de primer orden.
En Colombia, el 8 febrero de 2018, el Consejo de Estado exhortó a la Organización Electoral a adquirir un software propio para el escrutinio, con trazabilidad completa. La Registraduría contrató la española INDRA para desarrollar el software de escrutinio nacional, utilizado desde 2022. En julio de 2025, adjudicó a una unión temporal integrada por Thomas Greg & Sons el contrato para la logística de las elecciones de 2026, que incluyé el preconteo y la digitalizaciín y trasmicion de los formularios E-14. En octubre de 2026, el entonces presidente Gustavo Petro cuestionó la seguridad y trazabilidad de los E-14 digitalizados y afirmó que el 97 % de los formularios publicados en PDF no tenía código hash; la Registraduría rechazó sus señalamientos.
En Honduras, una falla técnica de la colombiana Grupo ASD interrumpió durante tres días la transmisión de resultados de la elección de noviembre de 2025, en medio de un empate técnico. Antes de la elección, Trump amenazó con retirar la ayuda económica estadounidense si no ganaba su candidato, Nasry Asfura; tras la votación, advirtió de “graves consecuencias” si se cambiaban los resultados.
En Perú, para la segunda vuelta del 7 de junio de 2026, nuevos lineamientos de la ONPE reemplazaron la digitalización de las actas del exterior —usada en la primera vuelta del 12 de abril— por su traslado físico a Lima. El cambio generó denuncias sobre la cadena de custodia, en una elección que Fujimori ganó por apenas 49.641 votos.
En México la crisis del INE se intensificó en octubre de 2026, cuando se hicieron públicos señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos de proveedores de material electoral. Litho formas, integrada a Thomas Greg & Sons en 1999, aparece entre las empresas vinculadas a la red investigada. Los contratos bajo cuestionamiento abarcan 2018-2025; también se han señalado adjudicaciones a empresas relacionadas durante la gestión de Lorenzo Córdova (2014-2023), incluidos contratos de 2015, 2016 y 2022. junto con otras empresas han sido señaladas por presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Tadde (2023-2026) e incluso en gestiones anteriores. En noviembre de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar los contratos y mencionó las denuncias de Gustavo Petro contra Thomas Greg & Sons como una empresa que contribuyó al fraude en Colombia.
Institucionalizar: preparar el terreno
La tecnología facilita los mecanismos de persecución arbitraria, cuando no es auditable ni construida con especialistas nacionales. De este modo la persecución empieza antes, cuando se crean por decreto o resolución las facultades, las bases de datos y los circuitos de intercambio que luego la hacen posible. Argentina ofrece una secuencia nítida:
Diciembre de 2023. El protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad (Resolución 943/2023) ordenó identificar a manifestantes mediante filmaciones y otros medios digitales, y el gobierno anunció el uso de reconocimiento facial para quitar planes sociales. Un juez federal declaró su nulidad en diciembre de 2025, a pedido del CELS.
Mayo de 2024. La Resolución 428/2024 habilitó el ciberpatrullaje de las fuerzas federales en redes sociales y fuentes abiertas, con uso de inteligencia artificial.
Julio de 2024. La Resolución 710/2024 creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, con funciones de análisis predictivo del delito y reconocimiento facial en tiempo real.
Enero de 2026. El DNU 941/2025 reformó la ley de inteligencia: declaró encubiertas todas las actividades de la SIDE, le otorgó facultades de aprehensión y la habilitó a requerir información a todo el sector público nacional y provincial. En el mismo acto, la ciberseguridad quedó absorbida por el sistema de inteligencia.
Abril y mayo de 2026. Peter Thiel, fundador de Palantir, se reunió con el presidente Milei, y el Ministerio de Capital Humano presentó un "Gemelo Digital Social" que integrará datos de empleo, educación, programas sociales y registros provinciales, con proveedores aún no definidos. Si bien por el momento no se conoce oficialmente un contrato con Palantir, este lanzamiento muestra cómo se construye, pieza a pieza, una arquitectura capaz de cruzar datos sociales, policiales y de inteligencia sin control judicial previo. Que todo ello se presente como modernización y ciberseguridad, sin control ciudadano ni de instituciones u organizaciones sociales es parte del problema.
