top of page

Lawfare en Ecuador: EE. UU. y el Caso Sobornos

Actualizado: 17 ene




Hace algunos años definimos lawfare como: “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba, para lograr que pierda apoyo popular y que no disponga de capacidad de reacción”.[1] Como parte de la definición, llamamos la atención sobre la articulación entre medios de comunicación y aparato judicial, y sobre la presencia (a veces directa, otras indirecta) de intereses foráneos en el transcurso de los juicios por corrupción, destacando el rol jugado por agencias del Gobierno estadounidense.[2]


A partir de la Presidencia de Lenín Moreno, en Ecuador se generó una fuerte reversión de procesos políticos y económicos, articulada en torno a la restauración de medidas neoliberales que requirieron de la persecución judicial del enemigo político como medio para extirpar la experiencia del correísmo en el país. En un conteo superficial, destacan al menos 30 funcionarios/as y exfuncionarios/as vinculados al correísmo con procesos judiciales.[3] La causa más reciente y con mayor cobertura de prensa es el Caso Sobornos, que acusa de corrupción al expresidente Rafael Correa y varios de sus funcionarios. Correa fue recientemente sentenciado a 8 años de prisión y 25 años de prohibición para participar en actividades políticas.


El Caso Sobornos muestra al menos tres características de lawfare en América Latina:

  • La presencia de financiamiento/involucramiento de EE. UU. en al proceso judicial (en este caso directa, vía asistencia para el desarrollo).

  • La articulación entre medios de comunicación/redes sociales y aparato judicial para lograr aniquilación del adversario político y expulsión de la esfera política formal.

  • La proyección internacional de la persecución política por la vía judicial en busca de desprestigio/desmoralización también en el ámbito internacional.


La presencia de EE. UU.

Importantes medios de prensa internacional confirma que el Caso Sobornos surge “después de que la Fiscalía iniciase la investigación en abril del 2019 tras una publicación periodística del portal MilHojas en la que se exponían los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados”.[4]

  • Mil Hojas es una fundación financiada por la National Endowment for Democracy, organismo bipartidista que depende de la USAID, del Departamento de Estado.[5] En 2018 recibió 55 mil dólares.[6]

  • En enero 2014 se publicó la siguiente nota en El Telégrafo (prensa ecuatoriana): “La NED de EE. UU. financiará proyecto mediático en Ecuador”. Allí figura el proyecto de Mil Hojas y el rol protagónico de Christian Zurita. Se planteaba que “El objetivo de potenciar la oposición al Gobierno ecuatoriano con un medio de comunicación propio en internet, que operaría a partir de la creación de ‘Mil hojas’. Christian Zurita (reportero de diario El Universo) sería uno de los encargados de “investigar lo que la agenda propusiera”.[7]

  • En el proyecto inicial, también participó el periodista ecuatorianos Juan Carlos Calderón, en su momento (y hasta la actualidad) director del medio digital PLAN V, también financiado por la NED[8] (proyecto del cual también participa el periodista Fernando Villavicencio)[9]. Juan Carlos Calderón, es también director de FUNDAMEDIOS (Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios) que también recibe financiamiento de la NED, en 2018 recibió 65 mil dólares.[10]





Un dato fundamental es que durante su Gobierno Rafael Correa canceló la cooperación económica de la USAID en el país, pero ésta siguió operando a través de fundaciones y ONG locales, algo similar a lo sucedido en Venezuela, Bolivia y Cuba. Sin embargo, Mark Feierstein, uno de los directores de la agencia, en pleno auge de las tensiones con el núcleo duro del progresismo, llegó a declarar que “pese a los recortes realizados a esos tres países durante 2012, el apoyo sigue siendo importante porque los recursos van destinados a la “promoción y lucha por la democracia”.[11] Con su llegada al Gobierno, Lenín Moreno restableció el vínculo con la USAID[12].


