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El caso de Milagro Sala: lawfare como violencia política de género

Foto del escritor: oblawfareoblawfare


El lawfare como guerra por la vía judicial-mediática busca eliminar de la política al adversario. Cuando se trata de eliminar a la “otra política”, esta expulsión es más violenta y explícita, porque desde el sentido común las mujeres en política suelen ser consideradas como “intrusas” o “usurpadoras” de un espacio que “no les pertenece”.


El caso de Milagro Sala es un ejemplo de la crueldad y la inexistencia de límites cuando se trata de nosotras en la política. Fue detenida el 16 de enero de 2016, por haber organizado y participado de una movilización que culminó en un acampe en San Salvador de Jujuy. Es decir, fue detenida, perseguida y hostigada por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, y más que eso: el derecho a organizarse políticamente. Incluso fue detenida, siendo diputada del Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Esta violación a su inmunidad como legisladora, protegida por la Ley 27.120, no fue considerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Desde ese entonces se desató en su contra un feroz proceso de criminalización a través del uso del Poder Judicial, atravesado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra. Durante los más de 3 mil días de su detención, hubo diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco, además, a la organización a la que pertenece la líder, Tupac Amaru, así como a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos.


Esto muestra que la persecución a Sala se inscribe en una política más amplia que busca desmovilizar a los sectores disconformes de la sociedad jujeña y eliminar el derecho a la protesta, disciplinando y encerrando a una de las lideresas más potentes. Jujuy es testigo de manipulaciones groseras de cargos en el Poder Judicial, por parte del entonces gobernador Gerardo Morales, quien en acuerdo con gran parte de la clase política provincial y nacional impuso una justicia al servicio del poder concentrado, con la finalidad de desterrar cualquier disidencia a un proyecto político excluyente de los sectores sociales históricamente postergados, como los pueblos originarios, trabajadores y trabajadoras.


Precisamente, este acoso y persecución sistemática han implicado una activa participación e intervención de organismos internacionales, como son El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, persiste su criminalización, en un contexto de exacerbación de la represión de la protesta social, tal como se observó en ocasión de la reforma constitucional provincial de 2023.


Exigimos JUSTICIA y LIBERTAD para Milagro Sala

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