Aranceles y Tribunales: la cara jurídica del imperialismo trumpista contra Brasil

André Luiz de Carvalho Matheus¹ y Luís Eduardo Fernandes²

La política comercial de Estados Unidos (EE.UU.) bajo Donald Trump dio un salto cualitativo: dejó de ser una mera retórica sobre "nivelar el campo de juego" y pasó a movilizar, de manera estratégica, instrumentos proteccionistas con el potencial de convertir disputas comerciales en operaciones geopolíticas. Brasil, en particular, se convirtió en blanco de una tensa convergencia entre investigaciones formales (Sección 301), amenazas de aranceles draconianos (de hasta un 50%) y presiones veladas sobre su soberanía política y diplomática. Este movimiento se inscribe en lo que denominamos imperialismo legal, una dimensión jurídico-política que estructura el lawfare promovido por EE.UU. contra países del Sur Global, teniendo a Brasil como uno de sus principales focos.

El Acuerdo de Mar-a-Lago: Lawfare y guerra económica contra el mundo

Aún incierto, el llamado Acuerdo de Mar-a-Lago se ha destacado como un intento del gobierno de Trump de reenfocar el sistema comercial y monetario internacional. Su trasfondo es un cambio expresivo en la correlación de fuerzas entre los think tanks que influyen en la política exterior de los EE.UU. El tradicional Council on Foreign Relations (CFR), que históricamente reunía a demócratas y republicanos, cede espacio a centros ideológicos alineados con el movimiento Make America Great Again (MAGA), como el American Compass, el Manhattan Institute for Policy Research y el fondo de cobertura Hudson Bay Capital Management.

En la dirección de la estrategia económica internacional se encuentra Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos. Exasesor sénior del Departamento del Tesoro en el primer gobierno de Trump, Miran fue estratega de Hudson Bay Capital, uno de los principales inversores institucionales en Trump Media & Technology Group, controlador de la red Truth Social.

Miran es considerado el principal formulador de las directrices de Mar-a-Lago. Según él, aunque el mundo dependa del dólar como moneda de reserva, este sistema impone costos "desproporcionados" a la industria estadounidense. La propuesta, por lo tanto, es sustituir los mecanismos multilaterales por instrumentos unilaterales: tarifas proteccionistas, sanciones económicas, guerra cambiaria y control sobre las cadenas productivas. Además de recaudar fondos para el Tesoro sin tocar en las exenciones fiscales para los multimillonarios, esta estrategia busca presionar a aliados y rivales en nombre de los intereses de EE. UU. Entre las propuestas de Miran, destaca una devaluación controlada del dólar, inspirada en el Acuerdo Plaza de 1985.

El "nacional-imperialismo" trumpista apuesta, como alertan John Bellamy Foster y Prabhat Patnaik, en la lógica del "empobrecimiento del vecino". Mientras exige sacrificios fiscales y productivos a los aliados tradicionales, como la Unión Europea, busca imponer sanciones, tarifas e intervenciones unilaterales a países neutrales, no alineados o enemigos estratégicos, como China.

Esta ofensiva económica viene acompañada de un aumento robusto en los gastos militares. Por primera vez, el presupuesto oficial de defensa de EE. UU. superó el billón de dólares. Bajo presión del gobierno de Trump, la OTAN aumentó en un 5% sus gastos militares. En círculos MAGA, se contempla incluso la posibilidad de una guerra nuclear "limitada" con China, utilizando Taiwán o las bases militares en Filipinas como epicentro del conflicto.

Es en este contexto que la práctica del lawfare, impulsada por las estructuras del imperialismo legal, tiende a intensificarse como una forma grotesca y directa de utilización del derecho en beneficio de los intereses del actual bloque de poder consolidado en EE.UU.: una alianza entre grandes conglomerados privados, especialmente del sector tecnológico, el trumpismo y sectores de la clase media y la clase trabajadora blanca, a pesar de las crecientes contradicciones y luchas sociales internas. Conocer en profundidad estos movimientos, relaciones y conexiones es fundamental para comprender y enfrentar esta ofensiva contra Brasil.