El aparato judicial “imparcial” y el “periodismo independiente”

En el transcurso del Caso Sobornos, la Fiscalía llamó a atestiguar al policía Fausto Fuentes, quien afirmó que en la causa realizó diez partes policiales, entre los que estaba el elaborado el 3 de mayo (2019) y con el que nació esta investigación. Explicó que en una verificación rutinaria de redes sociales conoció una “noticia criminis” que aparecía en la cuenta de Twitter de la Fundación Mil Hojas sobre una “Receta Arroz Verde”. Según él, la fuente informativa hablaba de un supuesto financiamiento a la campaña del expresidente Rafael Correa y del exvicepresidente Jorge Glas, del 2013. Al ser consultado por el defensor del exmandatario Correa, Fausto Jarrín, sobre cuántos partes él habría suscrito a partir de noticias de Twitter, reconoció que era el primer parte que hacía sobre noticias encontradas en esa red social.[13]


También la Fiscalía llamó a atestiguar al periodista Christian Zurita como autor de “arroz verde” publicada en el portal Mil Hojas. Zurita no reveló la fuente de la que obtuvo más de 6.000 documentos analizados para la nota periodística en un mes y medio, entre marzo y abril del 2019.[14]


En el mismo caso han sido protagónicos los roles del exlegislador César Montúfar y del periodista Fernando Villavicencio, que realizaron una acusación particular en el Caso Sobornos (2012-2016), rubricada y firmada a finales de agosto de 2019 ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Acusaron a cinco exfuncionarios públicos, entre ellos el Correa, Glas y cuatro empresarios.[15]Una de las fuentes que les sirvió de soporte para la acusación fue la investigación de Mil Hojas sobre la causa Odebrecht.[16]

Vale destacar que:

  • Villavicencio es uno de los periodistas que presentó denuncia contra el ex presidente Correa y forma parte de Plan V desde su inicio.

  • César Montúfar, fue director de la Corporación de Participación Ciudadana, ONG también financiada por la NED.[17] Presentó una denuncia contra Jorge Glas por delincuencia organizada.

  • En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE. UU. enjuició Odebrecht mediante la Foreign Corrupt Practices Act, por corrupción en obras realizadas en territorio estadounidense. Desde ese momento profundizó los contactos con los aparatos judiciales de la región, pidiendo mayor colaboración (información) a los países donde la transnacional brasileña venía realizando obras de infraestructura. Este mayor contacto se traduce también en vínculos a través de la asistencia para el desarrollo, fundaciones y medios de comunicación que participan activamente en la “lucha anticorrupción”[18].

La proyección internacional de la desmoralización

En pleno desarrollo de la Causa Sobornos, en febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos atiende la denuncia de El Universo contra Correa por “difamación”. La denuncia es apoyada por el Comité de Protección de Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ).

a) Nótese que a la información detallada sobre Caso Sobornos (enunciada arriba) la publica El Universo y que Christian Zurita, uno de los periodistas protagonistas de la causa, tiene vínculos con ese diario.

b) El CPJ tiene base en New York desde 1981. Encabeza el Grupo de Asesores en América (incluida América Latina), Andrés Oppenheimer, uno de los periodistas abiertamente opositores a los progresismos en la región. Su presidenta es Karmen Toulon, de Bloomberg News, y varios de los miembros asesores provienen del NYT, New Yorker, The Nation, etc. (el establishment liberal de los medios hegemónicos).

En la misma línea, FUNDAMEDIOS, dirigido por Juan Carlos Calderón, informa que es miembro de la International Freedom of Expression Exchange, la Sociedad Interamericana de Prensa y que cuenta (entre otros) con los siguientes “partners”: National Edowment for Democracy (NED); Open Society Foundations; Banco Pichincha; Freedom House. Cada uno de estos organismos tiene un historial propio y articulado de injerencia en la región, a través de la asistencia para el desarrollo y la manufacturación de la opinión pública.[19]



 

[2]Romano, Silvina (2019). Introducción. Lawfare, judicialización de la política y neoliberalismo en América Latina” en Romano, Silvina (comp.) Lawfare. Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina. Madrid: CELAG, Marmol-Izquierdo ediciones.

[3]Gómez Daza, Ava y Calderón Castillo, Javier (2019) “Lawfare en Ecuador: la vía ‘Lenín’ al neoliberalismo” en Romano, Silvina (comp.) Lawfare. Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina. Madrid: CELAG, Mármol-Izquierdo editores.



Comments


bottom of page