En Ecuador, en mayo de 2025, el Servicio Nacional de Aduana (SENAE), la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Palantir firmaron un contrato para usar su plataforma de análisis de datos e inteligencia artificial en la detección de riesgos y delitos aduaneros. En 2026, la Aduana buscó ampliar su uso mediante una suscripción de USD 17 millones, aunque el contenido de los contratos no es público. En paralelo, la Ley Orgánica de Inteligencia —aprobada en junio de 2025 y cuestionada por sus posibles efectos sobre derechos— tuvo 12 artículos suspendidos provisionalmente por la Corte Constitucional en agosto de ese año, mientras revisa demandas de inconstitucionalidad.
La capa geopolítica: proveedores, cooperación y agenda
Las tecnologías de persecución que circulan en la región tienen un origen geográfico concentrado. NSO Group, Cellebrite, Black Cube y Cognyte son israelíes; Palantir es proveedora de la CIA, el Pentágono y el servicio de inmigración estadounidense. Cuando un Estado latinoamericano adopta estas herramientas, incorpora también una dependencia técnica de empresas inscriptas en aparatos de seguridad extranjeros, y no puede verificar qué datos salen de su control.
Esa dependencia se profundiza en el contexto de la doctrina "Donroe". Estados Unidos combina sanciones, presión financiera y cooperación militar con inmunidad para su personal, como en el acuerdo SOFA con Ecuador. En ese marco, la cooperación en ciberseguridad e inteligencia funciona como canal de alineamiento: define a quién se considera amenaza, qué tecnologías se compran y a qué agencias se les comparte información.
El instrumento más reciente de esa política es el Escudo de las Américas. La declaración conjunta del 22 de septiembre de 2026 la firmaron Estados Unidos y catorce gobiernos de la región, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú. Se presenta como una alianza contra el "narcoterrorismo": enumera 24 organizaciones a sancionar y propone activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en sus artículos 6 y 13.
Los firmantes se comprometen a promover normas sobre "proveedores de confianza" para la infraestructura digital, a explorar controles de inversiones, a ampliar el intercambio de inteligencia y a facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad. No hay precisión sobre qué datos se compartirían, con qué finalidad ni bajo qué supervisión En paralelo, algunos países firmaron acuerdos bilaterales sobre minerales críticos: Paraguay y Argentina suscribieron instrumentos con Estados Unidos el 4 de febrero de 2026. Estos compromisos permiten analizar el Escudo de las Américas como una estrategia no sólo en materia de seguridad (con el pretexto del narcoterrorismo), sino también, avanza sobre elementos de infraestructura, minerales críticos y compras al complejo militar industrial estadounidense. Todos estos elementos están en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El Escudo de las Américas condensa compromisos que ya estaban en marcha. El acuerdo de comercio e inversión recíprocos entre Estados Unidos y Argentina, de febrero de 2026, obliga a la Argentina a reconocer a Estados Unidos como jurisdicción con protección adecuada de datos personales, a usar solo proveedores de telecomunicaciones que no comprometan la seguridad de sus redes 5G, satélites y cables submarinos, y a cooperar con expertos estadounidenses para controlar las instalaciones espaciales operadas por otros países. También la compromete a adoptar medidas "de efecto similar" cuando Washington invoque su seguridad nacional. En paralelo, la orden ejecutiva 14320 de julio de 2025 encarga al Departamento de Estado que los países socios adopten la tecnología, los estándares y los modelos de gobernanza estadounidenses de inteligencia artificial.
En este marco, la ciberseguridad deja de ser una política de protección para convertirse en un criterio de alineamiento geopolítico. Define qué proveedores son confiables, por qué infraestructura circulan los datos y con qué agencias se comparten. Además, se articula con una agenda de seguridad que nombra a sus enemigos con categorías como el "narcoterrorismo", que en la región ya se usaron para perseguir a gobiernos y dirigentes políticos.