Objetivo Brasil. La tributación, la Sección 301 y el imperialismo legal

El 15 de julio de 2025, el USTR (Representante Comercial de EE. UU.) abrió una investigación formal basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, alegando que Brasil adopta prácticas "injustas y discriminatorias" en seis frentes: comercio digital, tarifas preferenciales, lucha contra la corrupción, propiedad intelectual, etanol y deforestación ilegal. Aunque formulada bajo el pretexto comercial, la investigación funciona como un instrumento de lawfare, permitiendo presiones institucionales formalizadas contra Brasil, activando sanciones unilaterales, ampliando los canales de consulta e instituyendo marcos punitivos legalizados.

Casi simultáneamente, Trump anunció una tarifa del 50% sobre productos brasileños con entrada en vigor prevista para el 1 de agosto, alegando como motivación el juicio del expresidente Bolsonaro, al que calificó como una "caza de brujas". La tributación, lejos de basarse en déficits comerciales, revela el uso de la política comercial como arma de disputa geopolítica.

La llamada Sección 301 de la Ley de Comercio de los EE.UU., promulgada en 1974 y actualizada por última vez en 2018, autoriza al presidente estadounidense a adoptar "todas las medidas apropiadas" —incluyendo sanciones arancelarias y no arancelarias— para eliminar prácticas o políticas de gobiernos extranjeros consideradas "injustas" u "onerosas" para el comercio de EE.UU., incluso si no hay una decisión previa de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La iniciativa puede provenir tanto del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) como de peticiones presentadas por empresas o grupos industriales estadounidenses.

Este dispositivo forma parte de un marco más amplio de jurisdicciones extraterritoriales creadas a partir de los años 70 y expandido en las décadas siguientes. Sostenidas por la hegemonía monetaria, jurídica y militar de los EE.UU., estas normas funcionan como instrumentos de coacción indirecta destinados a proteger los intereses políticos y comerciales de EE.UU., especialmente en lo que respecta al control de la propiedad intelectual y la competencia global. La estructura jurídico-política extraterritorial, las alianzas con algunas de las altas burocracias de los Estados aliados y periféricos, el dominio académico y cultural, así como las acciones educativas y formadoras de consenso inter-clases dominantes, son determinaciones sociales contemporáneas de lo que llamamos imperialismo legal. Se trata de nuevas formas contemporáneas de intervención imperialista continua, más complejas y, en ocasiones, sutiles, que no necesariamente representan la dominación territorial directa de una potencia imperialista.

Hemos sostenido que el imperialismo legal no solo consolida mecanismos de coacción jurídica extraterritorial, sino que también proyecta y amplía el fenómeno del lawfare en los sistemas de justicia de otros países, especialmente aquellos del Sur Global. La doctrina Trump, por su parte, busca redirigir y reestructurar este aparato jurídico-político dentro de una lógica de "nacional-imperialismo", articulándolo con intereses económicos —como la protección de las Big Tech y el gran capital financiero— y objetivos políticos más amplios, como el apoyo transnacional a movimientos de extrema derecha y la erosión de espacios multilaterales de mediación internacional.

Lawfare, desde la perspectiva hegemónica

En el campo del derecho, la doctrina Trump se apropia de reflexiones estratégicas provenientes de círculos militares, empresariales e intelectuales de EE.UU., especialmente aquellas que denuncian el uso del lawfare por parte de países como China como amenaza a la hegemonía estadounidense.

El 29 de noviembre de 2001, el entonces coronel de la Fuerza Aérea de EE.UU., Charles J. Dunlap Jr., publicó el artículo seminal “Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Century Conflicts”, en la Harvard International Law Journal. En él, defiende que el derecho y los sistemas legales pueden ser instrumentalizados como armas de guerra para alcanzar objetivos militares estratégicos. Según Dunlap, las normas de derechos humanos y del derecho internacional pueden ser movilizadas para desacreditar al enemigo, creando una nueva dimensión jurídica en los conflictos post-Guerra Fría, donde los procedimientos legales y diplomáticos servirían a la reconfiguración del equilibrio geopolítico.

Esta perspectiva fue actualizada en 2021 por la profesora Goldenziel, en la Cornell Law Review, en el artículo “Law as Battlefield: The U.S., China, and the Global Escalation of Lawfare”. La autora argumenta que China incorporó el lawfare a su estrategia militar, destacando el uso de milicias marítimas sin uniforme en el Mar del Sur de China, el arbitraje internacional sobre las Islas Spratly y las disputas judiciales que involucran a Huawei en los tribunales estadounidenses. En la misma línea, Orde F. Kittrie, en su obra Lawfare: Law as a Weapon of War (2016), analiza casos en los que ciudadanos de EE.UU. demandaron con éxito a miembros de Hezbollah e Irán en tribunales locales, obteniendo indemnizaciones millonarias ejecutadas en bancos con activos internacionales. Según Kittrie, este tipo de ofensiva judicial —aún llevada a cabo por la sociedad civil— debería servir de modelo para una política estatal activa de EE.UU.

Estos autores denuncian que otros países están utilizando el derecho como arma de guerra contra EE.UU. y sus aliados, mientras critican a Washington por no tener una estrategia jurídica clara. Como hemos sostenido, el gobierno de Trump instrumentaliza este diagnóstico y redirige la estructura del imperialismo legal —aunque permeada por contradicciones internas, como el papel ambiguo de la USAID— en función de su doctrina geopolítica de guerra económica permanente, con el objetivo declarado de "resguardar los intereses estadounidenses".

Imperialismo legal y lawfare: una nueva etapa bajo la Doctrina Trump

El uso del derecho como arma de guerra no es nuevo en la política exterior de EE. UU. Incluso antes de que el término lawfare fuera acuñado en 2001, el recurso a la judicialización de la política ya se expresaba en estrategias de dominación. Lo que marca esta nueva etapa, sin embargo, es la explicitación brutal de este uso: el derecho se convierte en un instrumento abierto de coacción e intervención. La Sección 301, en este contexto, es ideal: permite acciones punitivas sin necesidad de demostrar daños económicos reales, convirtiendo alegaciones vagas en narrativas jurídicamente legitimadas. Las tarifas aplicadas a Brasil, vinculadas a eventos de la política interna —como el juicio de Bolsonaro— revelan un intento directo de imponer una agenda sobre las instituciones nacionales.

Si antes el lawfare, mediante la Operación Lava Jato, se presentaba bajo la apariencia de legalidad, mediado por organismos multilaterales, acuerdos bilaterales y normativas formales, en el gobierno de Trump entra en una nueva fase: se realiza bajo el signo del irracionalismo neofascista. La mentira y el delirio se convierten en fundamentos de la jurisprudencia y en instrumentos de guerra.

La presión política externa, al demandar la suspensión de procesos judiciales internos, constituye una grave intromisión en la soberanía nacional y un ataque directo al Estado de Derecho. Estas acciones apuntan a una ofensiva articulada: un lawfare que busca no solo imponer restricciones económicas, sino desestabilizar las elecciones democráticas y geopolíticas de Brasil. La escalada tiene raíces en la política exterior brasileña, que se aleja del alineamiento automático con Occidente. El acercamiento a los BRICS, el compromiso con economías periféricas/dependientes y el fortalecimiento de una diplomacia autónoma rompen con el "consenso occidental".

Para Washington bajo Trump, esta autonomía es castigada. Y esto se expresa en la sincronización entre la investigación formal del comercio, las amenazas arancelarias y la retórica política. El imperialismo legal, como arma del lawfare, no se dirige solo contra los productos brasileños, sino contra su soberanía y su proyecto internacional. Se trata de imponer costos al país que se atreve a definir libremente su rumbo geopolítico.

1 Doctorado en curso en el Programa de Posgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PPGD/PUC-RJ). Máster en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro (PPGD-UERJ). Licenciado en Derecho en la misma institución. Socio-fundador del despacho de abogados Flora Matheus & Mangabeira Sociedade de Advogados. Actúa como abogado en el área de medios y libertad de expresión. Es vicepresidente de la Comisión Especial de Estudio y Combate al Lawfare de la OAB/RJ. Tiene experiencia e interés en el área de Libertad de Expresión y Prensa, Litigio Estratégico, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Lawfare.

2 Historiador y Asistente Social. Máster en Historia por la Universidad Federal Fluminense (UFF) y Doctor en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Profesor del Departamento de Métodos y Técnicas del Servicio Social de la ESS-UFRJ. Su tema de investigación incluye: formación social brasileña, capitalismo e imperialismo contemporáneo, políticas sociales, políticas antifraude y anticorrupción. Autor de "A Internacional da Lava Jato", SP: Autonomia Literária, 2024.