La agenda económica internacional empuja en la misma dirección. Los Principios de Carolina, aprobados por la reunión ministerial de innovación del G20 en septiembre de 2026, recomiendan entornos regulatorios flexibles, exenciones experimentales y el uso de la compra pública para crear mercados iniciales para tecnologías emergentes. El Estado aparece allí como comprador antes que como garante de derechos. La investigación La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el CLIP, registró 2.977 acciones de influencia de estas empresas entre 2012 y 2025, 114 de ellas vinculadas a contratación pública.
El resultado es una asimetría doble. Hacia afuera, los Estados de la región negocian con corporaciones y gobiernos que concentran el conocimiento técnico. Hacia adentro, esas mismas capacidades quedan disponibles para disciplinar a la oposición política.
Soberanía tecnológica y control democrático
Los casos revisados muestran que la tecnología ya interviene en todos los eslabones del lawfare. Obtiene información sin control judicial, produce pruebas que nadie puede auditar, las difunde antes del juicio; en las elecciones, vuelve opaco el conteo de votos; y estas reformas se institucionalizan por acuerdos binacionales refrendados en leyes y decretos locales. No reemplaza al lawfare “clásico” de jueces, fiscales y medios: lo vuelve más eficaz y más difícil de rastrear.
En todos los países aparecen los mismos rasgos. Los controles parlamentarios y judiciales llegan tarde o no llegan. Los proveedores son empresas extranjeras ligadas a aparatos de seguridad de otros Estados y las capacidades adquiridas en nombre del combate al crimen organizado terminan apuntando, con notable regularidad, contra opositores, periodistas y organizaciones sociales. La ciberseguridad, que es una necesidad real, funciona demasiadas veces como el lenguaje que vuelve aceptable esa expansión.
El sistema interamericano ofrece un punto de apoyo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en Escher vs. Brasil (2009) la interceptación y divulgación de conversaciones de organizaciones de trabajadores rurales, y en Miembros del CAJAR vs. Colombia (2023) reconoció un derecho autónomo a la autodeterminación informativa, es decir, a saber qué datos tiene el Estado sobre cada persona y a poder controlarlos. La CIDH y las relatorías de Naciones Unidas reclamaron reiteradamente una moratoria a la venta y el uso de herramientas de vigilancia. Esos estándares, sin embargo, todavía no llegaron a los pliegos de compra, a los protocolos policiales ni a las reformas de inteligencia.
En Brasil, el gobierno del presidente Lula actualmente impulsa una reforma legislativa para regular a las grandes plataformas digitales, a la luz de lo acontecido en los últimos años y particularmente en la elección presidencial reciente. El proyecto, elaborado en 2025 y actualmente en debate en el Congreso, no regula contenidos, sino que modifica la ley de defensa de la competencia y crea una autoridad antimonopolios denominada Superintendencia Especial de Relevancia Sistémica, Libre Concurrencia y Defensa del Consumidor en Mercados Digitales. El gobierno trabaja junto a empresas y organizaciones de la sociedad civil en la propuesta de reforma, a la vez que enfrenta la oposición de Amazon, Google, Meta y TikTok, entre otros gigantes, del bolsonarismo y de sectores políticos de Estados Unidos.
Por eso la discusión de fondo es cómo consolidar la soberanía tecnológica y el control democrático. Soberanía no significa aislamiento o prohibición de inversiones, sino capacidad pública desde el Estado de decidir qué se construye con los propios recursos nacionales, qué se compra, a quién, con qué condiciones, y de poder auditar y revertir, o sea, un marco regulatorio transparente y coherente con el sistema constitucional y convencional vigente. Control democrático implica que ninguna capacidad de vigilancia, extracción o análisis masivo de datos quede fuera del escrutinio de parlamentos, jueces, universidades públicas, defensas y sociedad civil. Ambas dimensiones van juntas: un Estado que depende de proveedores opacos no puede controlar lo que hace con sus herramientas, y un Estado sin controles convierte esas herramientas en instrumentos de persecución y de ejercicio del poder.
La próxima generación del lawfare probablemente no se juegue solo en los tribunales, sino en contratos firmados sin debate, bases de datos que se comparten y cruzan sin orden judicial y algoritmos que nadie puede revisar. Seguir esa trama, con la misma atención que se presta a los expedientes, es una tarea urgente para quienes defienden la democracia, la soberanía popular y la autonomía política en la región.




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